Penas de 15 años para los traficantes de migrantes en la UE

La inmigración sigue siendo un tema volcánico en muchos de los países europeos, como demuestra la reciente victoria del candidato de ultraderecha Geert Wilders en Países Bajos, que ha hecho de este tema uno de los ejes principales de su discurso. Las instituciones europeas temen que los constantes fracasos a la hora de reformar el sistema de asilo europeo den alas a los partidos euroescépticos, antes de los comicios a la Eurocámara que tendrán lugar en junio del año que viene y, por eso, también han hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de los ejes de su discurso.

Como modo de seguir batallando contra los flujos descontrolados de personas a la Unión Europea, la Comisión Europea ha propuesto este martes una nueva normativa que persigue mano dura contra los traficantes de personas que, según cálculos del Ejecutivo comunitario, llegan a amasar entre 4.700 y 6.000 millones de euros anuales en todo el mundo.

Esta estrategia presentada este martes busca armonizar este tipo de delitos en toda la Unión Europea y endurecer las penas. Si actualmente aquellas actividades que ocasionen la muerte de una o más personas, como habitualmente sucede con los cayucos, suponen una pena de cárcel mínima de 8 años en todos los Estados miembros, ahora el Ejecutivo comunitario quiere casi duplicar este periodo para que sea al menos de 15 años en todos los países. Además, Bruselas pretende establecer definiciones más claras para este tipo de delitos para incluir cualquier instigación a intentar franquear las fronteras europeas sin permiso legal y que esto abarque anuncios través de redes sociales e internet. “Hoy en día la mayoría de los cruces irregulares se anuncian en redes sociales, se organizan a través de aplicaciones de mensajería y se pagan mediante transferencias digitales de dinero. Y este problema sólo puede resolverse a escala internacional, trabajando con empresas de internet”, ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una conferencia celebrada en la capital comunitaria.

Los castigos también se aplicarán cuando, por ejemplo, se produzca un naufragio en aguas internacionales y los pasajeros mueran o en barcos y aviones registrado en países europeos y cuyos delitos sean cometidos por ciudadanos con negocios legales. El propósito es perseguir a estas redes mafiosas y no criminalizar a las organizaciones no gubernamentales que realizan rescates.

Además, Bruselas quiere que las autoridades nacionales mejoren sus medios para luchar contra estas mafias y que recaben la información necesaria para mejorar la detección de casos y conocer la escala del desafío. Asimismo, la Comisión Europea también pretender fortalecer los poderes de Europol para mejorar la coordinación entre los países europeos y el resto de agencias. Esto incluirá más recursos para los países que deberán contar con servicios especializados que estén conectados con la red de intercambio de información (SIENA). Además, el nuevo centro especializado de Europol también podrá cooperar con otros países en el intercambio de información caso por caso y en el despliegue de efectivos también en países fuera del bloque comunitario.

La UE es consciente de que no puede luchar sola ante este fenómeno. Por eso, von der Leyen ha apelado a instituciones europeas, organizaciones internacionales, gobiernos y las plataformas de internet a permanecer unidos para hacer frente a este “desafío común”. “Con una alianza global podemos empezar una nueva era de cooperación y dar una oportunidad mejor a millones de personas”, ha explicado la política alemana quien también ha defendido la necesidad de promover cauces para la llegada de inmigrantes de manera legal y la cooperación con los países de origen.

Aparte de esta propuesta desvelada este martes, el gran objetivo reside cerrar la reforma del pacto de migración y asilo antes de las elecciones europeas. En el mes de octubre pasado, los países europeos llegaron a un acuerdo para establecer un mecanismo de crisis por el que, ante un pico de flujos migratorios, los países de entrada puedan delegar en otros la gestión de las demandas de asilo y que el registro de las demandas de protección internacional no pueda demorarse más de cuatro semanas, con el fin de no sobrecargar las administraciones nacionales. Esto en la práctica supone una menor protección para los demandantes que podrán permanecer en centros de detención en las fronteras exteriores europeas hasta 40 semanas y pueden enfrentarse a procedimientos más rápidos para las repatriaciones de aquellos que no tengan derecho a quedarse y procedan de países con bajos niveles de aceptación de este tipo de solicitudes. Ahora este acuerdo está siendo negociado con la Eurocámara y se está intentando cerrar un pacto antes de que termine este año.

El nuevo acuerdo también prevé aquellas situaciones en los que un país tercero, como fue el caso de Marruecos con España o Bielorrusia con Lituania, instrumentaliza las llegadas masivas de migrantes, en lo que supone un ataque híbrido con un propósito de chantaje político. Italia era partidaria de incluir en esta definición a las organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo rescates en alta mar, algo a lo que se oponían el resto de países.