El Gobierno británico niega acusaciones de encubrimiento en el escándalo de la gestión del coronavirus

El Gobierno británico ha sido acusado de “encubrimiento” al negarse a entregar los mensajes de WhatsApp y agenda de Boris Johnson a los responsables de la investigación pública independiente que examina ahora la polémica gestión de los ministros ante la pandemia. Reino Unido fue donde más tarde se impuso el confinamiento y resultó uno de los países europeos con más víctimas por covid.

La presidenta de la investigación, la baronesa Carol Hallett, una jueza ya retirada, había amenazado con tomar acciones legales si no se entregaban el pasado martes antes de las 16:00 hora local los diarios y las conversaciones de WhatsApp que involucran al ex primer ministro desde enero de 2020 hasta febrero de 2022. Pero finalmente los plazos se extendieron hasta el jueves.

El Ejecutivo insiste en que los documentos y la correspondencia que cubren más de dos años de figuras como Rishi Sunak (actual primer ministro), Liz Truss (ex primera ministra), Matt Hancock (ministro Sanidad durante pandemia), Dominic Cummings (asesor Gobierno durante pandemia) y Simon Case (el secretario del Gabinete) no necesitan ser publicados en su totalidad ya que son discusiones “inequívocamente irrelevantes” para la investigación, representarían una “intrusión grave de la privacidad” y evitarían que los ministros se comuniquen libremente en el futuro. Pero la oposición recalca que deben ser los responsables de la pesquisa quien determinen si la información es relevante, no el Gobierno.

El propio Boris Johnson entregó esta semana a la Oficina del Gabinete los documentos requeridos, dejando claro que ahora la última decisión corresponde ahora al actual premier Rishi Sunak con el que guarda una relación de lo más tensa.

Eran precisamente los que representaban a Johnson en otra pesquisa parlamentaria que debe determinar si la “ambición rubia” mintió deliberadamente a Westminster al decir que no se habían roto las normas durante el confinamiento en pleno escándalo del Partygate. Pero el polémico político ha contratado a su propio equipo legal después de que la Oficina del Gabinete entregara sus diarios sin su consentimiento a Scotland Yard, que ya le multó el año pasado por incumplir las reglas.

El artículo 21 de la Ley de investigaciones de 2005 otorga al presidente de una pesquisa pública debidamente constituida la facultad de obligar a un testigo a declarar o presentar cualquier documento pertinente, cuyo incumplimiento se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta 51 semanas.

Sin embargo, algunos funcionarios aseguran desde el anonimato a la prensa local que no creen que Hallett tenga los poderes para exigir los mensajes de WhatsApp cuando hacerlo sentaría un “precedente dañino”. No se descarta, por lo tanto, que todo termine en una batalla legal.

Según los medios, esta semana Rishi Sunak y Boris Johnson se reunirán para valorar la situación. El ex primer ministro se encuentra entre los que prestarán testimonio en la investigación, que debe comenzar las audiencias en dos semanas.

Fue en mayo de 2021 cuando se anunció una investigación pública independiente para valorar la gestión de Downing Street de la pandemia. Aunque sus conclusiones no se esperan hasta pasadas las elecciones generales de 2024. Desde que entró en vigor la Ley de Investigaciones de 2005, se han llevado a cabo 11 pesquisas de este tipo. Una de las más relevantes fue la de la guerra de Irak. Comenzó en 2009 y concluyó en 2016, cuando Tony Blair llevaba ya nueve años fuera del Número 10. Costó 13 millones de libras al erario público (alrededor de 16 millones de euros).

El objetivo de una investigación pública independiente es responder a la “preocupación pública” sobre un evento en particular. Debe contestar a tres preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió y quién tiene la culpa? ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar? Las conclusiones se limitan a realizar recomendaciones al Gobierno. No tienen potestad para presentar cargos criminales.