Unión Europea

Ultimátum de Europa a Grecia

La Comisión da tres meses de plazo a Tsipras para imponer el control de fronteras y el registro de los emigrantes.

Varios refugiados llegan a bordo del ferry Nissos Rodos al puerto ateniense del Pireo, en Grecia, para continuar su ruta hacia el interior de Europa.
Varios refugiados llegan a bordo del ferry Nissos Rodos al puerto ateniense del Pireo, en Grecia, para continuar su ruta hacia el interior de Europa.larazon

La Comisión da tres meses de plazo a Tsipras para imponer el control de fronteras y el registro de los emigrantes. Le acusa de «negligencia» y de eludir «sus obligaciones».

Que Grecia tiene problemas para controlar sus fronteras exteriores no es un secreto. Es de hecho el mayor escollo para hacer frente a la crisis de refugiados. Es el gran «coladero» de inmigrantes económicos, aquellos que sin tener derecho a asilo aprovechan la situación para llegar a Europa porque conocen la dificultad del Gobierno de Atenas, desbordado, para registrar a todos los que alcanzan sus costas. Ayer, la Comisión Europea confirmó las «graves deficiencias» griegas en el registro de refugiados e inmigrantes, después de que países como Austria, Bélgica, Dinamarca y Suiza lo hubieran remarcado públicamente y pedido incluso la expulsión de Grecia de Schengen. Para no llegar a ese punto (en la Comisión insisten en que no está sobre la mesa), Bruselas ha dado un ultimátum de tres meses al país para poner remedio a los problemas que persisten en su frontera.

«Si queremos mantener un espacio interior de libre circulación, debemos gestionar mejor nuestras fronteras exteriores. Esto significa que sólo se conseguirá salvar Schengen mediante la aplicación de Schengen. La Comisión supervisa continuamente la aplicación de la normativa en todos los miembros que lo componen... y en un informe de evaluación de expertos de los Estados miembros y de la Comisión a Grecia se muestra que existen graves deficiencias en la gestión de su frontera exterior», explicó el comisario de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos.

El informe se basa en una visita que realizaron técnicos sin previo aviso a la frontera entre Grecia y Turquía y a Quíos y Samos, entre el 10 y el 13 de noviembre del año pasado. El estudio, aunque reconoce la presión migratoria que sufre Grecia, confirma que no se realiza una correcta identificación ni un registro eficiente de los migrantes irregulares, que las impresiones que se toman de las huellas dactilares no van directamente a una base de datos y que no se comprueba de forma sistemática la autenticidad de los documentos de viaje ni se consultan las bases de datos de seguridad fundamentales, como SIS, Interpol y las bases de datos nacionales. «Con estas premisas, el proyecto de informe concluye que Grecia está incumpliendo gravemente sus obligaciones y que existen deficiencias en la realización de los controles en la frontera exterior que deben ser tratadas y resueltas por las autoridades griegas», informó la propia Comisión. De ahí la advertencia y el plazo para resolver todos los problemas de tres meses. Tal y como indicó el comisario de Inmigración, se precisan mejoras sustanciales para garantizar la correcta «recepción, registro, reubicación o retorno de los migrantes con el fin de lograr que Schengen vuelva a funcionar normalmente, sin controles en las fronteras interiores». Retoma el tema del control de fronteras interiores porque parece la única solución a las deficiencias griegas. Si la situación se mantiene incontrolada pasados tres meses, en los que la Comisión habría propuesto medidas a Grecia para mejorar el control de la frontera y el registro de inmigrantes –como el despliegue de equipos europeos de Frontex, o la presentación de un plan estratégico que establezca cómo desplegar a personal griego o equipamiento para resolver la crisis–, los países que se vean afectados podrán realizar controles en fronteras hasta durante dos años.

Eso supondría el verdadero principio del declive de Schengen. Ahora los controles de fronteras interiores solamente se pueden realizar durante seis meses en situaciones excepcionales que pongan en peligro a otros Estados miembros. La crisis de los refugiados se ha considerado como tal y países como Suecia, Austria y Alemania han invocado el artículo 26 del texto para poder controlar las entradas y salidas. Tras constatar que el desafío al que se enfrenta la UE con la masiva afluencia de demandantes de asilo necesita controles prolongados, se establece la posibilidad de extenderlos hasta un máximo de dos años. En el caso de países que ya los están realizando, eso supone que continúen hasta 2018.

La Comisión sigue teniendo esperanza en que Grecia pueda, con la ayuda europea, hacer frente a sus problemas, pero en la última reunión de ministros de Interior y Justicia en Ámsterdam, Grecia reconoció que no puede controlar su frontera exterior y pidió una vez más la ayuda de sus socios, ante los ojos incrédulos de Alemania, que se pregunta cómo no puede gestionarla si cuenta con la flota más grande de Europa, señalan fuentes europeas.