Obama pide ante la Justicia aplicar un alivio migratorio parcial en EEUU

El Gobierno estadounidense pidió hoy a un tribunal en Nueva Orleans el levantamiento de la suspensión temporal que pesa sobre sus medidas ejecutivas relativas a migración y le permita aplicar el alivio migratorio en los estados que no han presentado una demanda contra ellas.

En un recurso de emergencia, el Ejecutivo solicitó la suspensión del fallo del juez federal de Texas Andrew Hanen, que hace un mes suspendió temporalmente las medidas migratorias a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas.

“Como mínimo, las medidas cautelares deberían ser suspendidas, bien con respecto a los estados que no son parte de esta demanda, bien en los estados demandantes que no sean Texas”, el único que argumentó en el recurso colectivo que sufriría daños por las medidas, según pide el Gobierno en su recurso.

De esta forma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha interpuesto el recurso en representación del Gobierno, da dos opciones al tribunal de Nueva Orleans, considerada una de las más conservadoras de EE.UU.

El DHS pide, en primer lugar, que permita aplicar el alivio migratorio en todos los estados, menos Texas, el único que argumentó en la demanda colectiva que sufriría daños económicos al tener que expedir licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.

“Las quejas de Texas sobre daños financieros ignoran que la acción diferida y las autorizaciones de trabajo permitirán aumentar los ingresos fiscales del estado, donde ya trabajan extranjeros de manera ilegal”, argumenta el Gobierno.

De hecho, en su recurso, el Ejecutivo estima que, gracias al alivio migratorio, Texas podría recaudar 338 millones de dólares a través de impuestos en cinco años.

La otra alternativa que el Gobierno ofrece al tribunal para que se posicione en su favor también se dirige a la aplicación parcial de las medidas migratorias.

El Ejecutivo pide al tribunal que le deje aplicar las medidas migratorias en los otros 24 estados que no han pedido por la vía legal la suspensión de las medidas migratorias.

“Ningún estado ha sufrido un prejuicio irreparable e incluso si el demandante tenía una lesión irreparable, un requerimiento judicial a nivel nacional es manifiestamente excesivo, cuando otros estados podrían beneficiarse de las medidas cuestionadas”, argumenta el Gobierno.

El Gobierno ya pidió al juez de Texas que suspendiera su fallo, pero no ha obtenido respuesta, y ahora ha decidido presentar ante la Corte de Nueva Orleans un recurso de urgencia porque, según sostiene, no puede esperar más.

“A la luz de las circunstancias urgentes y de los intereses federales críticos sobre este tema, incluida la necesidad de proteger la seguridad nacional y la integridad en la frontera, el Gobierno ahora busca el amparo de este tribunal”, afirma en el recurso.

El magistrado de Texas decidió posponer esta semana su decisión sobre si suspendía o no su fallo, como le había reclamado el Ejecutivo, debido a la “gravedad” de unas nuevas acusaciones de los 26 estados demandantes.

La coalición multiestatal denunció que el Gobierno ya ha concedido 100.000 permisos de trabajo a los jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores) que son beneficiarios de la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado deportar a más de medio millón de jóvenes.

En la demanda, se da un plazo de dos semanas al tribunal para contestar y se pide a la coalición de estados demandantes que presenten sus alegaciones en los próximos siete días.

Con el recurso de urgencia, el Gobierno quiere tumbar el fallo que el juez federal de Texas dictó el pasado 16 de febrero, impidiendo la entrada en vigor de la primera fase del alivio migratorio destinado a los jóvenes indocumentados.

Además de la ampliación de la DACA para jóvenes, el fallo del juez Hanen afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para mayo. Beatriz Pascual Macías/EFE