Un juez imputa a Sarkozy por financiación ilegal en 2012

El revés judicial complica las aspiraciones del ex presidente para volver al Elíseo en 2017. La Justicia le acusa en el «caso Bygmalion» de emitir facturas falsas en la última campaña

Nicolas Sarkozy no ha anunciado todavía su candidatura para las primarias de Los Republicanos de cara a las presidenciales y parece que la razón es que no tiene todavía saldadas todas sus cuentas con la Justicia francesa. Ayer, el ex presidente de la República estaba convocado en las oficinas de la sección financiera del tribunal de gran instancia de París, encargada de la instrucción del «caso Bygmalion» sobre la facturación ficticia y el exceso de gastos durante la campaña presidencial de 2012.

Tras doce horas de interrogatorio, salió del despacho del juez inculpado por «financiación ilegal de campaña electoral por haber superado el límite legal de gastos electorales», indicó anoche en un comunicado la Fiscalía de París. Los jueces investigan el sistema puesto en marcha entonces entre la UMP (hoy rebautizada Los Republicanos) y la empresa de comunicación Bygmalion para elaborar facturas falsas con el objeto de ocultar los gastos de campaña superiores a los 22,5 millones de euros que permite la ley electoral. En total, la facturación disimulada permitió ocultar 18,5 millones suplementarios gastados por el equipo de campaña de Sarkozy y que fueron falsamente atribuidos a la UMP, que corrió a cargo de los gastos.

Los jueces sometieron ayer a Sarkozy a un intenso interrogatorio para intentar delimitar sus responsabilidades en este «affaire», pero, aparte de su inculpación por rebasar los gastos permitidos, no fue procesado por los otros delitos que se investigan, falsedad de documento, estafa y abuso de confianza. El juez estimó que debía permanecer como «testigo asistido». Según Thierry Herzog, abogado de Sarkozy, su cliente está satisfecho porque la Justicia ha reconocido que los delitos graves «conciernen a los dirigentes de Bymalion», pero no a él y, por otro lado, «el Consejo Constitucional ha juzgado ya de forma definitiva la superación de esas cuentas de campaña imponiendo una penalización que ya ha sido pagada». Hace una semana fue el turno de Jean-François Copé. El antiguo presidente de la UMP clamó ante los jueces su inocencia, según France 2, que ha accedido a la transcripción del interrogatorio. Copé insistió en que nadie le había puesto al corriente del exceso de gasto de la campaña: «Es una locura, pero es así». Según él, no tuvo noticia de este asunto hasta que dos años después salieron publicadas las primeras revelaciones en la Prensa. Entonces, su brazo derecho, Jérôme Lavrilleux, ex director de campaña de «Sarko», le dijo que no le había informado porque sabía que se habría opuesto.

Para el antiguo presidente de la UMP, Sarkozy se mostró incrédulo cuando él le mostró las cuentas que le presentaba tras comprobar las informaciones de la Prensa. Pero al mismo tiempo desmiente rotundamente que él hubiera impuesto actuar con la empresa de comunicación Bygmalion como, según le dicen, le acusa Sarkozy. En cualquier caso, Copé no salió del despacho de los jueces inculpado sino como testigo asistido, lo que le ha permitido unos días después anunciar su candidatura para las primarias de Los Republicanos.

De momento, hay trece personas inculpadas en el «caso Bygmalion», y, aunque Sarkozy ha dicho siempre que él no sabía nada, su director de campaña ha afirmado ante los policías que él le entregó una nota del experto contable alertando sobre el riesgo de superar el límite de gastos. Esta nueva inculpación podría poner en solfa su candidatura para las primarias.

Quien también tiene problemas recurrentes con la justicia es el fundador del Frente Nacional, Jean -Marie Le Pen. En noviembre, la Policía registró su domicilio en el marco de una investigación por supuesto blanqueo de fraude fiscal. Ayer, volvieron a irrumpir en su casa por una investigación sobre los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del FN. La Justicia francesa ha sido alertada por la Oficina europea de la Lucha Antifraude, que sospecha que veinte asistentes del organigrama realizan otro tipo de funciones.