Reino Unido aprueba la desconexión con la legislación de la Unión Europea

Steve Barclay, secretario del Brexit, firmó la orden para derogar la aplicación de la Ley de Comunidades Europeas. Una medida que tendrá efecto en el momento de la salida de la unión, previsiblemente el 31 de octubre

El Gobierno británico ha anunciado hoy la derogación de la ACT 1972, la norma que permite la aplicación de las leyes de la Unión Europea en territorio británico. Steve Barclay, secretario encargado de gestionar la desconexión, defendió que esta medida se toma para concienciar a todas las partes de que no hay vuelta atrás.

Según Barclay, Reino Unido comenzará su viaje en solitario el 31 de octubre, a pesar de las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo de salida: "Los políticos no pueden elegir qué votos quieren o no respetar. El Parlamento ya ha votado irse el 31 de octubre (...) cualquier Gobierno serio con la voluntad de irse, debe mostrar su compromiso para derogarla", añadía el secretario del Brexit.

Este anuncio llega justo antes del viaje que tiene programado el “premier” británico, Boris Johnson, a Berlín y a París, donde se reunirá con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron. En estas reuniones, Johnson apremiará a los líderes europeos a llegar a un acuerdo de salida, ya que en caso de no poder alcanzarlo, las consecuencias retumbarán también en Europa.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, se mostró firme ante el órdago del Ejecutivo británico y secundó la postura que ha defendido la Unión Europea desde el comienzo de las negociaciones con el Gobierno de Boris Johnson: “La UE son 27 Estados que se mantienen unidos, que tienen una postura común, un rumbo común y también una línea común respecto al Brexit”.

Aunque las consecuencias serían bastante graves para los países europeos, los efectos sobre la economía británica podrían ser especialmente severas: en unos documentos filtrados por el “Sunday Times”, se destapa la “Operación Martillo Amarillo”, una investigación del Gobierno británico que explora el peor escenario al que podría enfrentarse Reino Unido en caso de un Brexit “duro”. Entre otras consecuencias, se señala la posible escasez de alimentos, de medicinas y de combustible; colapso en los puertos, aeropuertos y fronteras.

Los documentos advierten de que el primer día después de la salida, hasta un 85% de los camiones que cruzan a diario el canal de la Mancha para enviar suministros, “podrían no estar preparados” para los controles en la aduana francesa, provocando grandes problemas de abastecimiento de las islas Británicas. Las reacciones de los ciudadanos británicos no se ha hecho esperar, y han comenzado a almacenar provisiones en vista de la debacle.