Qué es la Corte Penal Internacional y qué poderes tiene

La Corte Penal Internacional (CPI), llamada también Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es investigar y, cuando corresponde, juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, ya que la CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya (Países Bajos).

"La Corte participa en una lucha mundial para poner fin a la impunidad y, a través de la justicia penal internacional, la Corte tiene como objetivo hacer que los responsables rindan cuentas por sus crímenes y ayudar a evitar que estos crímenes vuelvan a ocurrir.

La Corte no puede alcanzar estos objetivos por sí sola. Como tribunal de última instancia, busca complementar, no reemplazar, a los tribunales nacionales. Gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, la CPI es la primera corte penal internacional permanente del mundo", explican en su sitio web.

Los crímenes

El tratado fundacional de la Corte, llamado el Estatuto de Roma, otorga a la CPI jurisdicción sobre cuatro crímenes principales.

En primer lugar, el delito de genocidio se caracteriza por la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la muerte de sus miembros o por otros medios: causando graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo; someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para acarrear su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; o trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.

En segundo lugar, la CPI puede enjuiciar crímenes de lesa humanidad, que son violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier población civil. Las 15 formas de crímenes de lesa humanidad enumerados en el Estatuto de Roma incluyen delitos como asesinato, violación, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud, en particular de mujeres y niños, esclavitud sexual, tortura, apartheid y deportación.

En tercer lugar, los crímenes de guerra que constituyen infracciones graves de los convenios de Ginebra en el contexto de un conflicto armado e incluyen, por ejemplo, el uso de niños soldados; el asesinato o la tortura de personas como civiles o prisioneros de guerra; dirigir intencionalmente ataques contra hospitales, monumentos históricos o edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia o fines benéficos.

Finalmente, el cuarto crimen que cae dentro de la jurisdicción de la CPI es el crimen de agresión . Es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otro Estado. La definición de este delito se adoptó mediante la modificación del Estatuto de Roma en la primera Conferencia de Revisión del Estatuto en Kampala, Uganda, en 2010.

El 15 de diciembre de 2017, la Asamblea de los Estados Partes adoptó por consenso una resolución sobre la activación de la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión a partir del 17 de julio de 2018.

La Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o Estado. Sin embargo, esto no obsta a que, en el cumplimiento de su deber, cuente con la colaboración de los poderes.

La Corte está compuesta de cuatro órganos, dos oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas (The Trust Fund for Victims - TFV). Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Secretaría.

Presidente: Juez Piotr Hofmański (Polonia).

Primer vicepresidente: Juez Robert Fremr (Rep. Checa).

Segundo vicepresidente: Juez Marc Perrin de Brichambaut (Francia).

18 jueces organizados dentro de la División de Cuestiones-Preliminares, la División de Juicio y la División de Apelaciones.

Fiscal jefe: Karim Khan (Gran Bretaña).

Vicefiscal: James Stewart (Canadá)

Secretario: Peter Lewis (Gran Bretaña).

Las oficinas semiautónomas son la Oficina del Abogado Público para Víctimas y la Oficina del Abogado Público para la Defensa.

Asamblea de los Estados Miembros

La Asamblea de los Estados Miembros (la Asamblea) es el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la Corte y está compuesta por representantes de los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma o se han adherido a él.

De conformidad con el artículo 112 del Estatuto de Roma, la Asamblea de los Estados Partes se reúne en la sede de la Corte en La Haya o en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York una vez al año y, cuando las circunstancias lo requieran, puede celebrar períodos extraordinarios de sesiones.

Cada Estado Parte tiene un representante en la Asamblea que puede estar acompañado de suplentes y asesores. El Estatuto de Roma establece además que cada Estado Parte tiene un voto, aunque se hará todo lo posible para llegar a decisiones por consenso. Los Estados que no son parte del Estatuto de Roma pueden participar en los trabajos de la Asamblea como observadores, sin derecho a voto. El Presidente, el Fiscal y el Secretario o sus representantes también podrán participar, según corresponda, en las reuniones de la Asamblea.

De conformidad con el artículo 112 del Estatuto de Roma, la Asamblea tiene la tarea de supervisar la gestión de la Presidencia, el Fiscal y el Secretario con respecto a la administración de la Corte. Además, la Asamblea aprueba las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos del Delito.

En sus períodos de sesiones anuales, la Asamblea considera una serie de cuestiones, incluido el presupuesto de la Corte, el estado de las contribuciones y los informes de auditoría. Además, la Asamblea considera los informes sobre las actividades de la Mesa, la Corte y la Junta Directiva del Fondo Fiduciario para las Víctimas.

La Asamblea también tiene la tarea de elegir, entre otros , a los jueces, el fiscal y los fiscales adjuntos. La Asamblea también podrá decidir, en votación secreta, sobre la separación del cargo de un Juez, el Fiscal o los Fiscales Adjuntos.