"El pacto migratorio se olvida de los refugiados y erosiona el principio de igualdad ante la ley de la democracia liberal"

El investigador Sergio Carrera, del Centro de Estudios de Política Europea (CEPS), radicado en Bruselas, considera que el acuerdo migratorio alcanzado este miércoles supone un golpe a las democracias liberales ya que erosiona el principio universal de igualdad ante la ley en el caso de los refugiados que llegan a Europa. El nuevo texto, adoptado tras años de negociaciones, acelera la devolución de recién llegados que sean considerados "ilegales". Además, impone cuotas que obligan a todos los Estados miembros a asumir una parte de los solicitantes de asilo o a pagar una cantidad de 20.000 euros por persona en caso de que rechacen hacerlo.

¿Cree que la mayoría de los ciudadanos europeos apoyaría este pacto migratorio?

Hay un fenómeno de descontento, pero en el Instituto Universitario Europeo de Florencia hemos visto con sondeos que mucha gente tiene un sentimiento humanitario y quiere apoyar a los que llegan. La gente que trata de cruzar el Mediterráneo no lo hace voluntariamente sino porque no tiene otras posibilidades. A nivel político, muchas veces se instrumentaliza este tema para buscar otros intereses, como se ve en el caso de Italia, con su primera ministra engendrando un discurso xenófobo y discriminatorio, que es contrario al derecho. Este pacto se olvida de la gente afectada y está basado en una premisa falsa, que sostiene que la gente que viene a Europa no tiene derecho a venir, cuando en realidad hay una gran mayoría que llega a las fronteras exteriores de la UE que tiene una demanda de refugio legítima.

¿El acuerdo daña principios básicos del derecho?

Con el acuerdo se está normalizando una política de crisis que de una manera ilegal está justificando unas normas contra derechos fundamentales que no pueden ser derogados por los estados, incluso en situaciones de crisis. Entiendo que este es un asunto muy difícil para todos los gobiernos, pero eso no puede significar la derogación de los principios que están en la base de nuestras democracias. El pacto da a entender que estamos ante un estado de crisis que justifica no tratar a la gente que llega como seres humanos y con dignidad. Este pacto da más fuerza a esa visión contraria a los principios constitucionales. En la Constitución española se dice que todo el mundo tiene que ser igual ante la ley, por tanto, nadie puede perder su igualdad ante la ley por ser refugiado.

¿Qué papel han jugado los partidos de extrema derecha en la negociación del pacto?

El contenido del acuerdo no viene de la extrema derecha sino de los partidos de centro y de derecha. Lo que han hecho estos partidos ha sido adoptar el discurso de los radicales en lugar de desafiarlo. De esta manera, se está normalizando una diferenciación entre personas solo porque tienen un estatus de demandante de asilo. Por tanto, no es una cuestión de Europa, sino que atañe a los principios constitucionales del derecho liberal. Casi todos los países han acabado normalizando un discurso que discrimina e inflama el debate. Lo que me preocupa es que el pacto no soluciona esta situación sino todo lo contrario. Genera una visión de amenaza sobre la UE, como si fuera un asunto que los estados no pueden tratar de una manera racional y acorde con los derechos humanos.

¿Cómo afecta el pacto a los refugiados?

El pacto va a provocar más detenciones en la frontera. La cuestión es qué se va a hacer con esa gente. Legalmente no se les puede retornar. Lo que dice el acuerdo alcanzado es que hay que acelerar los procedimientos para distinguir quién es el verdadero refugiado del que no lo es. Eso no es tan fácil y llevará procedimientos más injustos. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con los menores, con las minorías y con los migrantes con discapacidad?

¿Europa no quiere inmigrantes no europeos?

Ucrania ha señalado la diferencia de trato cuando son personas que vienen de países africanos y asiáticos y cuando son europeos. ¿Es legitima esta discriminación en función de los rasgos físicos y del color de la piel? Un estado tiene que tener la capacidad de gestionar la recepción de gente que entra de manera calmada, sin necesidad de dar un enfoque militar y defensivo, con violencia institucional. Si los estados implícitamente a nivel institucional normalizan este tipo de discriminación, como se ha visto en el caso de España, se está enmarcando la inmigración como una amenaza territorial.

¿Habrá más fricciones entre los estados miembros cuando se aplique el nuevo acuerdo migratorio?

Vamos a tener una nueva normativa que ofrece más excepciones y da más flexibilidad a los estados miembros, y vamos a ver más fragmentación y menor consistencia a la hora de implementar estas políticas. No habrá una política común, ya que cada estado aplicará sus excepciones y derogaciones, y quedará menos claro cuáles son sus responsabilidades.

¿Cómo valora la negociación que ha dado luz verde al nuevo pacto migratorio?

En el pacto migratorio se les ha dado demasiado peso a los estados miembros cuando en realidad aborda un tema cuya competencia es de la Comisión Europea. Los gobiernos han tenido durante la negociación demasiadas excepciones en el derecho de asilo al permitir aplicar excepciones, dañando así los derechos fundamentales de los refugiados. La Comisión Europea tiene el papel de salvaguardar los intereses de la UE y no el de los gobiernos, que van y vienen. Los gobiernos de Polonia y Hungría van en contra de los valores de los tratados y están sentados en la mesa negociando textos que tienen un impacto en los derechos de las personas.