Radiografía de la (pen)última tragedia en el Mediterráneo

El Mediterráneo parece condenado a ser sima y cementerio y no, como fue durante siglos, puente entre sus dos orillas, pueblos y culturas. La tragedia ocurrida esta semana en aguas del mar Jónico, con al menos 78 personas muertas al naufragar un barco pesquero que había zarpado de las costas egipcias rumbo a Italia, es una más de un suma y sigue sin visos de solución en el horizonte. Si los gobiernos europeos culpan a las mafias y al crimen organizado, las ONGs ponen en el punto de mira la política migratoria de la UE, incluida su agencia de protección de fronteras, como responsable de catástrofes como la de esta semana.

Con más de medio millar de personas a bordo –según las propias autoridades griegas al menos 750 migrantes-, el barco pesquero siniestrado había partido de las costas del norte de Egipto para dirigirse al puerto de Tobruk, en el este de Libia, antes de poner rumbo definitivo al sur de Italia a través de las aguas del Mediterráneo central. Los jóvenes que se embarcaron en el pesquero siniestrado procedían de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina.

Las fotografías aéreas de la Guardia Costera helena muestran centenares de personas hacinadas tanto en la cubierta como en las zonas inferiores del barco y sin chalecos salvavidas. Los interrogatorios a los que han sido sometidos los supervivientes permiten apuntar a que un centenar de menores de edad viajaba en el pesquero, entre ellos al menos 40 niños. No menores ni mujeres entre quienes han sobrevivido a la catástrofe.

Según la propia Guardia Costera helena, el motor del vetusto barco pesquero se paró en un momento dado de su travesía y ello provocó un movimiento masivo de personas de una parte a otra de la cubierta. El movimiento provocó que el barco volcara y se acabara hundiendo en aguas internacionales a una distancia de 75 kilómetros de la costa de Grecia.

Según las autoridades griegas, el buque fue localizado en aguas internacionales situadas al sur de la península del Peloponeso el mediodía del martes. De acuerdo a esta versión, la Guardia Costera ofreció varias veces asistencia al pesquero mediante teléfono satelital y embarcaciones privadas. Sin embargo, los tripulantes la rechazaron al manifestar su deseo de continuar en dirección a su destino, las costas del sur de Italia.

Los interrogatorios practicados a los supervivientes -104, todos varones; mujeres y niños se encontraban en la bodega del barco- en el puerto de Kalamata, en el sur de la península del

Peloponeso, permitieron el jueves pasado la detención de nueve ciudadanos de nacionalidad egipcia acusados de tráfico de personas. Las autoridades griegas sospechan que los detenidos forman parte de una red criminal egipcia.

En las últimas horas expertos y ONG han aprovechado la estela de la tragedia de esta semana para criticar la política migratoria de la Unión Europea destinada, a su juicio, a convertir al bloque en una “fortaleza aislada del resto del mundo” y sus padecimientos. El presidente de la ONG Open Arms, Óscar Camps, puso el foco en la agencia europea de control de fronteras al destacar que Frontex “no tiene el mandato del rescate; hemos visto muchas veces su avión señalar un objetivo, pero nadie va a rescatarlo”.

La directora de programa del Comité Internacional de Rescate (IRC) en Grecia, Eftychia Georgiadi, denunció “el fracaso de la UE en desarrollar vías legales de migración”. A su juicio, la situación actual “cierra la puerta a personas que buscan protección”.

Por su parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, pedía “redoblar esfuerzos” para luchar contra estas “redes criminales” en cooperación los países de salida de los inmigrantes e instaba a trabajar para establecer esas “vías legales” que reclaman las organizaciones no gubernamentales.

La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 un Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de reformas que espera adoptar el año que viene y prevé una solidaridad obligatoria pero flexible entre los países en el cuidado de los demandantes de asilo. La catástrofe en aguas del Jónico se produjo apenas días después de un encuentro de ministros de Interior de la UE en que se abordó la reforma del sistema de asilo con objeto de instalar centros de acogida en los países situaos en las fronteras comunitarias.

La retórica de los líderes comunitarios sigue siendo la del apoyo al desarrollo económico y social en los países de origen, tanto en el norte de África como en el Sahel, pero en la práctica las autoridades de la UE han subcontratado la seguridad a las autocracias del norte de África, es el caso tradicional de Marruecos y ahora de Túnez, mediante partidas financieras millonarias sin exigencia alguna al respeto de los derechos humanos.

En las mismas vísperas de la catástrofe ocurrida en el Jónico, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas arrojaba elocuentes y contundentes cifras: en el conjunto de 2022, más de 2.400 personas perdieron la vida o desparecieron en aguas del Mediterráneo, lo que supuso un incremento del 16,7% respecto al año anterior. En lo que va de año la organización de la ONU registra –sin contar con las casi ocho decenas de fallecidos en aguas del Jónico- ya más de 1.166 víctimas entre muertos y desaparecidos.

La llegada del buen tiempo a las aguas del Mediterráneo y el cóctel de inseguridad alimentaria, pobreza y violencia que viven en los países del norte y el oeste de África, Oriente Próximo y el Sahel auguran un verano con incesantes tentativas por parte de jóvenes que desesperadamente huyen. Libia, sumida desde hace más de una década en el caos político y aún sin una autoridad capaz de controlar todo el territorio, y Túnez, un Estado al borde de la quiebra y gobernado ya como una dictadura, son hoy punto de partida de la ruta del Mediterráneo central. Además, desde hace meses se encuentra especialmente activa la oriental, con Líbano, otro país al borde del colapso, como punto de partida. Y todos, en las dos orillas del mar común, asistirán impotentes al espectáculo. Que no ha hecho sino comenzar.