Afganistán, al borde de la hambruna por el desgobierno de los talibanes

Seis meses después de su llegada a Kabul tras una fulgurante operación militar, el Emirato Islámico de Afganistán se ha afianzado en el poder en ausencia de una oposición doméstica de entidad y la inhibición de la comunidad internacional, pero afronta la cruda realidad de su incapacidad en la gestión gubernamental, la dramática situación económica y social y la falta de reconocimiento internacional.

Ningún país ha reconocido por el momento al régimen talibán en su segunda tentativa en el poder veinte años después de su primera experiencia (1996-2001) y derrocamiento a manos de las fuerzas de la OTAN. El Gobierno sigue copado exclusivamente por miembros de la vieja guardia talibán, con su líderMawlawi Hebatullah, a la cabeza.

Con todo, una parte de la comunidad internacional mantiene desde hace meses relaciones con las autoridades afganas con el objetivo de evitar la catástrofe humanitaria. Este mismo lunes una delegación talibán se encontraba con representantes de los países del Golfo en Doha. La semana pasada una delegación de los integristas afganos se reunió en Ginebra con agencias de ayuda internacional –incluido el director de la OMS- y las autoridades suizas. Antes, a finales de enero, una delegación talibán se reunió en Oslo con representantes diplomáticos occidentales, que vincularon la concesión de ayuda humanitaria al respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades afganas.

Desde el comienzo de la nueva andadura talibán, la justicia y el gobierno basados en la “sharía” o ley islámica reinan. En materia de libertades y derechos humanos, las previsiones iniciales se han cumplido con rigor. Salvo excepciones, la mayoría de medios de comunicación han sido clausurados. Al menos medio centenar de profesionales de prensa han sido detenidos por las fuerzas de seguridad o la agencia de inteligencia talibán, según denunciaba a comienzos de mes la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras. Aunque no existe una oposición interna organizada, la mayor parte de la población afgana, sobre todo en las grandes ciudades, no comulga ni acepta la teoría y la praxis talibán.

Mujeres y niñas, también salvo contadas excepciones, no pueden acudir a las aulas ni a trabajar (solo pueden hacerlo las empleadas del sector sanitario). Desde Naciones Unidas se ha denunciado además en las últimas semanas la desaparición de activistas que trabajaban por los derechos de las mujeres. En un reciente anuncio, los portavoces talibanes aseguraban que las mujeres podrán volver a las aulas a partir de marzo.

Sin control total del país

El de la seguridad sigue siendo otro de los grandes retos de las autoridades del Emirato talibán. A finales de enero, los talibanes admitían haber sido incapaces de garantizarla en todo el territorio, aunque la situación es mejor que en las primeras semanas del nuevo régimen. “Hay algo que debemos saber y es que la seguridad no se ha logrado a nivel nacional y que no hemos recibido los recursos para ello”, explicaba el portavoz del grupo islamista Zabihullah Mujahid. El propio vocero se atrevía el pasado mes de diciembre a asegurar que el Estado Islámico no suponía ya una “gran amenaza” para el régimen, aunque la realidad sobre el terreno, con Al Qaeda y el Daesh activamente presentes en amplias zonas del territorio afgano, es bastante menos halagüeña para los fundamentalistas.

A finales del pasado mes de enero, desde Naciones Unidas se volvía a advertir de que Afganistán se encuentra “al borde de un enorme desastre humanitario”. De acuerdo con la organización 23 millones de afganos, lo que supone el 55% de la población, se encuentra en situación de hambruna. El desmoronamiento del Estado afgano, la suspensión de la ayuda humanitaria internacional y las sanciones han asestado un golpe dramático a la economía del país de Asia Central. Desde Naciones Unidas se pide una relajación de las citadas sanciones para no castigar aún más a la población.

Una de las noticias más destacadas al respecto ocurridas en las últimas semanas se produjo el viernes pasado en Washington, cuando el presidente estadounidense Joe Biden ordenaba la descongelación de en torno a 3.500 millones de dólares en activos paralizados del Banco Central de Afganistán con objeto de facilitar la ayuda humanitaria. La medida implica que Washington asume en primer lugar la “protección” parcial de alrededor de 7.000 millones de dólares de activos paralizados del Banco Central afgano en Estados Unidos.

“Seis meses después de la toma del poder por los talibanes, Afganistán pende de un hilo (…) Por una cuestión de responsabilidad moral –y de seguridad y prosperidad regional y mundial- no podemos abandonar al pueblo de Afganistán”, pedía el secretario general de la ONU, António Guterres. La organización anunció el pasado 26 de enero el lanzamiento del Marco de Compromiso de Transición, un plan por valor de 3.600 millones de dólares destinado a garantizar los servicios básicos en el país de Asia Central a lo largo de este año.