La arremetida de los sicarios enciende las alarmas en Lima

El incremento de asesinatos a manos de sicarios ha encendido las alarmas en Lima, donde en las últimas semanas se ha desatado una aparente guerra entre bandas de narcotraficantes que ha llevado al Gobierno a plantear sanciones más drásticas contra estos delitos. Las últimas informaciones policiales indican que en los dos primeros meses de este año se cometieron 26 homicidios de este tipo en el puerto del Callao, y en marzo y abril otros 12 en Lima.

El tema volvió a las primeras planas el pasado 1 de abril, cuando un grupo de desconocidos atacó con armas de fuego y bombas incendiarias el lujoso vehículo del empresario Gerald Oropeza, actualmente fugitivo y acusado de vínculos con el narcotráfico.

Según informó el domingo la Policía, Oropeza al parecer está herido, pero ha logrado fugar hacia Ecuador, a pesar de que se ha comunicado con las autoridades para negar las acusaciones en su contra y pedir garantías para su vida antes de entregarse.

Medios locales afirman que Oropeza estaba vinculado con un italiano que intentó sacar 673 kilos de cocaína por el puerto del Callao y que fue atacado por una deuda de 5 millones de dólares que tiene con un narcotraficante.

El pasado 19 de abril, un testigo clave en el caso, Patrick Zapata Coletti, de 25 años, fue encontrado muerto en un descampado en el norte de Lima con 11 disparos de arma de fuego, tras haber declarado pocos días antes ante la Policía.

La semana pasada, Antonio Amadeo Saucedo, “Chino Saucedo”, a quien los medios vinculan con la muerte de Zapata, fue asesinado de cinco balazos cuando se desplazaba en un taxi por el distrito residencial de San Isidro tras salir de una discoteca.

Al respecto, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi declaró a Efe que “el sicariato es una delito relativamente nuevo, que ha crecido en los últimos seis o siete años de manera descontrolada” en Perú y que a pesar de que apareció vinculado al narcotráfico también es “realizado por extorsionadores y por cualquiera que desee contratar a un sicario.”

Rospligiosi recordó que “hace tiempo que Perú es el primer productor mundial de cocaína” y consideró que “sin duda ese es un problema” que deberá combatirse enfrentando la corrupción en las instituciones y creando un sistema especial de lucha contra el crimen organizado.

Según un informe del diario El Comercio, en Perú se produce al año 400 toneladas de cocaína pura y el narcotráfico mueve 6.500 millones de dólares, entre la comercialización de los narcóticos y el patrimonio adquirido con el dinero ilícito.

A pesar de que las autoridades afirman que se está lejos de un problema similar al que se presenta en países como México, Rospigliosi consideró que Perú está “en camino hacia eso” y enfatizó que el próximo gobierno, que asumirá el cargo en julio del 2016, debe aplicar medidas urgentes para frenarlo.

“Ya con este gobierno las cosas están perdidas, no hay una política de seguridad, si el siguiente gobierno no da un vuelco en política vamos a ser un país con esos niveles de violencia”, alertó.

El sábado, el ministro del Interior, Gustavo Adrianzén, anunció que pedirá que se impongan sanciones más duras contra los sicarios, con el incremento de los agravantes y la ampliación de los plazos de detención en las comisarías para favorecer las pesquisas policiales y evitar que sean liberados al día siguiente.

Adrianzén dijo que llevará estos planteamientos al Consejo de Ministros, que próximamente solicitará al Congreso que le otorgue facultades para legislar en temas económicos y de seguridad, según ha anunciado el primer ministro Pedro Cateriano.

La organización civil “Lima cómo vamos” presentó este año un informe sobre la calidad de vida en la capital peruana, que indicó que la inseguridad es considerada el principal problema por el 82 % de los ciudadanos.