Tímida reacción de Bruselas 4.000 muertes después

La Cumbre de líderes europeos sobre inmigración no ha alcanzado las expectativas de muchas ONG y partidos políticos, que esperaban de una reunión extraordinaria convocada tan urgentemente algo más que incrementar el presupuesto y reforzar las fronteras europeas. Las medidas adoptadas por los presidentes son consideradas incluso como «vergonzosas», después de que en un año y medio hayan muerto más de 4.000 personas ahogadas en el mar en las distintas rutas que las mafias utilizan para la entrada de inmigrantes en suelo europeo. Hasta la ONU lo ha definido con un prudente «buen primer paso». Los 28 acordaron triplicar el presupuesto de Tritón, el programa de rescate y salvamento en el mar de Frontex, volviendo a dedicar nueve millones de euros al mes como ya hacía la iniciativa liderada por Italia Mare Nostrum, extinguida en diciembre. La Cumbre intentó vender de forma positiva el incremento de recursos financieros del programa, pero no fue más que un reconocimiento del fracaso de la política actual en el Mediterráneo.

Apenas unas semanas antes de que tuviera lugar la Cumbre, y antes de que sucedieran las mayores tragedias en el Mediterráneo, donde han perdido la vida más de mil personas en lo que va de año, la Comisión Europea aseguraba que Tritón era un programa que funcionaba y algunas fuentes reconocían que no sería sencillo incrementar el presupuesto. Sin embargo, la realidad terminó por desmentir tal afirmación y después de la Cumbre fuentes del Consejo reconocían que dotar al programa con seis millones de euros más al mes «no supone un gran esfuerzo teniendo en cuenta el presupuesto comunitario».

A pesar de la urgencia por convocar una reunión de líderes europeos, los presidentes y primeros ministros de los Veintiocho apenas refrendaron lo que ya habían acordado días antes los ministros de Exteriores e Interior europeos. La otra medida importante, atacar los barcos antes de que los traficantes los utilicen, también la valoran con prudencia. Principalmente porque no se trata de una medida inmediata. Se necesita una base jurídica para poder actuar con una misión civil-militar que venga desde el Gobierno de Libia, que en estos momentos no existe, o desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China y Rusia podrían impedir el consenso por unanimidad. Uno de los grupos parlamentarios más críticos con los resultados de esta cita fueron los Verdes, acusando a los jefes de Estado y de Gobierno de «salvar la cara» en lugar de «salvar vidas humanas». Su líder, Philippe Lamberts, calificaba la situación de «abrumadora». En su opinión, la cumbre europea fue completamente «inútil» porque sólo sirvió para que los líderes «se hicieran la foto». «Si al menos hubiera servido para revisar las directrices en materia de inmigración... pero no fue para nada el caso», sentenció.

Los liberales, reunidos en el grupo ALDE, daban un paso más allá presentando las bases para una nueva agenda europea sobre emigración «como alternativa a las propuestas del Consejo y la Comisión». Su apuesta pasa por la ampliación del mandato de Frontex para que pueda realizar operaciones de salvamento, así como contribuciones obligatorias por parte de los Estados miembros. Asimismo, la expedición de visados humanitarios en los países de origen de los migrantes. Suecia llegó a plantear al Consejo esta medida, aunque ningún Estado la respaldó, según señalaron fuentes europeas.

Populares y socialistas valoraban positivamente las medidas adoptadas por los Estados miembros, aunque reconocían también que sigue habiendo desafíos a los que Europa tiene que responder. Ambos grupos afirmaban que es hora de pasar de las palabras a los hechos. Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consideró «un primer paso» la declaración conjunta europea.

En términos de cooperación con África, la UE mantiene un acuerdo que en el periodo 2014-2020 le llevará a invertir 40.000 millones de euros en el continente en materias prioritarias como gobernanza, inmigración y Derechos Humanos. La UE y los Estados miembros son los mayores contribuyentes al presupuesto del programa de la Unión Africana, aportando aproximadamente el 80% del mismo.