La Universidad de Harvard, la institución académica más antigua de Estados Unidos y un emblema del prestigio educativo a nivel mundial, está enfrascada en una intensa batalla legal con la administración del presidente Donald Trump. En juego no solo está el acceso de miles de estudiantes internacionales al campus de Cambridge, sino también una porción significativa de la financiación federal que sustenta parte de sus operaciones, investigativas.

El conflicto ha llegado a un punto crítico en las últimas horas, cuando ambas partes se presentaron ante la jueza federal Allison Burroughs para buscar un juicio sumario que evite ir a juicio formal, en lo que se conoce como presentación de argumentos orales. La vista ha concluido sin un fallo, aunque la jueza federal afirma que intentará pronunciarlo "lo antes posible".

El tono de la audiencia parece indicar que Burroughs podría inclinarse por los argumentos de la universidad. Poco antes, el presidente estadounidense anunció a través de su cuenta de Truth Social que apelará si la decisión de la magistrada va en contra de su gobierno: "El caso de Harvard acaba de ser juzgado en Massachusetts por una jueza nombrada por Obama. Ella es un desastre total, lo digo incluso antes de escuchar su sentencia", escribió el magnate en la red social.

Harvard acusa a la administración Trump de violar su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda y de usar el presupuesto federal como herramienta de presión política. "Harvard no solicita una orden judicial que impida al Gobierno iniciar investigaciones adecuadas en total conformidad con el proceso del Título VI. Simplemente, solicita que se prohíba al Gobierno privar a Harvard de financiación como forma de represalia por ejercer su derecho de la Primera Enmienda", señaló la universidad en su más reciente escrito legal.

El origen del enfrentamiento

La disputa empezó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó a Harvard una serie de datos sobre sus estudiantes, incluyendo cualquier participación de alumnos internacionales en protestas o manifestaciones durante los últimos cinco años. Tras semanas de negociación, Harvard rechazó parcialmente la solicitud, lo que llevó al gobierno a revocar su programa de admisión de estudiantes extranjeros.

El golpe al Alma Mater es de grandes proporciones. Para el año académico 2024-2025, un 27% del alumnado de Harvard -aproximadamente 6.793 estudiantes- proviene del extranjero. Estos alumnos suelen pagar matrículas más altas que los nacionales, contribuyendo con más de 386 millones de dólares anuales a la economía local. Solo en Massachusetts, se estima que los gastos de estudiantes internacionales alcanzan los 4.000 millones de dólares anuales, de los cuales Harvard representa más del 10%.

Pero la presión no se detuvo en lo económico. Después de que Harvard rechazara públicamente una carta con exigencias de la Casa Blanca -entre ellas eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión y reformar sus prácticas de admisión y contratación-, el gobierno federal intensificó su ofensiva: inició múltiples investigaciones, amenazó con revocar la acreditación de la universidad y emitió una citación para acceder a información sobre estudiantes extranjeros.

La administración Trump, por su parte, justifica el recorte argumentando que Harvard habría violado los derechos civiles de sus estudiantes judíos al no actuar con firmeza frente al antisemitismo en el campus, en medio de la ola de protestas estudiantiles que tuvieron lugar durante gran parte del año pasado en varias de las universidades más prestigiosas del país. Además, sostiene que este litigio no debería resolverse en la corte federal de distrito.

"Este caso es una disputa contractual. Harvard busca hacer cumplir contratos gubernamentales para recibir dinero que afirma que se le debe. Pero bajo la Ley Tucker, Harvard debe solicitar reparación ante el Tribunal de Reclamaciones Federales, el único tribunal con jurisdicción para conocer sus demandas", señaló la administración en un documento presentado el 14 de junio.

Más de 2.000 millones de dólares han sido congelados

El monto congelado es considerable: más de 2.000 millones de dólares en fondos federales han sido suspendidos. Aunque el presidente Trump insinuó que se estaba negociando un posible acuerdo, no ha habido señales claras de avance. "Hemos estado trabajando de cerca con Harvard, y es muy posible que se anuncie un Acuerdo durante la próxima semana más o menos", escribió el exmandatario el 20 de junio en su red social Truth Social.

Esta no sería la primera vez que la jueza Burroughs podría fallar a favor de Harvard. En 2020, bloqueó una directiva de la entonces primera administración Trump que prohibía a las universidades estadounidenses inscribir o mantener estudiantes extranjeros durante la pandemia si sus clases eran completamente virtuales.

Ahora, el nuevo caso podría tener repercusiones más amplias. Expertos en educación superior y rectores de otras universidades están atentos al desenlace, temiendo que un precedente desfavorable restrinja la autonomía institucional frente a futuras presiones gubernamentales. También preocupa el impacto económico en ciudades universitarias y en la capacidad del sistema educativo estadounidense de atraer talento global.

Harvard, fundada en 1636, ha sido históricamente un faro de libertad académica e innovación. La batalla actual pone a prueba no solo sus principios, sino también su modelo financiero y su capacidad para defender la internacionalización frente a un clima político cada vez más hostil a la diversidad y el disenso. El caso, aunque centrado en una universidad, podría redefinir el equilibrio entre poder federal y autonomía educativa en Estados Unidos.