Maduro asume la reeleción en plena crisis de legitimidad

El presidente venezolano toma posesión el día 10 ante el Tribunal Supremo, sin apenas presencia de líderes internacionales y con una Asamblea Nacional en contra, que niega su naturaleza democrática.

El 10 de enero la historia de Venezuela da un giro. Por primera vez en tiempos de chavismo la legitimidad de origen de la Presidencia de la República estará cuestionada por actores nacionales e internacionales. Ese día, Nicolás Maduro debería tomar posesión para un nuevo período de seis años frente al país latinoamericano, pero las condiciones de su elección manchan. Maduro fue «reelecto» en mayo pasado en unos comicios que han sido rechazados por la comunidad internacional, al ser convocados de manera irregular y sin participación de la oposición. Por lo tanto, su segunda legislatura tiene vicios de origen. Hasta ahora al mandatario se le cuestionaba su desempeño al frente del Estado, las violaciones a derechos humanos, los encarcelamientos, los ataques a la disidencia, la censura o el control institucional, pero no que hubiera sido elegido en 2013.

Esa realidad cambia ahora. El Parlamento venezolano anunció que no lo juramentará el 10 de enero, como corresponde según la Constitución. El chavismo ha respondido anunciando que el acto se realizará ante el tribunal Supremo de Justicia al considerar que el Legislativo está «en desacato» y, por tanto, impedido de cumplir sus roles. En el camino ha quedado la Asamblea Constituyente chavista, el cuerpo «supraconstitucional» que Maduro conformó en 2017 y al que, en su teoría, están supeditados todos los demás poderes. Pero Maduro decide no juramentarse allí, tomando en cuenta que es un organismo considerado ilegítimo por más de 60 países. Y el gobernante necesita algún tipo de reconocimiento. El Grupo de Lima, que agrupa a 14 países del continente americano, anunció el 4 de enero que desconoce un nuevo mandato del heredero de Hugo Chávez y lo exhortó a entregar el poder a la Asamblea Nacional como institución legítima, electa y plural, para que se promuevan unas nuevas elecciones libres para escoger Presidente. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, anunciaron posibles sanciones para quienes integren el nuevo gobierno de Maduro.

México forma parte del Grupo de Lima pero no apoyó la resolución, escudándose en el respeto a la «autodeterminación de los pueblos» y el principio de no injerencia. El nuevo presidente azteca, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Maduro a su toma de posesión en diciembre pasado. Los mismos principios ha abanderado Uruguay. Estados Unidos, en cambio, ya ha dicho que Maduro es un dictador.

El 10 de enero, por tanto, Maduro jurará ante un auditorio con poca representación internacional. Los embajadores de países de la UE no acudirán a la cita, como lo confirmó el representante francés Romain Nadal, presente en la juramentación de la nueva directiva del Parlamento venezolano. Dijo que es una posición conjunta. Juan Guaidó tomó posesión como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN). «La Presidencia a partir del 10 no se encuentra vacante. Está siendo usurpada. Estamos en una dictadura», dijo Guaidó el sábado al asumir como nuevo presidente del Poder Legislativo, la única institución no coptada por el chavismo en Venezuela. Durante su primer discurso, el diputado más joven en asumir ese rol respondió a quienes le increpan por asumir el mando del país ante un supuesto vacío de poder: «No compete solo a este Parlamento nombrar a alguien. Depende de todos los venezolanos, de la Fuerza Armada, de la base política del Gobierno». El Parlamento electo en 2015 tiene mayoría opositora pero sus decisiones son ignoradas por el resto de las instituciones del país controladas por el chavismo. Los legisladores de Maduro, de hecho, dejaron de asistir a sus sesiones en 2016. Pero la AN sí tiene reconocimiento internacional. La UE, EE UU, el Grupo de Lima y otras naciones reconocen su validez, más que la del propio Maduro. Por eso el Legislativo pasará a la vanguardia a partir del jueves. El 8 de enero, declarará la ilegitimidad y el desconocimiento de Maduro como presidente, así como ratificará la «la usurpación del cargo». Entonces, «asumirá la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional», según Guaidó.

División en los cuarteles

El Legislativo creará un Órgano de Transición para buscar «la restitución del orden constitucional» articulando esfuerzos con «autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional», designará funcionarios para cargos «usurpados» y buscará ayuda internaciona. Y allí toman relevancia los cuarteles. Guaidó anunció que «luego del 10 de enero, la cadena de mando está rota», en claro mensaje a los militares venezolanos. Sin un presidente legítimo, no hay comandante en jefe, no hay superior, no hay autoridad. Por ahora el Alto Mando Militar ha dado su respaldo a Maduro, pero en las barracas hay inconformidad. En el país hay al menos 150 militares encarcelados, acusados por rebelión, incluso de alta graduación.

El día 10 la historia de Venezuela da un giro, aunque la cotidianidad aguas abajo se mantenga precaria, con una hiperinflación de al menos 5% diaria y ua pobreza que ya alcanza el 92% de los hogares venezolanos.