Londres y Bruselas bloquean el Brexit

May no consigue cerrar con los Veintisiete un compromiso sobre Irlanda que pueda llevar al Parlamento. Intenta atraer a los diputados laboristas con promesas sociales.

A escasas tres semanas de que se cumpla la fecha de salida del bloque y sin que sus señorías hayan ratificado aún el acuerdo de retirada, el Brexit está prácticamente desaparecido de la agenda pública. Es como un elefante en una habitación. Todo el mundo lo ve, pero, aparentando que no está, se asume que el problema no existe. Apenas hubo referencias al divorcio con la UE en la sesión semanal de preguntas a la «premier» que tuvo lugar ayer en la Cámara de los Comunes, a pesar de que se trataba de la última antes de que tenga lugar el próximo martes la votación del pacto que Theresa May intenta mejorar con Bruselas tras la histórica derrota de enero. En su lugar, la sesión parlamentaria estuvo dominada por el incremento de los homicidios con arma blanca registrado en los últimos días.

El ambiente es extraño. Es como la calma antes de la gran tormenta que se prevé arrase Westminster la próxima semana, cuando los diputados se enfrenten a la hora de la verdad. La «premier» ha prometido una nueva votación sobre el pacto de salida antes del 12 de marzo, aunque todo el mundo asume que será ese mismo día. En caso de que la Cámara Baja vuelva a rechazar el acuerdo, habrá una nueva votación el 13 de marzo para decidir si se abandona la UE sin pacto. Y en caso de que esta opción tampoco prospere, sus señorías votarán sobre si solicita a los Veintisiete una prórroga.

Según los expertos consultados, las posibilidades de que May consiga sacar el acuerdo adelante «no son muchas», pero tampoco «se da por hecho seguro una derrota». Todo dependerá de los avances que puedan realizarse antes del domingo respecto al llamado «backstop». La polémica salvaguarda para evitar una frontera dura en Irlanda es el principal escollo por el que la Cámara de los Comunes se niega a ratificar el pacto. En este sentido, May trata de lograr algún tipo de concesión de la UE que haga cambiar de opinión a los diputados. Hay muchos rumores de que el domingo viaje a Bruselas.

Quien lleva ahora todo el peso de esta nueva fase de conversaciones es el fiscal general, Geoffrey Cox, quien el martes cruzó el Canal de la Mancha, junto con el ministro para el Brexit, Stephen Barclay, para reunirse en una cena con el negociador jefe del equipo comunitario, Michel Barnier. La versión oficial que ofrecieron ambas partes fue que las conversaciones «fueron difíciles» aunque «continúan». Pero la versión extraoficial que plasmó ayer la prensa británica es que el escenario no es precisamente optimista porque no hay ningún avance.

Tal y como está ahora mismo planteado el «backstop», Reino Unido quedaría dentro de la unión aduanera e Irlanda del Norte además vinculada al mercado único de bienes hasta que se logre cerrar un acuerdo comercial. La gran demanda del núcleo duro euroescéptico de los «tories» y de los norirlandeses del DUP es que la salvaguarda no sea una medida permanente. Piden, además, que exista algún tipo de mecanismo para poder salir de manera unilateral. Sin embargo, Bruselas no está dispuesta a llegar a este tipo de concesiones.

El European Research Group, que representa a los «brexiters» del Partido Conservador, está completamente dividido. Alrededor de 20 de sus 90 miembros habrían tomado ya la decisión de votar en contra del acuerdo de retirada. Otros consideran que es la opción menos mala a fin de evitar ampliación de plazos.

En cualquier caso, la «premier», por una cuestión puramente aritmética, es consciente de que también necesita el apoyo de representantes de la oposición. En este sentido, en un intento de recabar votos entre los laboristas, prometió ayer que, una vez el país esté fuera de la UE, el Parlamento podrá votar sobre las directivas laborales que adopte en el futuro el bloque, en lugar de que, como ahora, se incorporen automáticamente a la legislación nacional. Sin embargo, la oposición y los sindicatos consideran la propuesta insuficiente y alertan de que Reino Unido podría quedarse atrás en materia de derechos laborales.

Por su parte, los ministros de Empresas, Greg Clark, y Comercio Internacional, Liam Fox, confirmaron que el Gobierno prepara una nueva política arancelaria con la liberalización de varios sectores económicos, para el caso de que el país deje finalmente el bloque sin pacto. Clark reveló estos preparativos después de que Sky News asegurara que el Ejecutivo planea recortes de hasta un 90% en las tarifas a la importación de ciertos productos, para evitar un fuerte incremento de los precios y demostrar que la economía británica está «abierta» para los negocios.