Un cambio de proyecto necesario

Con el fallecimiento de Hugo Chávez, el país caribeño inicia una nueva etapa. Se atisban cambios en el horizonte que no sólo afectarán a nombres propios sino al modelo de organización política. Que el chavismo era un proyecto vinculado exclusivamente a la figura de su creador ha quedado patente en los últimos meses. La opacidad con que desde las instancias gubernamentales se ha tratado su enfermedad recordaba al modo en que actuaba el Partido Comunista de la Unión Soviética. Un hermetismo deliberado que ha servido para que los delfines del régimen proyectaran su imagen ante la opinión pública nacional e internacional.

Hugo Chávez patrocinó un modelo político al amparo de la riqueza procedente del petróleo, en el cual, el culto a su personalidad fue la piedra angular. A partir de ahí, se creó un nombre, socialismo del siglo XXI, y se buscó extenderlo regionalmente a fin de legitimarlo. El éxito fue limitado e inversamente proporcional a los recursos empleados, pues el número de naciones integrantes no se alteró (Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia).

Es posible que a partir de ahora el protagonismo de dirigentes como Rafael Correa y Evo Morales se incremente, convirtiéndose en portavoces del Gobierno interino de Caracas. Para ello emplearán no sólo el lenguaje del finado, sino también su estrategia, basada en la creación de enemigos imaginarios a los que responsabilizar de los problemas reales y potenciales. La victimización ha sido siempre una herramienta al servicio del totalitarismo.

Las primeras manifestaciones y gestos de Nicolás Maduro, llamado a ser el continuador de la obra inconclusa de Chávez, han seguido las pautas que éste hubiera trazado. Por un lado, abuso demagógico de conceptos como «patria» y «soberanía». Por otro lado, ingente despliegue militar, ordenado bajo la excusa de garantizar la seguridad, pero que cumple la misión de avisar a la oposición de que el régimen no escatimará medios para afianzarse en el poder.

Sin embargo, este «modus operandi» choca frontalmente con el marco constitucional, en función del cual, en los próximos 30 días deberían convocarse elecciones. En este punto es donde la comunidad internacional debe proceder sin complejos, es decir, tiene que prescindir del relativismo con el que muchas veces ha actuado hacia Venezuela y que en última instancia ha servido para avalar indirectamente liberticios de diversa naturaleza (expropiaciones, nacionalizaciones, cierre de medios de comunicación o persecución a opositores).

Cualquier tesis que abogue porque Maduro se perpetúe en el poder sin pasar por las urnas, bajo la excusa de no desestabilizar al país y evitar enfrentamientos internos, empeorará el panorama. La comunidad internacional deberá hacer caso omiso de las acusaciones de injerencia que a buen seguro recibirá por parte del Gobierno en funciones. No acaban ahí las obligaciones que la comunidad internacional tiene con «la nueva» Venezuela. La más inmediata será velar porque el futuro proceso electoral cumpla con todas las garantías legales y, si finalmente se produce el triunfo opositor, apostar por el mismo, ya que finiquitará una etapa donde el parlamentarismo ha sido una entelequia y la inobservancia de las reglas democráticas, una constante.

Con la muerte de su creador, el proyecto chavista se ha visto descabezado. El mantenimiento al frente del Gobierno de Nicolás Maduro aumentará los problemas estructurales de Venezuela, particularmente aquellos relacionados con la seguridad ciudadana y la pobreza. El chavismo con Chávez dio sobradas muestras de incapacidad para resolverlos al mismo tiempo que procedió a multiplicarlos.