Trump veta a Huawei para blindar las telecomunicaciones en EEUU

El presidente trata de forzar a China a ceder en la guerra comercial, pero Pekín promete una respuesta.

Los tambores de guerra comercial conocían ayer un nuevo capítulo cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir que gigantes chinos como Huawei puedan competir en EE UU. Por si había algún tipo de dudas, la Casa Blanca reforzó su mensaje declarando nada menos que una emergencia nacional. En opinión del magnate, los enemigos del país están «creando y explotando cada vez más las vulnerabilidades en la tecnología de la información y las comunicaciones, así como de los servicios que almacenan y comunican grandes cantidades de información sensible, facilitan la economía digital y brindan apoyo». Dichas acciones ponen en peligro «infraestructura crítica y servicios de emergencia vitales», acuciados por «acciones cibernéticas maliciosas, incluido el espionaje económico e industrial contra EE UU y su gente».

Para evitarlo, y enmarcado todo, en unas negociaciones comerciales aparentemente estancadas, la Casa Blanca se ha propuesto «evitar la adquisición o el uso sin restricciones en EE UU de tecnología o servicios de información diseñados, desarrollados, fabricados o suministrados por personas de propiedad, controladas o sujetas a la jurisdicción o dirección de adversarios extranjeros». Dicho en plata: China. Más concretamente Huawei, y quién sabe si también ZTE. La medida, en cualquier caso, no entraría en vigor hasta dentro de cinco meses. Al igual que con la subida de aranceles aprobada recientemente, deja un margen, un espacio, que permita alcanzar un acuerdo antes de que sea implementada.

Wilbur Rosss, secretario de Comercio, es el hombre que llegado el momento deberá decidir qué productos sufren las restricciones impuestas. Para ello deberá consultar con numerosos expertos y escuchar las opiniones los secretarios de Estado, Defensa, Tesoro y Seguridad Nacional.

Lo más probable es que el veto esté dirigido al hardware, mientras que son eximidos los bienes de consumo, teléfonos, ordenadores portátiles, televisores de última generación, tabletas, etc., del segundo fabricante de móviles del mundo después de Samsung y primer fabricante de equipos de redes de telecomunicaciones. En la práctica el veto también afectará a las empresas de EE UU, que no podrán vender o transferir tecnología a Huawei sin una licencia previa de la Agencia de Industria y Seguridad. En un comunicado trasladado a la cadena CNBC, la compañía china replicó que «restringir a Huawei a la hora de hacer negocios en EE UU no hará que EE UU sea más seguro o más fuerte; en su lugar, solo servirá para limitar a EE UU a alternativas inferiores y más costosas, dejando a EE UU rezagado en el despliegue del 5G y, con el tiempo, perjudicando los intereses de las empresas y los consumidores de EE UU». También añadió que «estamos listos y dispuestos a colaborar con el Gobierno de EE UU. Y proponer medidas efectivas para garantizar la seguridad del producto». No le falta razón en su mención al 5G: EE UU ha quedado descolgado de una carrera donde Huawei ha mostrado grandes reflejos.

Que la Casa Blanca acabaría por apretar las correas a los gigantes tecnológicos chinos estaba cantado. Durante meses ha aireado sus sospechas respecto a la fiabilidad de unas empresas a las que acusaba más o menos veladamente de actuar como caballo de Troya a las órdenes de los servicios secretos chinos. Una denuncia consecuente con el reciente veto impuesto por el Gobierno de Trump para que determinadas empresas puedan vender su hardware a las redes federales con el argumento de la defensa de la seguridad nacional. La decisión, previamente tomada por países como Australia, Reino Unido, Japón y Nueva Zelanda, sería como epílogo al ajedrez legal desatado a raíz de la detención en Otawa de la ejecutiva, y heredera de Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, hija del fundador, el ingeniero Ren Zhengfei.

En las escaramuzas desatadas entonces, las autoridades chinas ordenaron la detención del ex diplomático canadiense Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor, contra los que presentó cargos ayer. Por su parte, el portavoz del ministerio de Exteriores chino Lu Kang elevó el tono y afirmó categórico que «nadie ve este movimiento como constructivo o amistoso», y añadió que China «se opone a los países que crean problemas con el tema de la seguridad nacional como excusa». «China tomará las medidas que hagan falta para proteger los legítimos derechos e intereses de las empresas chinas». Pekín «siempre exige a las empresas en el exterior que cumplan con las leyes de los países a los que vayan», señaló.