Caza de brujas en la Venezuela chavista

El Gobierno de Maduro reacciona al éxito de la «Gran toma de Caracas» con la detención de otros tres alcaldes y amenazas a la oposición

La caza de brujas se acelera. El chavismo responde a la «Gran toma de Caracas» con más persecución política y detiene a tres alcaldes en 24 horas. Familiares y compañeros de militancia denunciaron ayer que Delson Guarate, Orlando Hernández y Pedro Loreto fueron trasladados contra su voluntad por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y responsabilizan a Nicolás Maduro por la vida de los nuevos presos políticos. El alcalde de Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua, Delson Guarate, fue detenido arbitrariamente por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Minutos antes, denunció en su cuenta de Twitter que estaban a punto de trasladarlo a la sede del Sebin en Aragua.

El jueves, el día de la marcha, el ex candidato presidencial venezolano Henrique Capriles ya denunció la detención de otros dos alcaldes opositores del estado de Guárico (centro) por los servicios de inteligencia, arrestos que se suman a una larga lista de opositores detenidos en esta semana. Los alcaldes Orlando Hernández, del municipio de Mellado; y Pedro Loreto, de Leonardo Infante, ambos del estado de Guárico, fueron detenidos en la madrugada del jueves. Capriles sostiene que el Gobierno «le tiene miedo al pueblo», en referencia a la marcha de la capital. En los incidentes posteriores, provocados por infiltrados del chavismo, según denuncia la oposición, fueron detenidas 60 personas.

El Gobierno venezolano viene denunciado supuestos planes golpistas y con esa justificación, en la última semana, se han practicado allanamientos y detenciones que los opositores tachan de «persecución política». El partido Primero Justicia (PJ) denunció el miércoles la detención por parte de la Guardia Nacional Bolivariana de once de sus militantes que se dirigían desde el estado de Anzoátegui para asistir a la marcha. También lo fueron los dirigentes opositores Yon Goicoechea y Carlos Melo por supuesta posesión de material explosivo, y se emitió una orden de captura contra el diputado Léster Toledo por «financiamiento del terrorismo» y «asociación para delinquir».

El propio Maduro agitó el miedo al asegurar esta semana que las Fuerzas de Seguridad del Estado iniciaron la búsqueda de varios dirigentes opositores para capturarlos por estar supuestamente implicados en planes violentos y desestabilizadores contra el Gobierno. Además anunció que tiene un decreto listo para retirar la inmunidad a los parlamentarios, mayoritariamente opositores, para mantener la paz y combatir «el golpismo». Uno de los señalados por el presidente fue Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional. Éste respondió ayer que «si Maduro allana mi inmunidad parlamentaria, estaría violando la Constitución». «No me extrañaría que por un decreto me allanen la inmunidad parlamentaria violando la Constitución, yo voy a seguir cumpliendo mi deber como presidente de la Asamblea Nacional», agregó. Todas estas amenazas van acompañadas de un incansable esfuerzo del chavismo por amordazar a la Prensa con detenciones y amenazas, como denunció ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Su presidente, Pierre Manigault, condenó la prohibición de entrada al país a algunos periodistas y dijo que «esta situación desenmascara el lado autoritario del Gobierno venezolano, alejado de estándares democráticos».

Por su parte «Chúo» Torrealba, portavoz de la MUD, hizo balance de la «Gran toma de Caracas», que calificó como la movilización más importante de la historia política venezolana. «Las avenidas Libertador, Francisco de Miranda y Río de Janeiro suman 13 kilómetros. Sumando las arterias viales adyacentes, llenamos 18 kilómetros, por lo cual fueron un 1.100.000 personas las que participaron en la marcha, que fue un éxito multitudinario», indicó. El secretario ejecutivo de MUD aseguró que con el «cacerolazo» realizado horas después se da inicio a la agenda de lucha de la oposición. La próxima movilización será el 7 de septiembre, para exigir de nuevo al CNE las condiciones para que se apruebe el 20% de las firmas por el revocatorio y en el que se prevé una protesta de seis horas. El día 14 será la siguiente en las capitales de los estados.

Nuevo roce diplomático con España

La multitudinaria marcha de este jueves en Caracas ha tensado las relaciones bilaterales entre Madrid y el Gobierno venezolano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de un comunicado, declaró ayer que la manifestación evidenció el apoyo popular a la vía de un referéndum y la urgencia de que el CNE agilice la celebración del mismo este año. «El pueblo venezolano ha demostrado una vez más su apuesta por la vía pacífica, electoral y constitucional para resolver la crisis política», señala la nota. A juicio del Ejecutivo, la jornada de ayer «debe constituir un nuevo impulso para un muy necesario diálogo entre el Gobierno y la oposición». Sin embargo, el pronunciamiento español no sentó bien a la embajada venezolana en nuestro país, quien lamentó la postura «injerencista y sesgada» del Gobierno. Extendió su crítica a a algunos medios de comunicación españoles por su cobertura «parcial» del acto.