Erdogan detiene a los últimos periodistas independientes

Arrestados 42 informadores turcos acusados de pertenecer a la secta del clérigo Gülen

Los periodistas se han convertido en el siguiente peldaño de la caza de brujas del Gobierno turco. El objetivo: limpiar de traidores a las instituciones públicas y privadas. Desde que el 15 de julio se asestara el fallido golpe de Estado contra el presidente, Recep Tayyip Erdogan, más de 60.000 personas han sido suspendidas de sus empleos, y más de 13.000 arrestadas. Tras purgar el Ejército, la Justicia y el sector educativo, los medios de comunicación son los siguientes en recibir la mirada incriminatoria de la cúpula oficial.

Ayer, 42 periodistas fueron arrestados y acusados de pertenecer a la secta que, desde el exilio, dirige Fetullah Gülen, el clérigo al que el Gobierno acusa de orquestar la asonada. Entre los detenidos se encuentra la famosa periodista Nazli Ilicak, despedida del diario «Sabah» en 2013 por haber criticado a ministros implicados en el escándalo de corrupción que salpicó directamente al círculo cercano de Erdogan y a sus familiares y, detrás del cuál estuvo implicada la red gülenista.

La pasada semana, el Gobierno retiró la licencia a 34 periodistas cercanos a la cofradía. De acuerdo con la Dirección General de Prensan e Información, dichas credenciales fueron canceladas «en aras de la seguridad nacional». Según el Gobierno, los periodistas también formarían parte de una red vinculada a Gülen. Es por ello que el Ejecutivo ha extendido sus investigaciones a todos los canales, incluidos los gubernamentales. La cadena estatal TRT, que fue tomada por los golpistas, está siendo investigada. Sobre algunos de sus trabajadores recae, según «The New York Times», la sospecha de mantener lazos con los que ya son considerados los traidores de la patria, los fieles de Gülen. En internet, por su parte, más de 20 sitios web, incluyendo algunos medios como «Medyascope» o «Haberdar», han sido bloqueados. Respecto a los canales extranjeros, las acusaciones han ido dirigidas especialmente contra la cadena británica BBC, a quien el Ejecutivo turco acusa de «ofrecer una cobertura a favor del golpe».

A las detenciones de los periodistas, se suma el arresto de 40 personas en una escuela militar de Estambul y el despido de 350 trabajadores de la compañía Turkish Airlines. Según el diario «Sabah», los trabajadores fueron convocados el domingo para cerrar sus contratos por ineficacia laboral en unos casos y, en otros, por pertenecer a la red de Gülen.

En este marco de inestabilidad, y tras haber sido declarado el estado de emergencia, Erdogan, junto al primer ministro, Binali Yildirim, éncabezó ayer una reunión con los líderes de la oposición: Kemal Kilhthraroglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), y Devlet Bahceli, del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP). Del encuentro, que duró más de tres horas, fue excluido, Selahattin Demirtas, líer del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos.

En el debate con la oposición se habló sobre el estado de emergencia; el camino hacia una nueva constitución y la dirección de las políticas económicas. Sin embargo, lo más destacable de la charla trascendió pocos minutos después de su finalización: De ahora en adelante será el Ministerio del Interior el que controlará la Gendarmería y la Guardia Costera. Un acto que define la decisión del Ejecutivo por ajustar las instituciones y eliminar a los traidores de sus entrañas.