Hungría, un polvorín en manos del populismo

El primer ministro Viktor Orban se enfrenta a una revolución que ha logrado unir en bloque a la oposición y llenar las calles de ciudadanos hartos de sus políticas autoritarias.

Se le acusa de liderar un modelo de autoritarismo descafeinado y de expandirlo por el este de Europa. Las políticas del primer ministro húngaro, Viktor Orban, autoproclamado enemigo de la Unión Europea y aliado del Kremlin, siempre han hecho más ruido fuera de sus fronteras que dentro del propio país... hasta el pasado 12 de diciembre.

«Lo que pedimos es democracia y solidaridad en Hungría», asevera Agnes Vadai, diputada en el Parlamento húngaro por Coalición Democrática, formación opositora del país. «La falta de un sistema judicial independiente, de unos medios de comunicación públicos y libres, y de un sistema social justo, son los principales obstáculos para conseguirlo», continúa. Vadai forma parte de la resistencia que se enfrenta desde hace quince días al Gobierno de Orban. Prácticamente a diario se desarrollan protestas en las calles de Budapest. La más multitudinaria tuvo lugar el domingo 16, cuando 15.000 personas se reunieron al grito de «Feliz Navidad, señor primer ministro», lema de unas protestas ciudadanas que empezaron como rechazo a la nueva ley laboral que eleva de 250 a 400 el número de horas extras permitidas por año (el equivalente a unos dos meses de trabajo) y concede a los empresarios un plazo de hasta tres años para pagarlas. El texto constituye tan solo la punta del iceberg de lo que se presenta como una de las mayores crisis políticas para el primer ministro húngaro.

La reforma laboral, ratificada por el presidente húngaro, Janos Ader, entrará en vigor el próximo 1 de enero. Los principales sindicatos ya han anunciado una convocatoria de huelga general, sin fecha determinada todavía. Los defensores de la ley defienden que las horas extraordinarias son siempre voluntarias y que se trata de un texto importante para las pequeñas y medianas empresas.

Las exigencias de quienes han convertido las calles de Budapest en una auténtica marea de gente, sin embargo, van más allá de eliminar la ya bautizada como «ley de la esclavitud». La oposición, organizada después de ocho años de Gobierno de Orban, pide también al Ejecutivo que defienda la independencia de los tribunales nacionales. El Gobierno acaba de aprobar también una ley que prevé la creación de tribunales administrativos supervisados por el Ministerio de Justicia, algo que los manifestantes han tachado de injerencia política en el sistema judicial. Los medios de comunicación públicos, controlados con mano férrea por el Gobierno, son acusados constantemente de emitir propaganda oficial y de mantener a la Hungría más rural aislada en una especie de «burbuja informativa». El pasado lunes, dos diputados opositores fueron expulsados de la televisión pública cuando intentaban que se emitieran en directo sus exigencias.

Las reivindicaciones de la calle también piden que Hungría se una a la Oficina Fiscal de la Unión Europea, algo que abriría la puerta a una investigación externa para los casos de corrupción del país. «En cuestión de una semana, las protestas han evolucionado hasta convertirse en un movimiento social que aglutina a una gran cantidad de actores. Desde los sindicatos de trabajadores hasta los estudiantes universitarios, pasando por los partidos de la oposición tanto de izquierda como de derecha... Es la primera vez que la sociedad húngara puede verse representada en este tipo de manifestaciones», asegura el investigador Gabor Gyori.

Cabe recordar que el partido del polémico Orban, Fidesz, logró una amplia victoria en las elecciones generales del 8 de abril, con alrededor de un 49% de los votos. «No se va a obligar a nadie a hacer horas extras, quienes digan lo contrario están mintiendo», indicó el primer ministro en la radio pública, con un tono más combativo que conciliador con quienes se aglomeran a las puertas de su residencia oficial. Y es que, además, internamente, Orban afronta serias acusaciones de corrupción que afectan a su círculo más cercano.

Amigos de la infancia han pasado a formar parte de una élite que ha crecido rápidamente en los últimos ocho años. Compañeros de estudios y familiares han adquirido importantes participaciones en la banca pública, el sector energético, la construcción y especialmente en los medios de comunicación. En febrero de este año, la Oficina Antifraude de la UE puso el foco en supuestos contratos fraudulentos que se habrían financiado con fondos de cohesión comunitarios. Uno de los casos más destacados es la creación de un estadio de fútbol con capacidad para 4.000 personas en Felcsut, a 50 kilómetros de la capital y ciudad natal de Orban, que, sin embargo, cuenta con menos de 2.000 habitantes.

Multitud de conexiones dudosas como ésta han deteriorado la percepción de la corrupción. Según el último índice de Transparencia Internacional, Hungría registró un preocupante descenso en los últimos seis años. En una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 representa la percepción ciudadana de un gobierno íntegro, el país pasó de 55 en 2012 a 45 puntos en 2017. A esto se une que Freedom House ha señalado a Hungría como el país menos democrático entre los 28 estados miembros de la Unión Europea.

Desde 2010, Orban y su partido Fidesz son promotores de lo que han bautizado como «democracia iliberal». En la práctica, el Gobierno ha aprobado leyes que restringen la libertad judicial e intimidan a la sociedad civil. Hace ocho meses, el Parlamento húngaro aprobó una ley que prohíbe cualquier universidad que ofrezca títulos acreditados en el extranjero. La Universidad de Europa Central (CEU) era la única de esta naturaleza en el país. Un pequeño reducto alejado de las presiones del Gobierno y financiada por George Soros, multimillonario de origen húngaro al que Orban acusa de estar detrás de las últimas protestas.

Alarma en la UE

Esta actitud no pasó desapercibida en Bruselas donde, en julio de este año, el Parlamento Europeo votó para aprobar un informe que detalla las amenazas a la democracia y al Estado de Derecho en Hungría. Si Budapest ha atentado contra los valores de la UE debe ser determinado por el Consejo Europeo, compuesto por los gobiernos de los estados miembros. El Consejo tiene la autoridad de aplicar el artículo 7 del tratado de la Unión y despojar al país de su derecho a voto, pero el Gobierno de Polonia, con políticas muy similares a las de Orban, ya ha dicho que vetará cualquier sanción contra Budapest.

Las enemistades que se pueda ganar dentro del club comunitario nunca han preocupado al primer ministro húngaro. Ha convertido a su país en la fábrica de bajo coste de las grandes empresas europeas, pero sin un modelo sostenible de productividad. Su discurso belicista contra la Unión Europea y los inmigrantes parece no ser suficiente para seguir manteniendo a los húngaros en sus hogares.