Un acuerdo que «vulnera, incumple y viola el Derecho Internacional»

Poner en práctica el acuerdo con Turquía vulneraría los derechos comunitarios

Un grupo de refugiados espera para cruzar la frontera entre Grecia y Macedonia en un campamento de refugiados cerca de Idomeni (Grecia) hoy, 9 de marzo de 2016
Un grupo de refugiados espera para cruzar la frontera entre Grecia y Macedonia en un campamento de refugiados cerca de Idomeni (Grecia) hoy, 9 de marzo de 2016

Más allá de cuestiones morales y empáticas con los que huyen de las guerras, el futuro acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es ilegal, pues no garantiza la protección de los demandantes de asilo y promueve que se repatríen refugiados a un tercer país que no cumple precisamente con todos los requisitos para considerarse «seguro».

«Se está vulnerando, incumpliendo y violando el Derecho Internacional de los derechos humanos. Efectivamente, la UE es firmante de tratados que recogen unos determinados principios como el de ‘no devolución’», explica a LA RAZÓN Verónica Barroso, portavoz sobre refugio y migración en Amnistía Internacional España. «La respuesta que se va a dar es totalmente una vergüenza. Lejos de garantizar la protección y la seguridad, que es a lo que están obligados los Estados miembros de la UE por el Derecho Internacional, van a poner en peligro a estas personas», continúa Barroso, para quien, «con el Derecho Internacional en la mano, se están incumpliendo la Convención de Ginebra o el Estatuto del Refugiado».

Sin menospreciar los casi tres millones de personas que ya ha acogido, en Amnistía Internacional (AI) preocupa que sea Turquía el «tercer país seguro». «Llevamos tiempo documentando graves violaciones de derechos humanos contra migrantes y solicitantes de asilo y refugiados, como el uso excesivo de la fuerza. Desde octubre se han incrementado». Además, Barroso indica que, una vez en Turquía, muchos de los refugiados serán devueltos a sus países. De hecho, «ya se han registrado casos de sirios en Turquía devueltos a Siria. Asimismo, afganos o iraquíes difícilmente van a acceder a un procedimiento con todas las garantías y van a poder quedarse como solicitantes de asilo». En suma, «se va a poner en riesgo la vida de muchas personas». Desde AI, piden al Gobierno de España que no suscriba el acuerdo y que haga presión en las instituciones europeas para que no se ponga en marcha.

En línea con AI, Human Rights Watch (HRW) critica el futuro acuerdo entre Bruselas y Ankara y recuerda que Turquía es el único país firmante de la Convención de Ginebra «que mantiene una limitación geográfica que excluye de protección a cualquiera que no sea originario de un país europeo». Es decir, cualquier persona que huya de la persecución o la violencia que no sea europea no es reconocida enteramente como refugiada o no se le debe garantizar el asilo. Pero la legislación de la UE especifica que «sólo se considerará seguro un tercer país que haya ratificado las cláusulas de la Convención de Ginebra sin limitaciones geográficas» (Artículo 39. 2a). Por tanto, la UE estaría repatriando a un país «no seguro» para sus propios estándares legales comunitarios.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertan del «despropósito», pues vulnera la normativa europea e internacional al incluir las expulsiones colectivas y les parece «discriminatorio» que las evaluaciones sean por nacionalidades y no individuales.