La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, nunca tuvo dudas de que su proyecto estrella para hacer frente a la inmigración irregular, externalizando la gestión de los flujos migratorios fuera de la Unión Europea, sería un éxito. "Los centros en Albania funcionarán. ¡Funcionarán! Aunque tenga que pasar cada noche (trabajando) desde ahora y al final del Gobierno italiano... ¡funcionarán!", repitió con vehemencia durante la última fiesta de su partido en Roma hace casi un año.

Desde entonces, los sucesivos varapalos judiciales a su polémico plan de traslado de migrantes a centros de internamiento en Albania, las denuncias de las organizaciones humanitarias y las críticas internas por su elevado coste parecen haber enterrado definitivamente el experimento. El acuerdo firmado en 2023 por Meloni y el primer ministro albanés, el socialista, Edi Rama, cuyo presupuesto inicial superaba los 650 millones de euros, se basaba en enviar al país balcánico a migrantes varones, mayores de edad y procedentes de países considerados seguros.

Era el 16 de octubre de 2024 cuando el primer buque de la Marina italiana llegó al puerto albanés de Shengjin, donde Italia construyó uno de los dos centros –con capacidad para casi 900 personas– para expulsar desde allí a los migrantes sin derecho a asilo. A bordo viajaban 16 hombres de Bangladés y Egipto, que habían sido interceptados en el Mediterráneo mientras trataban de alcanzar las costas italianas.

Comenzaba así a aplicarse el llamado "Protocolo Italia-Albania", bendecido incluso por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que lo definió como "una estrategia innovadora". Un año después, sin embargo, los barracones levantados en tiempo récord en el país balcánico permanecen prácticamente vacíos.

Las tres primeras veces que Italia envió a Albania a migrantes rescatados en aguas internacionales, los magistrados transalpinos rechazaron convalidar su retención y ordenaron su traslado a la península, amparándose en una sentencia europea que considera que un país no puede ser considerado seguro si no lo es en todo su territorio y para todas las personas. El Gobierno de Meloni aprobó entonces un decreto ley que blindaba la lista de países seguros, pero el Tribunal de Roma solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciara al respecto.

Solo 37 personas han sido repatriadas

En agosto, la corte europea consideró que un Estado miembro no puede designar como país de origen "seguro" a una tercera nación que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los criterios para tal designación. La sentencia fue la puntilla que puso fin, al menos de momento, al plan migratorio de Meloni, que se inspiraba en la propuesta fallida del ex primer ministro británico Rishi Sunak de deportar a Ruanda a los "sin papeles" del Reino Unido.

"Durante los diez meses que quedan antes de que entre en vigor el Pacto de Migración de la UE, el Gobierno italiano explorará todas las soluciones técnicas y jurídicas posibles para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos", dijo la primera ministra tras el revés judicial. Fue así que Meloni decidió cambiar estrategia y en abril transformó el segundo centro construido en Albania, en la localidad de Gjader, en una estructura donde recluir a los inmigrantes irregulares a los que se les había denegado el asilo, antes de expulsarlos a sus países de origen.

Algo parecido a los Centros de Internamiento y Expulsión (CIE) de España. De las 140 personas que han pasado por estas instalaciones entre abril y principios de agosto, sólo 37 fueron finalmente repatriadas. La mayor parte de ellas, además, fueron trasladadas a Italia de nuevo antes de ser deportadas a sus propios países.

La nueva estrategia del Gobierno italiano ha pasado casi en sordina en Italia, pero las organizaciones humanitarias denuncian que no se trata únicamente de una "extensión" de los centros de expulsión ya existentes en Italia. "La repatriación directa desplaza el enfoque mucho más allá del acuerdo bilateral: no sólo se detiene a las personas fuera del espacio Schengen, sino que se las repatria desde un tercer país sin pasar por ningún territorio sujeto a la plena jurisdicción de la UE", apuntan desde la ONG Emergency. Desde esta organización humanitaria, denuncian que el sistema italiano «consolida un régimen de opacidad que imposibilita la verificación del respeto de los derechos fundamentales» de los retenidos.

La política migratoria de Meloni pasa también por firmar polémicos acuerdos con países como Túnez y Libia para frenar la inmigración irregular en el Mediterráneo central. La Cámara de los Diputados aprobó una moción para renovar el acuerdo con Libia. El pacto fue firmado por primera vez en 2017 por el Ejecutivo socialdemócrata de Paolo Gentiloni y desde entonces ha sido renovado por todos los Gobiernos sucesivos, a pesar de las críticas de las organizaciones humanitarias y organismos internacionales, que denuncian cómo los inmigrantes que llegan al país africano son maltratados por las autoridades y los guardacostas libios.