Los minerales de República Democrática del Congo tienen una doble cara de bendición y de maldición. Son una bendición para quienes se benefician de sus riquezas; son una maldición para los congoleños a ras de suelo que sufren desde hace décadas las luchas despiadadas por el control de los recursos.

El último de estos enfrentamientos tiene como protagonistas al Estado congoleño y al M23, un grupo armado de tintes étnicos y financiado por Ruanda que saltó a las portadas de la prensa internacional en el pasado mes de enero, tras conquistar la ciudad de Goma.

Hoy, los gobiernos de República Democrática del Congo y de Ruanda, reunidos por la mediación de Estados Unidos y de Qatar, se encuentran en el desarrollo de las negociaciones que podrían llevar al final del actual conflicto.

En las últimas semanas, las partes enfrentadas han demostrado su buena fe en el ámbito de las negociaciones, pese a que los combates continúan y algunos actores han expresado su insatisfacción. Las milicias wazalendo, por ejemplo, cuya participación en el conflicto ha sido crucial para salvaguardar (en la medida de lo posible) los intereses del gobierno congoleño han denunciado en repetidas ocasiones que los acuerdos en curso no garantizan una paz a largo plazo y critican que han sido excluidos de la mesa de negociaciones pese a su indudable protagonismo en el campo de batalla. Sin embargo, las conversaciones continúan.

Fue a principios de mayo cuando Massad Boulos, el principal asesor de Donald Trump en África, escribió en X que acogía con “satisfacción” el borrador de una propuesta de paz recibida tanto de la República Democrática del Congo como de Ruanda. Esta declaración vino diez días después de que RDC y Ruanda firmasen una Declaración de Principios en la que ambas partes se comprometían a respetar mutuamente su soberanía e integridad territorial, a buscar una solución pacífica del conflicto, cesar su apoyo a grupos armados y promover la integración económica regional, así como proporcionar un retorno seguro para los desplazados y apoyar a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) en el cumplimiento de su mandato.

Aunque esta declaración abría una puerta teórica a un acuerdo de paz, la realidad es que muchos de los puntos acordados no se han cumplido todavía.

El M23 sigue controlando extensos territorios en el este del Congo, todavía financiado por Ruanda, mientras que múltiples organismos y organizaciones civiles han denunciado la ocupación de tierras fértiles congoleñas por colonos ruandeses. Esto último ha hecho que los desplazados que han retornado a sus hogares en los últimos meses se encontraran con estos ocupados.

Avanzando en las negociaciones, fuentes diplomáticas y de la ONU confirmaron a Reuters la línea que está siguiendo el futuro acuerdo de paz. Estas “condiciones” ya fueron dadas a conocer por la administración Trump en el mes de abril y sigue sin satisfacer las demandas de la población civil congoleña. En esencia, el acuerdo en curso permitiría la entrada de minerales congoleños en Ruanda.

De ese modo, se tornaría en lícito el carácter ilícito que suele afectar a este tipo de comercio. Por otro lado, el procesamiento de materias primas se haría en Ruanda. Estados Unidos se beneficiaría de este acuerdo en la medida de que le permitiría contrarrestar la influencia china en RDC, abriéndole una puerta para obtener jugosos contratos que reduzcan su dependencia externa en la construcción de baterías y sistemas de defensa, el desarrollo de tecnología, etc.

Los beneficios que traería este acuerdo al Congo serían sustanciales. En primer lugar, cabe la posibilidad de que se produzca un aumento considerable de inversiones extranjeras en suelo congoleño, en especial en lo relativo a construcción de infraestructura minera, y el desarrollo de energía y de zonas mineras.

Llevaría a la formalización del sector minero artesanal, que actualmente resulta en un grave agujero de la economía congoleña. Según un informe publicado en 2017 por Global Witness, República Democrática del Congo dejó de percibir entre 2013 y 2025 hasta 647 millones de euros en ingresos mineros como resultado de los pagos que no fueron registrados de manera adecuada. Otro ejemplo considerable se encuentra en el oro: de las 40 toneladas aproximadas que se considera que se extrajeron de RDC en 2021, sólo se reportaron 26 kilos. Esto implicaría unos 2.000 millones de dólares en pérdidas.

Una regularización del sector minero congoleño traería en definitiva importantes beneficios fiscales que podrían sanear de manera considerable la economía del país, aunque todo esto sólo sería posible si los procesos de negociación en curso se hicieran de forma inteligente (por parte de los congoleños) y siguiendo un estricto sentido de transparencia que no es habitual en esta zona del mundo.

Un informe publicado en 2024 por Transparencia Internacional situó a RDC como el octavo país más corrupto de África, mientras que su percepción de corrupción sitúa al país en el puesto 158 del mundo. Como es lógico, no existe ningún punto de los actuales acuerdos que esté dirigido a mejorar esta posición.

Pero no es oro todo lo que reluce. Sobre todo, en República Democrática del Congo. Tal y como expresaron los milicianos wazalendo, las negociaciones en curso traen además un número de desventajas a los congoleños. Uno de los primeros problemas que plantean tiene que ver con la deslocalización del valor añadido de los minerales. Al final, el fuerte de los ingresos de las materias primas viene junto con su procesado.

En el caso de que este proceso tenga lugar en Ruanda, RDC se vería privado del grueso de los beneficios de sus minerales, una realidad cada vez más probable y que frenaría (otra vez) su desarrollo económico.

Una milicia aliada de Ruanda ha provocado una grave crisis de seguridad en el este de República Democrática del Congo, a la vez que se han producido violaciones, asesinatos en masa, saqueos y crisis de desplazados encadenadas. Que Ruanda se beneficie de sus acciones sólo trae un mensaje a la población local: que atacar a República Democrática del Congo no sólo se salda sin un castigo, sino que además puede ser recompensado.

Además, que los recursos congoleños se usen como moneda de cambio para calmar al agresor blanquea y legitima la violencia de los últimos años, a la vez que asienta un poderoso precedente que podría perjudicar a RDC en cuanto Ruanda desee “renegociar” sus condiciones. Aunque los funcionarios congoleños se han negado a firmar ningún acuerdo hasta la salida del M23 de su territorio, la realidad es que esto aún no ha sucedido, pero ya se están desarrollando las conversaciones pertinentes; implica una quiebra de la soberanía congoleña.

Como es lógico, cambiar la influencia de China por Estados Unidos puede interpretarse como una nueva forma de dependencia congoleña de actores externos. Además, que el reparto de materias primas sea decidido por Kigali y Washington demuestra nuevamente una grave violación de la soberanía congoleña que socava el control legítimo de sus recursos.

Las conversaciones en Qatar pueden traer un fin al conflicto actual, sin duda, pero esto no significa necesariamente una victoria para Kinshasa. Al contrario. Todavía quedarían más de cien grupos armados no gubernamentales que operan en el este del país y que también controlan una fracción de los recursos de la zona.

Las concesiones de los congoleños para acabar con la amenaza de uno solo y, para colmo, recompensando sus acciones, es visto por muchos como un precio demasiado elevado. Los propios wazalendo, que han demostrado en repetidas ocasiones su descontento con las negociaciones, podrían suponer un problema a futuro a la hora de cumplir con los acuerdos. No sería la primera vez que un grupo armado progubernamental salta en RDC a las acciones subversivas como respuesta a su descontento con los acuerdos procurados por los políticos congoleños. Ocurrió con los Mai-Mai. Y puede volver a ocurrir.