Costa logra formar el gobierno que quiere Pedro Sánchez

Sus antiguos socios exigen más gasto social a cambio de sus votos. Por primera vez, la ultraderecha entra en el Parlamento de Portugal

La jornada de resaca electoral en Portugal vino marcada ayer por la especulación sobre las opciones de Gobierno del primer ministro, Antonio Costa, cuyo Partido Socialista fue la fuerza más votada en los comicios del domingo pero no alcanzó la mayoría absoluta que tanto deseaba.

Costa ha dejado claro que no contempla gobernar en coalición, y que esta vez volverá a presidir un Ejecutivo minoritario, tal y como hizo durante su primer mandato. La gran incógnita del momento es si el primer ministro formará una nueva versión de la famosa «geringonça» –la alianza formal de la izquierda lusa, que fue compuesta por los socialistas, los marxistas del Bloque de Izquierda (BI) y el Partido Comunista Portugués (PCP) durante la última legislatura–, o si optará por un entendimiento puntual con acuerdos esporádicos según la coyuntura de cada momento.

Al controlar 106 de los 230 escaños en la Asamblea de la República, Costa podría resucitar la «geringonça» en versión reducida y gobernar apoyado en un pacto formal con apenas uno de sus socios de la primera legislatura. Con 19 diputados, el BI podría argumentar que merece ser el aliado privilegiado, ya que tendría sentido unir la primera y tercera fuerza política de Portugal para formar un bloque político formidable. Sin embargo, durante los últimos dos años las relaciones entre socialistas y bloquistas ya eran tensas, y con la campaña electoral pasaron a ser abiertamente antipáticas, situación que ha favorecido al PCP. Los comunistas se muestran menos combativos con Costa, y sus doce diputados son suficientes para alcanzar los 116 escaños que marcan el umbral de la mayoría absoluta necesaria para aprobar leyes en el Parlamento.

Aunque los socialistas están en una posición claramente dominante, sus hasta ahora aliados no están dispuestos a regalar su apoyo, por el cual exigen ciertas concesiones. Los bloquistas piden que se renacionalice la CTT –la empresa nacional de Correos que fue privatizada en 2011– y exigen el aumento sustancial del presupuesto del Sistema Nacional de Salud, que ha sobrevivido con una partida ultrarreducida durante los últimos años. El mayor coste del apoyo de los comunistas lusos sería el aumento del salario mínimo interprofesional, que quieren ver pasar de los 600 euros actuales hasta alcanzar los 850.

Las concesiones solicitadas son difíciles de cuadrar dentro de la rigurosísima política fiscal del ministro de Finanzas, Mario Centeno, y podrían resultar demasiado caras para el Ejecutivo, que está dispuesto a hacer todo lo posible para salvaguardar la economía lusa. Si el pacto acaba por ser imposible, todas las partes han indicado que están dispuestas a negociar de manera puntual, y esa opción puede ser aceptable para Costa, quien fue ministro bajo Antonio Guterres, otro socialista que terminó por gobernar sin apoyos formales durante su segundo mandato.

El presidente de la República ha indicado que encargará a Costa formar su Ejecutivo «cuanto antes», y a partir de ese momento el socialista tendrá diez días para presentar su programa de Gobierno ante el Parlamento. El primer ministro no requiere la aprobación del hemiciclo, pero sí necesita evitar que su programa sea rechazado por una mayoría absoluta de los diputados, escenario que parece poco probable en el contexto actual.

El nuevo Parlamento cuenta con un número récord de mujeres, entre las cuales están las primeras diputadas lusas de origen africano. Sin embargo, la novedad más llamativa es la presencia del partido ultraderechista Chega en el hemiciclo. La formación destaca por defender la reintroducción de la pena de prisión perpetua para los crímenes graves, la castración química de los pedófilos y la abolición del cargo de primer ministro.