Pascual Ariño, propietario de 16 viviendas: "No es normal que a un autónomo que factura 1.000 euros le quites un 21% de IVA"

España atraviesa un momento delicado en su panorama económico marcado por tensiones en dos frentes principales. Por un lado, la crisis de la vivienda sigue golpeando con fuerza a la población. Según datos recientes de Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano ha registrado un aumento interanual del 17% en el tercer trimestre de 2025. A esto se suma la escalada del mercado del alquiler, que según Idealista ha sufrido un encarecimiento del 10,9% en el mismo periodo. Estos incrementos ponen de manifiesto la dificultad creciente para que familias jóvenes y hogares con rentas medias accedan a una vivienda digna, generando preocupación sobre la sostenibilidad del mercado inmobiliario.

Por otro lado, la carga fiscal que soportan los autónomos en España sigue siendo un tema de debate. El Gobierno había planteado inicialmente una subida de la cuota que oscilaba entre los 17 y los 206 euros al mes, una propuesta que generó rechazo entre los trabajadores por cuenta propia y finalmente fue retirada. La presión social y económica, junto a las continuas críticas en redes sociales que motivaron el enfado de los trabajadores por cuenta propia, obligó al Ministerio a replantear la estrategia, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la capacidad de pago de los autónomos.

La nueva propuesta introduce cambios diferenciados según los niveles de ingresos. Los tres primeros tramos de cotización, que afectan a los autónomos con ingresos más bajos, se mantendrán congelados, mientras que en los doce tramos restantes se aplicará un incremento moderado que oscila entre el 1% y el 2,5%, en línea con la evolución del IPC. Esta medida busca suavizar el impacto en los profesionales con menos recursos y al mismo tiempo garantizar la recaudación necesaria para sostener la seguridad social. La combinación de estas dos cuestiones, la crisis de la vivienda y la presión fiscal sobre los autónomos, refleja la complejidad de la situación económica española y las dificultades que enfrenta el Gobierno para equilibrar crecimiento, accesibilidad y justicia social.

Un propietario de 16 viviendas crítica los impuestos

Pascual Ariño, inversor inmobiliario que cambió el oficio de policía con el fin vivir de las ventas de residencias, actualmente poseé 16 viviendas en propiedad. En su comparecencia en televisión en el programa "La Sexta Xplica", donde diversos invitados especializados en varios ámbitos expusieron sus pareceres respecto a la situación actual de la economía española, denunció los impuestos abusivos que pagan los contribuyentes. "Justo hoy, antes de venir, he hecho una encuesta en mis redes sociales y todas, absolutamente todas las respuestas que he recibido son que abusan, que pagamos demasiado y que los impuestos no van a donde tienen que ir", explica en relación a su propia experiencia.

Por otro lado, incide en uno de los colectivos más denostados por esta circunstancia: los trabajadores por cuenta propia. "No es normal que una persona que sea un autónomo, que facture 1.000 o 1.500 euros, al final le quites un 21% de IVA, que, por cierto, yo ya no lo pago por las cosas que hago en Andorra", indica revelando su lugar de residencia actual. Por otro lado, el impuesto sobre el valor añadido no es la única carga impositiva a la que tienen que hacer frente los autónomos. "Luego le quitas el IRPF y, encima, tienes que pagar la cuota de autónomos, que ahora la han subido, especialmente a la gente que gana poco", añade.

Por otro lado, incide en otro de los problemas capitales de los españoles, que es la falta de conocimientos sobre cómo gestionar su patrimonio. "Y luego, encima, tiene que pagar también la cuota de la asesoría, porque no nos enseñan educación financiera y nadie sabe presentar los papeles, la declaración de la renta, ni los impuestos, ni la trimestral, ni nada. ¿Eso, al final, qué fomenta? La economía sumergida", sentencia.

¿Por qué los inversores se van de España?

Esta tendencia, que suelte afectar a aquellos que controlan grandes sumas de dinero, como es el caso del inversor inmobiliario, es explicada por él mismo en base a su situación y a las posibilidades que da nuestro país para crecer económicamente. Sin embargo, añade que esta decisión se está expandiendo a las nuevas generaciones. "No solo nos vamos la gente que tenemos dinero, se van multinacionales, estudiantes y gente que tiene 20 o 30 años, que acaban de terminar sus estudios, con una licenciatura, porque aquí no encuentran trabajo", expone. Por último, establece una comparativa en los servicios públicos. "Mi hijo fue la semana pasada al pediatra y me costó 7 euros, y eso porque todavía no he contratado un seguro privado. En Andorra está subvencionado el 75%, y el otro 25% es un seguro privado que cuesta unos 30 euros por persona", concluye.