La esposa de López denuncia un intento de asesinato

Lilian Tintori denuncia que el atentado contra un dirigente regional de la oposición venezolana fue planeado contra ella.

El asesinato de un dirigente opositor durante un acto de campaña remata la escalada de violencia previa a las elecciones en Venezuela. Luis Manuel Díaz, secretario del partido opositor Acción Democrática (AD), fue asesinado la noche del miércoles en Altagracia de Orituco, en el Estado de Guarica, durante un mitin en el que participaba Lilian Tintori, la esposa del líder opositor preso Leopoldo López. «Quieren matarme», denunció la líder opositora en una rueda de prensa ayer en la que señaló a Nicolás Maduro como responsable. Sobre los hechos, Tintori relató que la ráfaga de «diez disparos» fue «muy cerca» de ella, situada a unos dos metros de la víctima: «Me revisé el cuerpo porque sentía que me habían dado a mí».

El asesinato de Díaz fue la culminación de una jornada accidentada para Tintori. Su caravana llegó a la zona en dos avionetas y una de ellas, en la que viajaba la cantante venezolana Rummy Olivo, presentó fallos en los frenos y «se incendió» tras un aterrizaje «forzoso». Para la opositora, «alguien quitó los frenos» y lo considera «un intento de doble asesinato». Durante el día Tintori había denunciado, además, que fue «apedreada» por oficialistas y fue retenida por las autoridades del aeropuerto de isla Margarita.

Mientras la opositora comparecía en una rueda de prensa emitida por internet, el presidente Maduro aparecía en la televisión pública en un acto de campaña donde rechazaba como «falsas y temerarias» esas acusaciones, que tildó de «intento de provocación» desde la oposición para «sembrar el país de violencia» y culpar al Gobierno por esos «actos bochornosos». En la misma línea, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó los hechos de «montaje opositor».

El asesinato de Díaz ha embrollado la campaña en un cruce de acusaciones. El incidente fue anunciado por Henry Ramos Allup, candidato de AD a la Asamblea Nacional a través de su cuenta de Twitter como un ataque «de bandas armadas» ligadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Una incriminación a la que el comando oficialista de campaña Bolívar-Chávez ha respondido con la presentación de una denuncia por «difamación y calumnia». Según este brazo político del Gobierno, el asesinato se produjo por una pugna entre sindicatos de la construcción, sector en el que trabajaba el dirigente opositor. El jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, y otros portavoces del Gobierno llegaron a señalar que la víctima pertenecía a una banda armada y que se trató de un ajuste de cuentas.

De momento, la Fiscalía ha abierto una investigación por esa muerte para esclarecer, entre otros, si la víctima se encontraba debajo de la tarima, como indica la versión oficialista citando a fuentes policiales, o encima de la tarima, como defiende Tintori para justificar que fue «un intento de asesinato» contra ella.

Ante ese repunte de la tensión, la misión de acompañamiento electoral de la Unasur expresó «su más enérgico rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar al desarrollo normal del proceso electoral». La comisión también hizo un llamamiento «para lograr la paz entre ambas partes». Una petición criticada por el opositor Ramos Allup, porque «una de las partes [los opositores] ya se mantiene en paz».

El asesinato de Díaz no es un caso aislado. La oposición ha sufrido tres ataques –algunos con armas de fuego– en los últimos días. El domingo, un grupo de encapuchados con indumentaria chavista cerró el paso de la caravana electoral del candidato opositor Miguel Pizarro y dispararó al aire intimidando a los presentes. Hace dos semanas un grupo de personas impidió la entrada del excandidato presidencial Henrique Capriles al poblado de Yare. Según el líder opositor, el grupo estaba encabezado por el alcalde de esa localidad, que le recibió «pistola en mano disparando». Algunos seguidores de Capriles también fueron atacados el miércoles mientras esperaban al político para un acto en Guayana.

El politólogo venezolano Piero Trepiccione señala que esos incidentes «obedecen a una planificación, pues no se trata de un hecho aislado». Ante un escenario de amplia participación, según algunos sondeos, para las elecciones, «estos grupos armados progubernamentales buscan coartar, generar miedo e impedir que la gente acuda a votar». Para este analista, el Gobierno chavista tiene la obligación de frenar esos ataques «por la afinidad ideológica» de esos colectivos armados, en lugar de mostrar «debilidad institucional y permisión», como indica Trepiccione, quien añade que ese tipo de violencia política ha disminuido en el último año «debido sobre todo a la despolarización de la sociedad», que «ha dejado sin razón de ser a esas bandas». No obstante, la laxitud del Gobierno, sumada a los problemas económicos, han disparado los índices de criminalidad hasta situar a Venezuela como el país con mayor número de homicidios, sólo detrás de Honduras.

El país tiene una tasa estimada de 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, tres más que en el año anterior. Una tendencia que se mantiene al alza en la última década, según el monitoreo del Observatorio Venezolano de la Violencia, una ONG que lleva el recuento de asesinatos, ya que el Gobierno dejó de publicar datos oficiales en 2004. El año pasado se registraron 24.980 muertes violentas.

Uno de los candidatos del PSUV, Freddy Bernal, asumió el fracaso de Maduro para atajar la inseguridad. Bernal reconoció que «no es suficiente» el Operativo para la Liberación y Protección de Pueblo (OLP), el proyecto de seguridad implementado por Maduro, ya que «los criminales han desafiado al Estado de Derecho y han optado por enfrentarse a los cuerpos policiales y a la sociedad». Una guerra abierta para el chavismo.