Merkel alerta de que Schengen peligra si no se cumplen las cuotas

La canciller alemana afirma que «toda Europa debe moverse» para resolver la crisis migratoria y proteger el proyecto que ampara «los derechos universales».

Tal y como se esperaba, la canciller alemana, Angela Merkel, abordó la cuestión de la crisis migratoria como plato fuerte de la agenda en la rueda de prensa ofrecida ayer en Berlín. Los desacuerdos entre los Estados miembros por el reparto de refugiados llevaron a la canciller a alertar sobre el peligro que podría correr el acuerdo Schengen, el que permite la libre circulación por sus 26 Estados. «Si no se lleva a cabo un reparto equitativo de refugiados, muchos volverán a cuestionarse Schengen», declaró la canciller. La ola de migrantes que buscan un hogar en Europa debido a las situaciones de guerra y miseria en sus países de origen y la negativa de algunos Estados a acoger un número justo de refugiados políticos están debilitando al bloque europeo. La canciller dejó claro en su comparecencia que Alemania reaccionará ante la crisis y comenzó a marcar la agenda para atacar el problema. Frenar esta situación es un «enorme reto nacional», añadió, y la comparó con otras circunstancias a las que Europa ha tenido que enfrentarse, como la crisis financiera mundial o la reunificación alemana. «Europa, en su conjunto, debe moverse» y eso incluye también «repartir las cargas» entre los veintiocho Estados, apuntó la canciller. De lo contrario, se corre el riesgo de «romper el vínculo» que une Europa «con los Derechos Humanos universales», declaró. Además, la mandataria recordó que la Unión Europea está construida sobre el principio de respetar la «dignidad de cada ser humano». Al mismo tiempo, Merkel anunció que presentaría, antes del 24 de septiembre, una lista de medidas que adapten la legislación alemana a la actual situación migratoria. Este paquete estará encaminado a agilizar los procesos burocráticos de aquellos demandantes de asilo político, además de a facilitar la ayuda y el alojamiento digno para los refugiados. La canciller ya declaró que aprobaría un programa propuesto por la Comisión Europea de 10.000 millones de euros para trámites en países con conflictos.

Alarmada por la enorme la magnitud que está cobrando la crisis, la Unión Europea ya había convocado una reunión extraordinaria con los ministros de Justicia y del Interior de los Estados miembros para el 14 de septiembre, algo anteriormente demandado por Francia, Alemania y Reino Unido. En esta cita, se revisará la política de retorno de refugiados y se abordarán posibles maneras de luchar contra las bandas que trafican con personas. También podría elaborarse finalmente una lista de países «seguros»: naciones con las condiciones necesarias para proteger a los asilados y garantizar una devolución más efectiva de quienes no obtengan el derecho de asilo. A esta reunión, convocada el pasado domingo, acudirá la agencia de fronteras de la UE, Frontex, que aportará datos sobre los flujos migratorios en el continente, según aseguró Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Tusk recalcó que se trabajará en medidas para impedir el tráfico de inmigrantes, una de las cuestiones más urgentes, señalando, a su vez, que la crisis migratoria era el «desafío más importante» al que se enfrenta Europa en la actualidad. Nueve países comunitarios ya habían pedido un cambio en las normas que regulan Schengen, algo rechazado ayer por la Comisión Europea. Esta propuesta de modificación de las regulaciones firmada por España, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Suiza, sugerían controles permanentes en zonas del espacio Schengen, sólo «donde sean necesarios». Es una de las reacciones encaminadas a prevenir futuros ataques tras el atentado frustrado de Thalys del 21 de agosto. «Schengen no es el problema», aseguró, sin embargo, el portavoz comunitario, Margaritis Schina, argumentando que el aumento de los controles de seguridad recién aprobado es compatible con las normas del acuerdo.

Hungría, por su parte, no se muestra del todo conforme con las políticas germanas en materia de inmigración, y envió ayer un comunicado pidiendo a Berlín una «aclaración de la situación jurídica». Esta nota, de parte del Ejecutivo húngaro de Viktor Orbán, llega unos días después de que Berlín hiciera pública su decisión de no devolver a los refugiados sirios al país de la UE por el que entraron, como establece la convención de Dublín. Según Hungría, esta decisión no genera más que confusión. Son muchos los países europeos que miran escépticamente hacia Budapest, especialmente tras su decisión de levantar una valla de alambre que cubre los kilómetros de su frontera con Serbia para evitar la entrada masiva de refugiados. Además, es muy posible que su Parlamento apruebe duras medidas, que podrían llegar hasta los 3 años de privación de libertad- para aquellos que crucen la alambrada ilegalmente. Naciones como Francia ven la construcción de esta valla como una falta al respeto a los valores europeos.

El mismo día que se hacen públicas las declaraciones de la mandataria germana, Austria, el país donde la pasada semana se encontró un camión abandonado con 71 cadáveres de refugiados y cuyas autoridades interceptaron una segunda furgoneta con 26 migrantes a bordo, anunció un refuerzo de las medidas para intentar frenar el contrabando de personas. La ministra austriaca del Interior, Johanna Mikl-Leitner, explicó que, por un lado, las penas de prisión para los traficantes serán mucho más duras, al tiempo que los controles en vehículos sospechosos se volverán mucho más exhaustivos. Milk-Leitner añadió que el problema tenía que ser abordado a nivel europeo, apelando a una cooperación entre los Estados miembros. Además de en Alemania, donde sólo en 2015 se han arrestado 1.785 contrabandistas, Austria también ha sufrido el incremento masivo de estas operaciones. El año pasado se detuvieron a 270 traficantes dentro de sus fronteras, mientras este año ya son más de 700. Al mismo tiempo, los migrantes que llegan ilegalmente a territorio austriaco han crecido notablemente, saltando de los 9.800 registrados el año pasado a la cifra actual de 30.000 en lo que va de año.