Terremoto en México: Del cártel inmobiliario a la vida entre los escombros

Hace un año, un seismo de 7,1 grados devastó Ciudad de México. El terremoto dejó en evidencia que se había especulado con la mayoría de los edificios de nueva construcción, que se derrumbaron.

Ha pasado ya un año del temblor que dejó más de 230 muertos y miles de viviendas afectadas en la Ciudad de México y muchos damnificados siguen sin casa, viviendo en campamentos junto a los escombros. Los cineastas Ramón Llaven y Jairo Ceja presentan estos días su nuevo documental «Damnificados: Los negocios de la reconstrucción» en el que relatan cómo la codicia estuvo detrás del derrumbe de muchos edificios el 19 de septiembre de 2017 y cómo las ganas de hacer dinero están marcando el paso de la reconstrucción.

El documental toma como punto de partida el llamado «cártel inmobiliario CDMX», título de una investigación que publicó el medio «La Silla Rota» en febrero y que revela los vínculos directos entre el Gobierno de la capital y empresas inmobiliarias. Concretamente entre el ex alcalde Miguel Ángel Mancera (PRD) y dos miembros de su Gobierno: Simón Neumann y Fausto Galván. Antes de entrar en política los tres compartían negocios en la construcción inmobiliaria.

La ciudad crecía sin control en los años previos al seísmo y algunas de estas empresas relacionadas con el poder vendieron viviendas que se vieron afectadas el 19-S. Luego se supo que muchas usaron materiales pobres, construyeron más pisos de lo permitido... en una ciudad con permanente actividad sísmica y con suelos arcillosos. «El sismo mostró que nadie respeta las normas, que con una mochada (soborno) pasas por encima de cualquier regla», afirma Ramón Llaven.

La inmobiliaria Dekah, propiedad del «cártel inmobiliario» vendió la mayoría de pisos del Grand Insurgentes, construido en 2014. Un edificio nuevo que tras el temblor necesita una reparación de 45 millones de pesos que la constructora se niega a pagar. Ahora se sabe que la edificación se hizo con cálculos que no corresponden al tipo de suelo, lo que abarató los costes, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la completísima investigación periodística «¿Por qué se cayó mi edificio?».

Otro de los casos que más de cerca han seguido los dos cineastas es el edificio de la calle Saratoga 714, en la delegación Benito Juárez. Meses antes del terremoto los residentes habían denunciado las vibraciones que producía el uso de maquinaria pesada en la parcela contigua, para construir torres de apartamentos. «No les hicieron caso, llega el 19-S y el edificio se viene abajo y se lleva la vida de Candelaria, que trabajaba como empleada de hogar», cuenta Jairo Ceja con indignación.

Ambos denuncian la actuación de los funcionarios de la delegación, a quienes acusan de ponerse del lado de las empresas. «Pareciera que los damnificados se terminan convirtiendo en enemigos, cómo los tratan, cómo los engañan».

Los vecinos han tratado de saber quién es el propietario de la parcela contigua, la que consideran el foco de su tragedia, y así poder reclamar. Pero la información es opaca y la delegación no les da un solo nombre.

El terremoto también dejó al descubierto la inoperancia de las autoridades. Desde los primeros rescates hasta el proceso de reclamación para la reconstrucción la organización de la ciudadanía está siendo clave. Por eso Ceja y Llaven señalan con amargura que los funcionarios de Benito Juárez se esforzarán en dividir a los vecinos. La explicación que encuentran es que a los damnificados se les quiere hacer deudores. En opinión de Llaven «es mucho mas fácil que acepten las condiciones que les quieren imponer si están divididos y que finalmente el coste de la reconstrucción repercuta sobre sus bolsillos».

Y es que también con la reconstrucción se está haciendo negocio. Los afectados del Multifamiliar Tlalpan, al sur, son de los pocos que han logrado salirse de este esquema. Allí murieron nueve personas y 2.500 se quedaron sin casa. A los pocos días del desastre instalaron un campamento y comenzaron a elaborar sus demandas.

A base de ejercer presión durante todo un año (manifestaciones, reuniones, corte de carreteras...) han conseguido un compromiso para rehabilitar sus viviendas. «No pedimos ayuda ni apoyo, exigimos la reconstrucción con cargo a fondo público, sin créditos, ni redensificación», dice Israel Ballesteros, del Multifamiliar.

Sin embargo, se trata de un caso aislado, una pequeña victoria que además puede venirse abajo con la llegada del nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum (MORENA). Ése es el temor de Ballesteros quien asegura que «seguiremos peleando hasta que se cumplan nuestras demandas».

Llevan un año en la calle y están dispuestos a pasar otro más; porque quieren volver a sus casas, pero con dignidad.