Colombia atraviesa un momento crítico en la lucha contra el narcotráfico. El reciente anuncio de Estados Unidos de retirar al país de su lista prioritaria de aliados antidrogas, sumado al crecimiento de los cultivos de hoja de coca, ha dejado a la sociedad en un estado de desconcierto. Ni las políticas militarizadas de anteriores gobiernos ni el intento inicial de la administración Petro con un enfoque de reducción de daños han logrado contener el problema.

El Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU confirma la magnitud del desafío: en un año, el área sembrada con hoja de coca pasó de 230.000 a 253.000 hectáreas, consolidando a Colombia como el principal productor mundial con más del 67% de la superficie cultivada. Las décadas de erradicación manual, fumigaciones, extradiciones y golpes a capos no han logrado frenar ni el avance de los cultivos ni la capacidad exportadora del alcaloide.

De los negocios más lucrativos

En paralelo, nuevas investigaciones académicas arrojan luz sobre el verdadero peso económico del narcotráfico. El economista Daniel Mejía concluye en un próximo estudio que el negocio de la cocaína mueve alrededor de 15.300 millones de dólares anuales en Colombia, el equivalente al 4,2% del PIB. Una cifra que coloca a la economía ilegal en el mismo nivel de sectores legales como la construcción, y que refleja hasta qué punto esta actividad permea la vida económica del país.

Mejía advierte además que las incautaciones celebradas por el Gobierno se quedan cortas frente a la magnitud de las redes criminales. A su juicio, el repliegue militar ligado a la estrategia de “paz total” ha favorecido el resurgimiento de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, que han extendido su control territorial con prácticas violentas como extorsiones y secuestros. Mientras tanto, los recursos del narcotráfico se filtran hacia sectores como el turismo, la hostelería y la construcción, generando patrones de consumo ostentoso en ciudades intermedias.

El gran problema, según el economista, es que estas rentas no aportan capacidad productiva ni empleo formal. Tampoco pagan impuestos ni fortalecen la seguridad social, sino que generan altos costos en violencia, salud pública y atraso en infraestructura. Así, mientras los campesinos reciben apenas un 8% de las ganancias, el grueso del negocio alimenta un sistema que enriquece a pocos, distorsiona la economía y perpetúa la desigualdad.