¿Cómo acabar con el dinero de los oligarcas rusos de Londres?

Polina Kovaleva, de 26 años, vive en un apartamento en el lujoso barrio londinense de Kensington. Lo compró por 4,4 millones de libras, sin necesidad de hipoteca, cuando tan solo tenía 21 años. Su madre, Svetlana Polyakova, basada en Moscú, no es rica. Pero desde hace más de dos décadas es la amante de Sergey Lavrov, el poderoso ministro de Exteriores del Kremlin, según asegura FBK, la fundación anticorrupción dirigida por el líder de la oposición encarcelado Alexei Navalny. El premier Boris Johnson está ahora bajo presión para sancionar tanto Polina como su madre.

Pero remontémonos a 2017, el año que la joven compra la vivienda. ¿Nadie dudó entonces que algo no encajaba? Pues no. Porque desde hace décadas, la ciudad a orillas del Támesis, bautizada como Londongrado, lleva siendo la capital mundial por excelencia de lavado de dinero. Tras la II Guerra Mundial, cuando el Reino Unido luchaba por encontrar su lugar en el mundo post imperial, funda un sistema tremendamente opaco donde básicamente no se hacen preguntas, no se verifican datos.

Antes incluso de que Vladimir Putin subiera al poder a principios de la década de los 90, las instituciones soviéticas ya tenían la habilidad de ocultar sus transacciones financieras detrás de `compañías pantalla´ (ficticias) registradas en lugares como Jersey, y, según los medios británicos, se cree incluso que la propia KGB usó la discreción que proporcionaban los territorios extraterritoriales del Reino Unido para mover su dinero sin ser detectado.

A medida que avanzaba la década de los 90, una serie de escándalos hizo que los fiscales de EE. UU. y Suiza comenzaran a prestar más atención a la avalancha de fortunas de dudosa procedencia. Pero Londres aprovechó la oportunidad para sacar rédito a su repentina ventaja competitiva como un importante centro financiero donde básicamente los oligarcas campan a sus anchas.

Desde hace años, mucho antes de la ocupación de Crimea, los activistas y periodistas vienen denunciando esta situación. Pero no ha sido hasta que Putin ha puesto en jaque a la comunidad internacional cuando Downing Street ha comenzado a tomar medidas.

Alrededor de 140 oligarcas rusos y “facilitadores” del Kremlin han sido nombrados en la Cámara de los Comunes. Pero, de momento, solo se han congelado los activos a 23, entre ellos, Roman Abramovich, que aparte de ser el dueño del Chelsea, posee diferentes mansiones, como la de 15 habitaciones de Kensington Palace Gardens, valorada en más de 135 millones de euros.

Invertir en el mercado inmobiliario siempre ha sido para los oligarcas la mejor manera de blanquear su dinero. Básicamente porque el sistema no solo permite que las `compañías pantalla´ del Reino Unido compren propiedades, sino que además permite que las `empresas ficticias´ con sede en otros países y paraísos fiscales posean propiedades en suelo británico sin tener que decir quiénes realmente son los propietarios.

Unas 87.000 propiedades en Inglaterra y Gales pertenecen a `empresas offshore´, lo que impide saber quiénes son sus verdaderos dueños o si fueron compradas con dinero delictivo. Casas por un valor total de 1.500 millones de libras han sido compradas por rusos con vínculos con el Kremlin o acusados de corrupción. Propiedades valoradas en casi 430 millones de libras se encuentran en el distrito de Westminster -a pocos metros del Parlamento- y más de la mitad está en manos de empresas en territorios británicos de ultramar y dependencias de la Corona. En el exclusivo barrio de Belgravia, donde está el código postal más caro de planeta, hay casas por más de 10 millones de libras cada una que nadie sabe a quién pertenecen. Sus propietarios son empresas registradas en las Islas Vírgenes, Panamá o la Isla de Man, entre otros.

El proyecto de Ley de Delitos Económicos se llevaba prometiendo desde 2016. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha presentado en el Parlamento, donde se espera que se apruebe por la vía rápida para estar listo tan pronto como la próxima semana. Básicamente está destinado a evitar que los oligarcas puedan comprar propiedades en el Reino Unido ocultando sus identidades a través de una red de empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.

La legislación busca tres cosas claves: crear el tan esperado “registro de beneficiarios reales” -que estará a cargo de Companies House- para apostar por la transparencia, revisar “órdenes de riqueza inexplicables” y facilitar el enjuiciamiento de cualquier persona involucrada en el incumplimiento de sanciones.

Sin embargo, tiene importantes lagunas que pueden dar ventaja a los oligarcas. Uno de los principales problemas es el tiempo que se da a los megáricos para declarar sus activos. En principio, iba a ser de 18 meses y finalmente se ha quedado en seis meses, en lugar de los 28 días que pedía la oposición. Y seis meses es tiempo más que suficiente para que los delincuentes vendan sus propiedades y encuentren otros activos en los que invertir.

Y lo más preocupante de todo es que, al decidir cómo se debe declarar la propiedad, la “titularidad real” se definirá como la posesión del 25% o más de un activo (pese a que la oposición había pedido reducir el umbral al 10%). Y los familiares quedan exentos. Por lo tanto, si un oligarca pone su mansión a nombre de su mujer y sus hijos, o aparece tan solo como propietario del 24% no tiene nada de lo que preocuparse

En cualquier caso, las sanciones sí comienzan a notarse en el sector inmobiliario. Las agencias de los barrios más exclusivos, donde es normal comprar `a tocateja´ casas millonarias, aseguran que muchas operaciones se están desmoronando.

Johnson insiste en que su Gobierno ha tomado “la iniciativa” a nivel internacional para promover las sanciones contra Rusia, que han incluido la exclusión de algunos bancos del sistema de pagos SWIFT y la congelación de activos de miembros del régimen.

Pero la realidad es que está recibiendo grandes críticas ante el lento progreso para actuar en casa. Y todo se debe ahora al Brexit. Pese a que el premier defendió que la salida de la UE daría a los británicos más “agilidad” burocrática está siendo todo lo contrario.

Tras el divorcio, durante la transferencia de las normas de sanciones de la UE a la ley británica, el régimen del Reino Unido se volvió significativamente más complejo desde el punto de vista procesal. Principalmente porque en 2018, el Gobierno aceptó las enmiendas en la Cámara de los Lores presentadas por Lord David Pannick -un abogado que curiosamente había representado a un ruso que desafió las sanciones de la UE)-, quien dijo que los cambios “proporcionarían justicia procesal” para los sancionados, asegurando que las penalizaciones se hicieran de manera “proporcionada” y ajustada a los “principios de derechos humanos”. Es un razonamiento que tampoco se entiende dado que se derivan de las obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que pertenecen tanto el Reino Unido como la UE.