Bruselas da la última oportunidad a Polonia

Debe realizar cambios en el régimen de los jueces, de lo contrario será llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea prosigue su cruzada contra la deriva autoritaria en Polonia. El ejecutivo comunitario decidió ayer enviar un dictamen motivado a Varsovia ya que considera que el nuevo régimen disciplinario al que deben someterse los jueces del país menoscaba su independencia. Bruselas abrió un procedimiento de infracción el 3 de abril, pero ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo de Ley y Justicia ha decidido dar un paso más en este expediente.

Si Polonia no responde en un nuevo plazo de dos meses, Bruselas tiene la facultad de denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE. El alto tribunal europeo ya falló en contra del adelanto de la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo del país, al considerar esta nueva normativa como un artimaña para orillar a los letrados incómodos para el Gobierno.

Bruselas considera que esta nueva ley permite que los jueces puedan ser castigados y estén sujetos a investigaciones según el contenido de sus sentencias, lo que incluye la facultad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Además, esta nueva legislación polaca no garantiza, a ojos de Bruselas, la independencia e imparcialidad de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, el órgano que supervisa a los jueces. Este organismo está compuesto únicamente por jueces seleccionados por el Consejo Nacional Judicial, otro órgano cuyos miembros son designados por el Parlamento. Según Bruselas, este régimen no garantiza que un tribunal establecido según la legalidad vigente decida en primera instancia sobre los procedimientos contra los jueces de los tribunales ordinarios. Además, el presidente de la Cámara Disciplinaria puede determinar de manera discrecional el tribunal de primera instancia encargado de dirimir este proceso, lo que no garantiza que los casos se resuelvan en un plazo razonable. Por eso, el ejecutivo comunitario concluye que los jueces se ven «permanentemente bajo la amenaza de casos pendientes».

Bruselas también decidió en diciembre del año 2017 activar el artículo 7 contra Polonia por su deriva autoritaria, el denominado en los pasillos comunitarios como «botón nuclear» ya que puede desembocar en la pérdida del derecho de voto del país en las reuniones del Consejo. Para que esta amenaza pueda convertirse en una realidad se necesita el apoyo unánime de las capitales europeas, lo que amenaza con incrementar la brecha entre Este-Oeste. Hungría también se encuentra bajo la misma espada de Damocles sin que se hayan detectado avances en ninguno de los dos expedientes.

Poner coto a la deriva autoritaria de los países del Este será uno de los grandes retos de la nueva presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, cuando recoja el testigo de Jean-Claude Juncker el próximo 1 de noviembre. En su discurso este martes en el hemiciclo europeo, en el que desgranó su programa para los próximos cinco años, Von der Leyen prometió la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de vigilancia que no sustituya al vigente. Los conservadores polacos de Ley y Justicia votaron a su favor.