El Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución de Yoon Suk-seol como presidente

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, fue destituido este viernes de manera definitiva por el Tribunal Constitucional, que respaldó de manera unánime la decisión del Parlamento de impugnar su mandato. Su abrupta declaración de ley marcial del 3 de diciembre ha resultado letal para su carrera política. Ese drástico paso desató un torrente de críticas y puso en jaque la credibilidad de su gestión ante una ciudadanía desconfiada. El fallo cierra un capítulo crítico de intensa turbulencia que ha ensombrecido los esfuerzos gubernamentales para afrontar, entre otros, los retos de la administración Trump en un contexto de desaceleración económica que afecta a la cuarta mayor economía de Asia.

Conforme a lo establecido en la Constitución surcoreana, se convocarán elecciones anticipadas en un plazo de 60 días, mientras que el primer ministro Han Duck-soo asumirá el cargo como líder en funciones. Esta transición es crítica, ya que la próxima administración se enfrentará a un panorama complejo, marcado por las amenazas nucleares norcoreanas, la creciente presión diplomática ejercida por China y tensiones agudizadas por la brutal batería de aranceles comerciales impuestos por Washington.

El presidente interino del Tribunal Supremo, Moon Hyung-bae, subrayó que Yoon infringió de manera severa su deber como líder al declarar el Estado de emergencia, actuando de forma desproporcionada y rebasando los límites de su autoridad constitucional, lo cual constituyó «un serio desafío a la democracia». Moon aseveró que el imputado cometió una traición grave a la confianza depositada por el pueblo, creando un caos sin precedentes que afectó a todos los ámbitos.

“Siento de verdad y con el corazón roto no haber sido capaz de satisfacer vuestras expectativas”, escribió Yoon en un breve comunicado emitido tras la decisión del tribunal. “Estoy profundamente agradecido a todos los que me apoyaron y animaron a pesar de mis muchos defectos”, lamentó.

Cabe recordar que el pasado mes de enero el conservador se convirtió en el primer mandatario surcoreano en ejercicio en ser detenido y encarcelado. En febrero, su situación legal se tornó aún más sombría con el inicio de un juicio penal por insurrección, un delito penado con la muerte, lo que estableció un precedente sin igual para un jefe de Estado en funciones. El escándalo alcanzó su clímax cuando fue liberado el 8 de marzo, debido a una irregularidad procesal.

El exfiscal estrella, de 64 años, ascendió a la presidencia con un apoyo pírrico, logrando menos de la mitad de los votos y un margen de menos del 1 %, interpretado por muchos como un contundente rechazo a su predecesor, en lugar de un respaldo ferviente a su candidatura. Desde sus primeras actuaciones, tanto en la campaña como durante su mandato, se alió con una creciente marea de antifeministas, alimentando una retórica peligrosa y divisoria.

Desde entonces, ha estado inmerso en un enfrentamiento político casi perpetuo con una oposición que, al controlar el Parlamento, ha desafiado abiertamente su mandato en medio de un colapso alarmante en su índice de aprobación. Su decisión de invocar la desastrosa ley marcial, un acto que le otorgó poderes excepcionales para embestir contra los medios de comunicación y silenciar a sus adversarios políticos, se presentó como una brutal declaración en la arena surcoreana, siendo este el primer caso en décadas. Esta agresión se erigió como un indicativo de sus intenciones autoritarias, subvirtiendo los principios democráticos que sustentan la nación.

Cada vez más, ha sido percibido como un líder profundamente divisivo, cuya retórica incendiaria ha desatado un torrente de acusaciones contra la oposición, a la que ha descalificado como conspiradora en una presunta "insurgencia" destinada a socavar la democracia. Este desprecio por el debate político legítimo y la disidencia intensificó las tensiones, y desencadenó un clima de temor y represión.

La estrategia de Yoon, caracterizada por tácticas de intimidación y deslegitimación, ha puesto a la democracia surcoreana al borde del abismo, ante la mirada atenta de una ciudadanía que se siente cada vez más vulnerada en sus derechos. La falta de un liderazgo conciliador y la creciente polarización social amenazaban con socavar la estabilidad interna del país, y podrían provocar un retroceso en el progreso duramente conseguido.

