Aumentan las leyes para silenciar a las ONG

En los últimos dos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Así lo detalla AI en su informe: “Leyes para silenciar”

Una ONG que llevaba más de tres décadas ayudando a personas diabéticas en Saratov, Rusia, fue tachada de “agente extranjero” en 2017 y llevada a juicio, con la consiguiente multa, gracias a la legislación rusa aprobada en 2012. El pasado 29 de octubre, Saratov Regional Organization For Diabetics anunció que cerraba sus puertas. En un par de meses será totalmente desmantelada. De nada sirvió el respaldo y la asistencia que prestó a alrededor de 80.000 diabéticos. En los últimos años, ejemplos como el anterior se han vuelto cada vez más comunes y se producen en más lugares del mundo. Algunos países han declarado la guerra retórica y legislativa a las ONGs incómodas, aquellas que critican los atropellos a los derechos humanos. Esta legislación se lleva por delante a otras que simplemente reparten insulina. Según denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe presentado hoy está creciendo “el ataque de gobiernos de todo el mundo contra las ONG mediante la creación de leyes que las someten, a ellas y a su personal, a vigilancia, kafkianas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento”. De hecho, en 50 países ya se aplican leyes contra las ONG o están en trámite.

En el informe, titulado “Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil”, se detalla que en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están proyecto legislativo casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y se citan países como Australia, Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia, Burundi, Camboya, Chad, China, Cuba, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Etiopía, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, Hungría, Pakistán, Polonia, Laos, Malaui, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nigeria, Nicaragua, Kazajistán, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Tayikistán, Ucrania, Sierra Leona, Uganda, Venezuela y Zambia. El informe de Amnistía hace especial hincapié en las medidas impuestas para entorpecer el trabajo de aquellos que luchan contra la corrupción y por los derechos de los grupos LGTBI, las mujeres, los migrantes y refugiados.

En algunos países no solo se dan trabas y prohibiciones, sino que directamente se detiene a los defensores de los derechos humanos. “Ha habido un esfuerzo sistemático por parte del Gobierno para castigar a las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años”, explica en el informe Rasul Jafarov, del Human Rights Club en Azerbaiyán. “Desde las enmiendas, las operaciones de ONGs no registradas pasaron a ser ilegales. En abril de 2014 se abrió un caso criminal pues la Fiscalía tenía sospechas de las actividades de ONG y los donantes internacionales. En julio comenzaron a arrestar a gente, y yo fui detenido en agosto, en relación con el activismo y las manifestaciones organizadas por el Human Rights Club”. Según Jafarov, “crearon esta horrorosa atmósfera: aquellos no detenidos o investigados tenían que cerrar sus organizaciones o frenar sus proyectos. Muchos dejaron Azerbaiyán para trabajar en el extranjero. Otras pueden continuar con normalidad, pero para las organizaciones independientes simplemente no es posible. Tienes que aceptar las condiciones del Gobierno o trabajar de manera clandestina”.

Este activista asegura que no pueden hacer actividades públicas, llegar a la gente a través de eventos o conferencias. Además, hay que pedir permiso del Gobierno para todo, incluso para firmar un contrato con donantes extranjeros. Incluso, nadie puede predecir si van a ser condenados criminalmente o no. “Fui liberado de la cárcel en 2016. No he perdido mi motivación, me ha hecho incluso querer luchar aún más. Pero sí que hemos tenido que hacer ajustes técnicos y nos hemos vuelto mucho más cuidadosos, sobre todo con las declaraciones públicas”, relata Jafarov.

Aron Demeter trabaja en Amnistía Internacional en un país en el que en los últimos años se han reducido considerablemente los derechos más básicos y han aumentado las trabas contra las ONG. El partido gobernante se sienta en la bancada del hemiciclo del Partido Popular Europeo. “En Hungría todo comenzó en 2013. El Gobierno empezó a tener como objetivo las organizaciones civiles y no gubernamentales. Pero era más una campaña de comunicación del Gobierno. Se tachaba a los trabajadores de las ONGs de “traidores”, “que trabajaban con un interés”... y sacaron a la luz unas 30 ONG financiadas por George Soros. En 2014 y 2015 el Gobierno acusó a un par de ONG, financiadas por Noruega, de influir en la política doméstica de Hungría, recuerda Demeter a LA RAZÓN.

