Juicio final contra Lula

La situación procesal del ex presidente marcará la campaña de las presidenciales, a las que se quiere presentar.

El futuro judicial del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva marcará el devenir político del país más poblado de América Latina. El Supremo Tribunal Federal (STF) decidía, al cierre de esta edición, si el ex mandatario era detenido o seguía en libertad seis meses antes de las presidenciales en las que parte como favorito. Las calles de acceso a la corte en Brasilia estaban bloqueadas ayer. De hecho, la Policía instaló vallas para separar a los partidarios y los adversarios del líder de la izquierda a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los tres poderes donde está el Supremo Tribunal Federal (STF).

Al mediodía, bajo fuerte lluvia, aún no había señales de manifestantes en el bulevar. Los once magistrados del STF empezaron los debates, retransmitidos en directo por televisión, que debían extenderse varias horas. Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras, pero presentó un recurso ante el STF para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.

El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segunda instancia desató los profundos antagonismos políticos en el gigante suramericano y enrareció el clima de precampaña de las elecciones presidenciales de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985. La última discusión del STF sobre la llamada ejecución provisoria de la pena terminó con un ajustado seis a cinco a favor de la interpretación vigente.

En Sao Paulo, en la sede del Sindicato de Metalúrgicos, cuna del ascenso que llevó a Lula desde el gremialismo hasta la jefatura de Estado, unas 150 personas esperaban la llegada del ex presidente brasileño vestidos con las clásicas camisetas rojas que identfican al Partido de los Trabajadores (PT), cofundado por el ex mandatario. «Esta noche no dormí. Es uno de los peores días de mi vida. Creo que va a ser condenado. Están rompiendo la Constitución y nadie hace nada», dijo Leonor Mata, una profesora de 60 años, afiliada al PT desde hace más de tres décadas.

En la víspera, miles de personas desfilaron en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades al grito de «Lula nunca más» y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice de la investigación del «caso Lava Jato» sobre el escándalo de Petrobras.

El que fue el presidente más popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010) se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la Justicia, y los atribuye a una conspiración para evitar que regrese al poder.

Pese a su delicada situación, el ex mandatario es amplio favorito para ganar las elecciones, incluso con la perspectiva de que la justicia electoral debería bloquear su candidatura en agosto –cuando se abra la ventana oficial para inscribir las postulaciones– por tener ya una condena ratificada en segunda instancia. «Hay una politización de la Justicia. El Poder Judicial se posiciona como un actor que busca sanear la política por una vía externa y eso genera inestabilidad», aseguró Emerson Cervi, profesor de la Universidad Federal de Paraná.