Venezuela

El chavismo «borra» a la oposición

Un nuevo sistema de inscripción de partidos venezolanos pone en riesgo la presencia de rivales en las urnas

Los universitarios se manifestaron ayer en Caracas contra el Gobierno en el tercer aniversario de la muerte de un estudiante a manos de la Policía chavista
Los universitarios se manifestaron ayer en Caracas contra el Gobierno en el tercer aniversario de la muerte de un estudiante a manos de la Policía chavistalarazon

Un nuevo sistema de inscripción de partidos venezolanos pone en riesgo la presencia de rivales en las urnas

Con la crisis económica minando la popularidad del presidente Nicolás Maduro y la imposibilidad de ganar en las urnas, al chavismo sólo le queda una estrategia: borrar del mapa a la oposición. Para eso cuenta con dos herramientas esenciales como son el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya han empezado a trazar una hoja de ruta intransitable para la disidencia. La última jugada del Gobierno va dirigida a eliminar a los partidos políticos que le puedan hacer frente. La semana pasada, el CNE anunció las normas que regularán el proceso de registro al que deberán someterse unas 59 organizaciones políticas.

Como es costumbre, la medida viene homologada por el Supremo. La idea es que las organizaciones políticas que obtuvieron menos del 1% de los votos o que no presentaron su tarjeta en los dos últimos comicios nacionales (presidenciales de 2013 y parlamentarias de 2015) deberán registrarse otra vez ante el CNE. El único que cumple ambos requisitos es la plataforma oficialista chavista agrupada bajo las siglas PSUV, pues los partidos de la oposición no participaron con sus emblemas propios sino en alianza bajo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). De esta manera, el oficialismo también se quita de «un plumazo» a algunos socios incómodos que durante la era Maduro empezaron a mostrarse críticos.

Para mantenerse con vida, los partidos deberán recoger en 14 horas hábiles, durante diez fines de semana, desde el próximo 18 de febrero y hasta el 23 de abril, el equivalente al 0,5% de las firmas de los inscritos en el padrón de votantes en 12 de los 24 Estados de la República Bolivariana. La formación que no alcance la meta no podrá participar en ningún proceso electoral de carácter municipal, estatal y nacional.

Vicente Bello, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática y representante técnico del partido opositor Un Nuevo Tiempo, expresó su rechazo a las condiciones establecidas por el CNE y advirtió de que se quiere acabar con los partidos. «Los tiempos no dan, la infraestructura ofrecida por el CNE es insuficiente y esta presentación ha sido tan improvisada que incluso están contemplando incluir los fines de semana de Carnaval y Semana Santa. Es imposible. No se puede hacer que el Domingo de Resurrección en Venezuela un partido político esté movilizando militantes a unas oficinas del CNE para renovar las nóminas», criticó el dirigente opositor.

La autoridad electoral dispondrá de 390 máquinas captahuellas para recoger las firmas por todo el país, algo criticado por la oposición, ya que, a su juicio, esa cifra no alcanza para distribuirlos en los 335 municipios que existen en el país. La MUD ha solicitado 4.992 máquinas y que el proceso se extienda durante 90 días seguidos, tal como se realizaba anteriormente.

La medida recuerda a lo sucedido durante las pasadas elecciones presidenciales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega expulsó del Congreso, mediante varias sentencias del Supremo, a prácticamente toda la oposición de mayor peso, allanando el camino para su reelección.

En este contexto, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’Amelio, anunció la semana pasada que, mientras se realice la renovación de organizaciones con fines políticos, queda «interrumpido el proceso de elecciones regionales», previstos para este año. Las elecciones de gobernadores debían haberse celebrado en diciembre de 2016, según el calendario de cuatro años establecido en la Constitución, pero el CNE aseguró que se realizarían a fines del primer semestre de este año, aunque sin precisar la fecha. El Gobierno suspendió la convocatoria argumentando que el país no necesitaba nuevas elecciones, sino centrarse en resolver los problemas económicos.