Fujimori pide arresto domiciliario para evitar morir en prisión

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) solicitó a un tribunal peruano que se le permita terminar de cumplir su sentencia de 25 años de cárcel en arresto domiciliario para, según dijo, evitar su muerte en prisión.

El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) solicitó hoy a un tribunal peruano que se le permita terminar de cumplir su sentencia de 25 años de cárcel en arresto domiciliario para, según dijo, evitar su muerte en prisión, informa Efe.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo Luis Cevallos, escuchó el alegato de la apelación interpuesta por el abogado de Fujimori, William Castillo, para que se reconsidere el pedido de arresto domiciliario, después de que fuera desestimado el año pasado en primera instancia por otra sala suprema.

En una alocución de unos dos minutos, el exmandatario, de 76 años, rogó a los integrantes de la Sala Penal Especial que comprendan “las razones humanitarias” de su pedido, cuya resolución se conocerá en las próximas semanas, ya que la sala tiene un máximo de quince días para votar y comunicar su decisión.

“Este encarcelamiento constituye para mí una pena de muerte lenta. Si continuó así, exhalaré mi último suspiro antes de cumplir toda la condena, pues no creo que sobreviva hasta los 95 años”, cuando finalizará la sentencia, explicó Fujimori.

La audiencia se celebró en la sala de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito limeño de Ate-Vitarte, donde Fujimori cumple su condena en una celda especialmente construida para él.

El 29 de octubre del año pasado, el juez supremo Segundo Morales declaró infundada la solicitud en primera instancia, al argumentar que no existe una ley que faculte el tramite de este pedido, dado que el arresto domiciliario se aplica para los procesados con juicios en curso y no con sentencias firmes y ratificadas, como el caso del exmandatario.

Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El expresidente recibió además tres sentencias por delitos de corrupción que ya se cumplieron y actualmente es enjuiciado por el cargo de peculado (mal uso de fondos públicos), por el que se ha pedido ocho años de prisión.