Generaciones de surcoreanos, marcadas por experiencias vividas bajo dictaduras militares, establecieron instintivamente paralelismos entre Yoon y los líderes autoritarios de un pasado opresivo. La última declaración de ley marcial en 1979, emitida tras la muerte del lider Park Chung-hee, se prolongó 440 días y estuvo marcada por atroces violaciones de derechos humanos, culminando en el golpe militar de Chun Doo-hwan. Para aquellos que vivieron o heredaron las historias de esa tenebrosa época, la proclamación de Yoon reabrió profundas heridas históricas y desató una oposición visceral y vehemente. Este momento significó una dura revelación para los más jóvenes: las amenazas a la democracia pueden emerger no solo de agentes externos, también del interior mismo de las instituciones gubernamentales. La sombra de autoritarismo que Yoon generó fue un recordatorio escalofriante de que la erosión de los valores democráticos puede materializarse desde los más altos niveles del poder.

A medida que la indignación pública crecía estos meses, millones de personas se manifestaron frente a la Asamblea Nacional y continuaron sus protestas en lugares políticos de relevancia, incluyendo la Oficina Presidencial de Yongsan. Las demandas de los reivindicadores iban más allá de su destitución; exigían investigaciones exhaustivas sobre diversas acusaciones serias: su presunta complicidad con intermediarios políticos, las sospechas de manipulación de precios de acciones por parte de la primera dama y las potenciales filtraciones de información confidencial. Estos escándalos ya habían minado de manera significativa la credibilidad del presidente antes de la proclamación de la ley marcial. La magnitud de esta movilización desató un torbellino político capaz de sacudir los cimientos del gobierno actual. Este clamor unificado, impregnado de determinación y rabia, deja claro que la tolerancia hacia la corrupción y el abuso de poder ha alcanzado su límite en la sociedad surcoreana.

A nivel internacional, la crisis ha propinado un golpe devastador a la imagen cuidadosamente construida del país como modelo de democracia y "Estado pivote mundial". Las naciones vecinas emitieron declaraciones manifestando su profunda preocupación y demandando una resolución pacífica, mientras criticaban las acciones del gobierno de Seúl, tachándolas de contrarias al sentir de la ciudadanía.

En su defensa de la implementación de un estado de excepción, el mandatario argumentó que esta medida era esencial para destrabar el bloqueo legislativo relacionado con el financiamiento estatal, aludiendo a múltiples disputas que han obstaculizado el avance democrático. La confrontación con un gobierno fragmentado representa un desafío considerable, donde la habilidad para alcanzar acuerdos y compromisos resulta fundamental para superar las barreras partidistas. No obstante, el líder decidió emplear en gran medida el veto ejecutivo, lo cual ha llevado a la exclusión de varios miembros de su propio grupo político, revelando su falta de capacidad para fomentar la colaboración en un contexto político polarizado.

La legislación vigente establece criterios estrictos para la proclamación de un estado de emergencia, señalando que tal declaración solo es legítima en circunstancias de "hostilidad o perturbaciones graves del orden social que impidan significativamente el funcionamiento de las instituciones administrativas y judiciales del Estado en situaciones de crisis". Según el protocolo, el presidente está obligado a consultar con su gabinete antes de proceder con una declaración de esta índole. Sin embargo, informes recientes revelan que la reunión del gabinete, que tuvo lugar inmediatamente antes de la proclamación, se llevó a cabo de manera alarmantemente breve. Esta consulta superficial culminó en una apresurada intervención en la que, en un ambiente cerrado, Yoon anunció la ley marcial, dejando a los miembros de su gabinete conmocionados e incrédulos ante tal decisión intempestiva.

Asimismo, eludió la consulta con sectores cruciales de las Fuerzas Armadas, así como con las agencias de inteligencia y cuerpos de seguridad, ignorando flagrantemente los procedimientos institucionales que podrían haber moderado sus decisiones más controvertidas. Este desprecio por el debido proceso planteó dudas sobre la legitimidad, y desencadenó inquietudes respecto a las consecuencias para la seguridad nacional derivadas de la extralimitación del mandatario.