La justicia de EE UU cita a declarar a 40 ex cargos de Trump por injerencia electoral en 2020

El asalto al Capitolio de Estados Unidos marcó una fecha en el calendario del país difícil de olvidar. Ese fatídico 6 de enero de 2021 temblaron los cimientos de la democracia estadounidense, dando paso a una investigación del Departamento de Justicia, que durante más de un año ha enfrentado cargos contra cientos de insurreccionistas, así como otra paralela liderada por un comité de la Cámara de Representantes que pretende esclarecer los detalles del histórico suceso y evitar que un episodio parecido pueda volver a repetirse.

Casi dos años después, la pesquisa no sólo sigue en marcha, sino que además continua sacando a la luz información desconocida hasta ahora. Estos últimos días, en tan sólo una semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitía un total de 40 citaciones relacionadas con la investigación, ampliando así la actual pesquisa del 6 de enero de 2021 y dejando entrever lo que podría ser una destacada escalada de la misma.

Entre las novedades dadas a conocer como parte de la investigación, el Departamento del Justicia se incautó de los teléfonos móviles de dos asesores del ex presidente Donald Trump junto a esas 40 citaciones anunciadas en apenas unos días. Un gesto drástico y sorprendente que no ha pasado desapercibido, siendo uno de los últimos esfuerzos del Poder Judicial por esclarecer los detalles del capítulo más oscuro de la historia reciente del país.

Con órdenes de allanamiento en sus manos, autorizadas por un tribunal, agentes federales confiscaron la semana pasada los dispositivos de uno de los abogados del equipo interno de Trump que colaboró con las labores de coordinación legal, Boris Epshteyn; y un estratega de campaña del ex presidente republicano, que en su día fue también su director de operaciones en la campaña de 2020 durante la jornada electoral de las presidenciales, Mike Roman, según confirmaron fuentes familiarizadas con la investigación al periódico “New York Times”.

Ambos, Epshteyn y Roman, habrían sido vinculados directamente, según la pesquisa, con los esfuerzos por parte de Trump de aferrarse al poder sin el apoyo necesario en las urnas cuando, durante los comicios de 2020, se comprometieron con el republicano a retrasar o incluso bloquear la certificación de los votos del Colegio Electoral a favor del actual presidente, Joe Biden, en el tradicional trámite del Capitolio estadounidense.

El momento político en el que se produce este avance de la pesquisa tampoco ha pasado desapercibido. A falta de menos de dos meses de las elecciones legislativas, en las que demócratas y republicanos se disputan la mayoría de ambas Cámaras del Congreso, la nueva revelación puesta en marcha augura próximos pasos de la investigación difíciles de prever.

Fuentes cercanas al caso también aseguran que la investigación incluye una amplia red sobre una extensa variedad de temas, citando el ejemplo de la recaudación de fondos posterior a las presidenciales de 2020 y los llamados “electores falsos”. Al parecer, uno de los destinatarios habría sido Dan Scavino, que pasó de trabajar en uno de los campos de golf propiedad de Trump a ser el responsable de sus redes sociales, convirtiéndose ya en la Casa Blanca en uno de sus ayudantes más fieles.

El rotativo estadounidense también menciona otros nombres, tanto del nivel más bajo de asesoría hasta el más alto, como Bernard Kerik, ex comisionado de la Policía de Nueva York, que supuestamente promovió reclamos de fraude electoral junto con otro de los aliados más leales a Trump, su abogado Rudolph Giuliani y que, tal y como se dio a conocer este lunes, recibió una citación de la oficina del Fiscal General en Washington para recopilar información sobre la supuesta relación con el plan de falsos electores.

La información dada a conocer los últimos días sigue acorralando al círculo más cercano de Trump y pone de manifiesto la magnitud y el alcance de la investigación puesta en marcha sobre el asalto del 6 de enero en la sede del poder legislativo, a menudo ensombrecida por el enfrentamiento legal del magnate contra el Gobierno, atacando a los demócratas de estar impulsando contra él “la mayor caza de brujas de la historia” de Estados Unidos.

Investigación no relacionada con el último escándalo protagonizado por Trump desde que agentes del FBIregistraran y confiscaran de su mansión de Mar-a-Lagomás de 100 documentos confidenciales, que incluían material clasificado ultra-secreto y que debían haber pasado a posesión de los Archivos Nacionales al culminar su mandato.

Pero Trump se los llevó de la Casa Blanca, escondiéndolos en diversas estancias de su residencia en Florida y enfrentándose ahora a tres delitos graves (violación de la Ley de Espionaje, obstrucción a la Justicia y destrucción de documentos) por los que podría cumplir, si la acusación sale adelante, penas de cárcel.