“Pero el gran ataque contra las ONG, en el que el Gobierno lanzó una investigación, acusó a unas ONG de malversación, duró un año y medio. La Policía no pudo encontrar nada. Por lo que en 2016 cerraron el caso. Sin embargo, se quedaron con la supuesta idea de que varias ONG liberales querían derrocar al Gobierno. El siguiente ataque fue en 2017. Esto ya fue un punto de inflexión. Fue el año en el que se promulgó una ley que apunta directamente contra las organizaciones de la sociedad civil, la ley de Transparencia de las Organizaciones financiadas desde el extranjero”, describe Demeter. La legislación sugiere que las ONG financiadas desde el extranjero pueden servir a intereses extranjeros por lo que es necesario luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo internacional.

¿Pero cuál es el verdadero objetivo de esta ley? “Es una versión similar a la ley de Rusia sobre “los agentes extranjeros”. Básicamente el objetivo es el descrédito de las ONG entre el público. Si logras una cantidad de financiación de otro país deberías registrar tu organización como “financiada por extranjero”, es decir, sospechosa en el contexto húngaro. Adoptaron la ley y esperaron a que las ONG críticas se etiquetaran a sí mismas para usar esto como pretexto para aseverar que ONG como Amnistía Internacional y otras organizaciones (que son un incordio para el Gobierno) sirven intereses extranjeros. El problema para el Gobierno húngaro es que algunas no se registraron. Nosotros en Amnistía Internacional pensamos que esta ley es ilegal y anticonstitucional. Por lo hemos recurrido a la Corte Penal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Después en 2018, llegó la llamada ley “Stop Soros” contra las ONG que “facilitan la inmigración ilegal”. “Esta ley tiene como blanco las ONGs que trabajan con migrantes y refugiados”.

Demeter reconoce que en su vida personal no nota el acoso por trabajar en una ONG, pues “el respaldo de la sociedad húngara a las ONGs es enorme. Obviamente de vez en cuando llegan emails o mensajes de Facebook en los que gente a favor del Gobierno expresa su opinión y dice que somos horribles. Lo difícil y el problema es trabajar pues casi nadie del Gobierno, funcionarios del Ministerio o policías quieren reunirse con nosotros, temen las represalias gubernamentales. “La estrategia del Gobierno es que hay dos tipos de ONG: las buenas y las malas. Las buenas no critican al Gobierno, dan servicios, pero no se meten en discusiones públicas. Las malas son las ONG que luchan contra la corrupción y a favor de los Derechos Humanos. Porque hablamos abiertamente de lo que hace el Gobierno húngaro. Y así es como intentan dividir a la sociedad con este mensaje: están las buenas y están las de Soros”.

“En muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad. Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas”, declara en un comunicado Kumi Naidoo, secretario general de AI.

Cada vez son más los países que generan este tipo de medidas: el año pasado, “el Ministerio del Interior de Pakistán rechazó las solicitudes de inscripción de 18 ONG internacionales y desestimó los consiguientes recursos sin más explicación; En Bielorrusia, las ONG están sometidas a una estricta supervisión estatal. Trabajar para una ONG a la que se ha denegado -con frecuencia arbitrariamente- la inscripción en el registro es delito; En Arabia Saudí, el Gobierno puede negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que “perjudican la unidad nacional”. Esto ha afectado a los grupos de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las mujeres, que no han podido registrarse y funcionar libremente en el país; mientras que en Egipto, las organizaciones que reciben financiación del extranjero deben cumplir normas estrictas y arbitrarias. A causa de esto, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido prohibiciones de viajar, congelación de activos y procesamientos judiciales, en algunos casos con penas de hasta 25 años de cárcel en caso de dictarse sentencia condenatoria”. De acuerdo con Naidoo, “también han sido atacadas oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo. Desde India hasta Hungría, las autoridades han sometido a abusos a nuestro personal, han irrumpido en sus oficinas y han congelado sus activos en una nueva escalada de sus ataques a las organizaciones locales”.