Caótico operativo para detener al presidente de Corea del Sur

Corea del Sur se encuentra atrapada en un laberinto legal y constitucional sin precedentes. Este viernes, las autoridades se vieron forzadas a cancelar la detención del destituido presidente Yoon Suk-yeol, quien se enfrenta a interrogatorios tras imponer la ley marcial en diciembre. La medida fue frustrada por el obstinado servicio de seguridad que custodia su residencia en el exclusivo vecindario de Hannam, en Seúl. La operación, que involucraba a agentes de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango y agentes de policía, se estancó durante más de cinco horas en un tenso enfrentamiento con el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), soldados y un escudo humano formado por seguidores. A las 13:30 hora local (4:30 GMT), los intensos esfuerzos para acceder al interior del blindado complejo fueron abandonados.

Horas antes, Yoon, atrincherado en sus dependencias, lanzó un desafío contundente, prometiendo "luchar hasta el final" contra lo que describió como "fuerzas antiestatales que amenazan la soberanía nacional y ponen a la nación en grave peligro”. Analistas advierten que este tipo de comunicación incendiaria, cargada de insinuaciones y llamados a la acción, podría desencadenar reacciones desmedidas. En un contexto con profundas divisiones políticas, la amenaza de disturbios se convierte en una preocupación tangible, poniendo en jaque la estabilidad del país.

Este último conflicto ha suscitado preguntas críticas sobre la cadena de mando en el país. El Servicio de Seguridad (PSS), cuya función es proteger al mandatario, parece estar obstruyendo una orden judicial válida. La implicación de personal militar ha intensificado las preocupaciones sobre la lealtad institucional y el riesgo de un debilitamiento del control civil sobre las fuerzas armadas. Además, la falta de pronunciamiento del presidente interino, Choi Sang-mok, añade otra capa de confusión sobre si el PSS y los militares están actuando bajo sus órdenes o de manera independiente, complicando aún más la estructura de mando.

La orden, emitida por un tribunal el martes, no expira hasta el lunes, lo que permite a las autoridades intentar ejecutarla nuevamente antes de esa fecha. Buscan interrogar a Yoon por posibles cargos de insurrección, uno de los pocos delitos por los cuales no goza de inmunidad. Para proceder con una acusación formal y mantenerlo en custodia, los funcionarios tendrían que solicitar una orden de tribunal adicional.

El mandato marca un hito en la historia política del país asiático, siendo el primer presidente en funciones en enfrentar tal acción. Sus partidarios argumentan que la medida tiene motivaciones políticas y sus abogados impugnan su legalidad, pero la decisión del poder judicial resalta la gravedad de las acusaciones, que incluyen insurrección y abuso de poder, por las que podría enfrentar cadena perpetua e incluso pena capital.

Su negativa a cooperar, junto con una declaración escrita instando a sus seguidores a defenderlo, ha incrementado las tensiones. Estas acciones socavan su compromiso previo de enfrentar las consecuencias legales y políticas de su inaudita y fugaz declaración de ley marcial, evidenciando los riesgos de un político que prioriza su propia supervivencia sobre la integridad institucional.

Independientemente del desenlace —ya sea un arresto o una restitución por parte del Tribunal Constitucional— su carrera política parece estar en un punto crítico. La forma en que ha manejado la situación, utilizando el Servicio de Seguridad para su protección personal y movilizando a su base, ha dejado su credibilidad al límite del colapso.

Investigación y cargos contra Yoon

Yoon ha sido acusado de ser el cabecilla de una insurrección, excediendo su autoridad y obstaculizando el ejercicio de derechos legítimos al movilizar a las fuerzas militares y policiales para neutralizar a la Asamblea Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones, subvirtiendo así el orden constitucional. Desde el inicio de la investigación sobre la situación del Estado militar, exministros de Defensa, como Kim Yong-hyun; Yeo In-hyeong, jefe del Comando de Contrainteligencia de Defensa; y Lee Jin-woo, jefe del Comando de Defensa de la Capital, han sido detenidos bajo cargos de ser actores clave en la insurrección, y están a la espera de juicio.