May se enfrenta a una crisis constitucional por el Brexit

Los socios unionistas se unen a la oposición para abrir un «procedimiento de desacato» por no publicar la totalidad del informe legal del divorcio.

De una crisis política a una crisis constitucional. El Brexit está llevando a Westminster a escenarios extremos. El Ejecutivo de Theresa May se enfrenta ahora a un «procedimiento de desacato» después de haberse negado a publicar en su totalidad el análisis legal sobre el acuerdo de retirada pactado con Bruselas. El documento, de carácter vinculante, junto con la declaración política sobre las futuras relaciones con el bloque se someterán a votación el 11 de diciembre. Hoy comienzan los cinco días de debate establecidos en la Cámara de los Comunes. Pero las posibilidades de que los textos sean ratificados son cada vez menores.

El mes pasado, en una votación vinculante, la mayoría de los diputados pidió al Gobierno que presentara ante el Parlamento el análisis legal completo del acuerdo de divorcio. Quieren saber la letra pequeña antes de tomar cualquier decisión, sobre todo los detalles referentes al polémico «backstop», el plan de emergencia adoptado para evitar una frontera dura en Irlanda por el que, hasta que se encuentre una solución, Reino Unido permanecerá en la unión aduanera e Irlanda del Norte quedará además alineado con el mercado único, para bienes. El Ejecutivo facilitó ayer tan solo un resumen del asesoramiento legal y todos los partidos de la oposición, incluido los norirlandeses del DUP, de cuyo apoyo depende el Gobierno de May tras perder la mayoría absoluta, solicitaron iniciar un proceso por desobediencia. Laboristas, liberal demócratas, nacionalistas escoceses del SNP, galeses del Plaid Cymru, Verdes y el DUP presentaron una carta conjunta al presidente de los Comunes, John Bercow. El «speaker» aceptó anoche la alegaciones y convocó un debate para hoy.

Si finalmente el Ejecutivo es declarado culpable de una conducta que obstruye a la Cámara de los Comunes en el desempeño de sus funciones, los ministros podrían ser suspendidos, lo que desencadenaría en una crisis constitucional sin precedentes en la antesala de la votación más importante a la que se enfrenta Westminster en su historia reciente. El Gobierno insiste en que la publicación completa del asesoramiento legal privaría a posteriores Ejecutivos de la posibilidad de deliberar sus políticas a conciencia antes de tomar cualquier decisión. En cualquier caso, el fiscal general, Geoffrey Cox –que forma parte del Gabinete– compareció ayer ante sus señorías y reconoció que con el polémico «backstop», Reino Unido estaría «comprometido indefinidamente» con las normas aduaneras de la UE si las futuras negociaciones comerciales del Brexit se rompen. Asimismo, recalcó que Londres no podía terminar de manera unilateral con esta situación y que la legislación comunitaria continuaría por algún tiempo en determinadas áreas una vez termine el periodo de transición.

A lo largo del fin de semana ya se había filtrado una carta donde Cox advertía a May de que Reino Unido solo se podría liberar del «backstop» una vez se firmara un nuevo acuerdo comercial con el bloque, lo que podría llevar una década, considerando que el CETA –el acuerdo relativamente sencillo entre la UE y Canadá– tardó siete años en cerrarse.

Otra de las misivas filtradas a los rotativos que causó aún más irritación a los «brexiters» fue la de Olly Robbins. El hombre que realmente ha estado liderando el equipo negociador británico estos dos últimos años advirtió a May de que no existe una «garantía» legal de que Reino Unido pueda terminar con el «backstop», lo que podría dejar al país atrapado en la unión aduanera.