El terror paraliza al Gobierno Hollande

En plena polémica por la brecha de seguridad y tras la oleada de atentados, Francia vuelve a movilizar a sus fuerzas del orden

La sucesión de atentados desde hace un año y medio llevan a las autoridades francesas a multiplicar los anuncios sobre la movilización de las Fuerzas de Seguridad, que parece un pozo sin fondo, primero para la celebración de la Eurocopa, después para el Tour, más tarde para la Fiesta Nacional, ahora para el verano. Pero ya el 13 de enero de 2015, tras los atentados de «Charlie Hebdo», el primer ministro, Manuel Valls, aseguró «un nivel de movilización masivo» de las fuerzas del orden con 122.000 militares, gendarmes y policías para asegurar la protección permanente de los puntos sensibles y del espacio público. Más de un año después, tras el atentado de Niza, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, aseguró que en ese momento «100.000 policías, gendarmes y militares (53.000, 36.000 y 10.000, respectivamente) estaban movilizados para mantener la seguridad» de los ciudadanos, y que tenían intención de «reforzar la presencia de las Fuerzas de Seguridad sobre el conjunto del territorio nacional». Aprovechó para hacer una llamada a «todos los franceses patriotas que lo deseen» para que se unan a la reserva operacional de la Policía y la Gendarmería nacional. Una llamada a la que, según dijo ayer, han respondido 2.500 personas que «han manifestado su interés, y no dejamos de recibir llamadas».

En lo que parece una rutina que no conduce a nada, tras el secuestro en la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, Cazeneuve añadió ayer que van a movilizar a «23.500 policías, gendarmes, militares y reservistas suplementarios» para mantener la seguridad de «56 eventos mayores» a lo largo del verano. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, anunció tras el Consejo de Ministros «una repartición más importante de las fuerzas Sentinelle en provincia». De los 10.000 militares implicados, 4.000 se quedarán en París y 6.000 serán desplegados en el resto del territorio, un dispositivo posible gracias a que los militares han renunciado «a una parte de sus vacaciones».

Mientras el Gobierno intenta mostrar que está movilizado para ofrecer a los ciudadanos la seguridad necesaria, la oposición no le deja tregua y considera que no está a la altura de la amenaza terrorista. El líder de Los Republicanos, Nicolas Sarkozy, volvió a insistir ayer en «Le Monde» en que el Ejecutivo está «paralizado» y «se niega a mover las líneas del derecho para adaptarlo a la amplitud de la amenaza». Para Sarkozy, «todas las referencias de la izquierda se han evaporado y se agarra a un discurso que ya no se corresponde con la realidad».

Una afirmación que ha hecho salir de sus casillas al habitualmente flemático ministro del Interior. Cazeneuve le dijo que el respeto de la Constitución no es «una argucia jurídica» y que se han tomado medidas «en el marco de la ley de junio de 2016» sobre el endurecimiento de las condiciones de detención preventiva o de la condena perpetua efectiva. «Soy muy favorable e incluso militante de la mayor determinación, la mayor severidad», dijo Cazeneuve, pero no saldremos del Estado de Derecho para entrar en un Estado arbitrario que sería un Estado liberticida». Sin embargo, tampoco cerró la puerta a «tomar en consideración» las posibles «propuestas de la oposición», y evocó la posibilidad de mejorar «la circulación de la información en el seno de las estructuras de los servicios de información», a pesar de que hace unas semanas, cuando la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre los atentados le propuso la creación de un organismo que unificara los servicios de información, Cazeneuve respondió entonces que no estaba dispuesto a transformar una milhoja en un pudding.

Un «pudding» que podría revelarse más necesario tras las investigaciones sobre el atentado de Ruán. El secuestro y asesinato de un sacerdote ha sido reivindicado por el Daesh, pero todavía no hay información sobre una orden directa. Uno de los dos perpetradores, Adel Kermiche, era «conocido por la justicia antiterrorista». No en vano llevaba un brazalete electrónico, a la espera de ser juzgado por asociación de malhechores con fines terroristas. Lo que no le impidió llevar a cabo su primer atentado, generando una nueva polémica en torno a la utilidad de este sistema de control, especialmente para las personas más peligrosas. También se pone en duda el resto de medidas de seguimiento sobre los sospechosos, desde la vigilancia en las fronteras sobre los retornados y la contención del auge yihadista en ciertos sectores sociales de Francia.