Ortega contra los defensores de los Derechos Humanos en Nicaragua

La escalada de represión en Nicaragua no deja de aumentar. Los atropellos a la vida y a los Derechos Humanos de los nicaragüenses entran en una nueva etapa. Ahora, con la criminalización de los defensores de los derechos humanos que han denunciado en los últimos meses las tropelías del Gobierno de Daniel Ortega y el triste balance de más de 300 muertos, más de 600 presos políticos así como un sinfín de desaparecidos, que ha provocado también decenas de miles de desplazados a los países de la zona. Por su parte, según recoge la agencia Efe, el Ejecutivo de Ortega reconoce 199 muertos, y 273 reos, que clasifica como «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».

Ayer, la Asamblea Nacional nicaragüense, de mayoría sandinista, ilegalizó «de carácter urgente» el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y a la ONG dedicada a los derechos civiles Hagamos Democracia por «alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país». Asimismo, en el caso de Cenidh cancelan la personalidad jurídica porque carecen de junta directiva y tampoco han informado sobre su estado financiero. Algo que desde Cenidh rechazan.

Vilma Núñez de Escorcia, la presidenta del Cenidh, estuvo en Madrid en octubre, invitada por Amnistía Internacional para presentar un duro informe sobre la represión en Nicaragua. En entrevista con LA RAZÓN, la abogada de 80 años de edad, ya contó que ser defensor de los Derechos Humanos nunca había sido fácil en Nicaragua, pero con la nueva ley, cualquiera podía ser acusado de cometer un acto terrorista contra el Estado o de financiación del terrorismo.

La presidenta de Cenidh confesó que no sólo tenía miedo por haber presentado el informe en España «sino por defender los derechos humanos. Hay temor pero no vamos a salir del país. Seguiremos acompañando a la gente hasta que esto termine. Siempre hemos sido estigmatizados con campañas de descalificaciones. Nuestra oficina está rodeada de barricadas (según ellos porque está dentro del perímetro de seguridad donde vive el presidente). Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y obstaculización». Por ello, la presidenta del Cenidh reconoce que tienen mucha frustración e impotencia, pues está siendo muy complicado ofrecer respuestas a las víctimas y sus familiares. Es más, de todos las denuncias por las muertes, «no hay ninguna investigación tramitada en contra de los actores directos o los actores intelectuales y responsables de estas muertes». En este contexto y desgraciadamente, seguro que no ha sorprendido su ilegalización a los defensores de los derechos humanos del Cenidh.

«Atacar al Cenidh, cancelándole su personalidad jurídica, es otra maniobra del presidente Daniel Ortega para reprimir y tratar de encubrir las graves violaciones de derechos humanos que su gobierno ha cometido. Denunciar las atrocidades cometidas por su gobierno es castigado en Nicaragua. Se equivoca el presidente Ortega si cree que al intentar silenciar al Cenidh podrá evadir la justicia», declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

«Es sumamente alarmante que organizaciones con la trayectoria y legitimidad del Cenidh estén siendo perseguidas. Al quitarles su registro, dejan en indefensión a la población de Nicaragua, impidiendo que organizaciones representen a las víctimas y luchen por sus demandas de justicia y rendición de cuentas. Hoy es un día muy triste para la defensa de derechos humanos en la región».

La propia Núñez de Escorcia dio ayer una rueda de prensa para denunciar que «no vamos a dejar flotando en el ambiente ninguna afirmación antojadiza en la cual se nos quiera implicar, ni siquiera en el intento, de una comisión de un acto al margen de la ley» y añadió, en declaraciones a Efe, que en el Cenidh «están preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier atropello, cualquier invasión a las instalaciones físicas».