Los «sindignados»

Cuando quieren tu voto, te hacen más caso». «Después hay un ERE, y si te he visto no me acuerdo». «Me utilizaron y ahora estoy en la calle». «Nadie ha sido capaz de llamarme. ¿Para qué sirve entonces un sindicato?». Estas reflexiones pertenecen a un extrabajador de una empresa nacional de telecomunicaciones. Tras ocho años de currículo impecable, la crisis obligó a la dirección a prescindir de la mitad de la plantilla. Pero hubo tongo, según el entrevistado, que pide anonimato. «La empresa sabía que iban a echar a 1.000 pero nos vendieron la moto diciendo que iban a ser 2.000 y que los sindicatos habían conseguido reducir la cifra. Así los sindicalistas tenían crédito ante nosotros y la empresa no quedaba tan mal», protesta el exempleado. «Se supone que es una negociación colectiva pero es falso. Los representantes que participan tienen asegurado 100% su trabajo, así que muchas veces les da igual». La preocupación sólo existe, según la víctima del ERE, cuando se trata de sus afiliados. «Me enteré de que a ellos le habían dicho que estuvieran tranquilos, que nadie iba a caer», se enfada. «A mí me estuvieron haciendo caso hasta que les di mi voto para liberar a otro trabajador. Así podrían de-fen-der-nos», enfatiza con ironía. «Y cuando ya lo tenían, se esfumaron», añade.

Poco después, le echaron. Tenía casi 40 años. Junto a él, empleados a los que aseguraron que nunca despedirían por tener familiares enfermos a su cargo o trabajadores que acumulaban muchos años antigüedad, a punto de prejubilarse («como un compañero de 55 años que me preguntaba: ''Y ahora, ¿dónde voy?''»). De los sindicatos y sus simpatizantes, no «cayó» nadie. «A los liberados se los ve rápido: fumando en la puerta, en corrillos, o tomando algo en la cafetería».

Y no es un caso aislado. Tantear problemas con los sindicatos, significa escuchar decenas de historias de ciudadanos que los han sufrido. Se han acuñado nuevos términos, como los «sindignados», en un foro de internet. Hay grupos en la redes sociales que critican sin piedad su (no) funcionamiento. El descenso del número de afiliados es fuerte. CC OO anunció en febrero que desde 2009 se habían marchado unos 60.309 afiliados, es decir, que contaban con un 5% menos que hace cuatro años. El otro sindicato mayoritario, UGT, no ha publicado datos oficiales, pero han dado por hecho una pérdida importante. Los últimos datos oficiales disponibles, de hace dos años, muestran que los sindicatos perdieron cerca de 300.000 afiliados entre 2007 y 2010. Siete de cada diez bajas se produjeron en 2010. Y desde entonces ha ido a peor. Estas cifras son dramáticas si se comparan con el periodo anterior a la crisis. Los sindicatos españoles habían sumado 317.000 afiliados entre 2000 y 2008, según los cálculos de la Comisión Europea. Desde ahí, comenzaron a caer.

La desafección es evidente. Si bien en España nunca existió una gran tradición sindical –la cifra apenas supera el 17% de afiliados, una de las más bajas de la Unión Europea–, el movimiento disfrutaba de la simpatía de la ciudadanía, sobre todo de los trabajadores. Esto ha cambiado. Las agrupaciones más criticadas son las mayoritarias: UGT y CC OO. Los motivos son muchos, entre ellos, la crisis (que deja poco margen para negociar), la mediocridad (muchos no han sabido/querido hacer su trabajo) y los escándalos en los que se han visto envueltos sus integrantes. «Antes no se podía decir nada. Te echaban», confiesa una fisioterapeuta joven en un hospital público de Toledo. «Aquí todos están comprados», opina.

Andalucía, el feudo sindical

Podríamos decir que en el mundo sindical también hay clases, aunque parezca contradictorio. Los estamentos más privilegiados serían UGT y CC OO. Después, menos favorecidos, el resto de sindicatos. Y, por último, los trabajadores. Así se desprende de los testimonios en diferentes puntos del país, donde el trabajador «descastado» exige protestar. Eso sí, la mayoría bajo anonimato. La palabra «represalia» es la más usada.

Si hablamos de movimiento sindical, debemos remitirnos a Andalucía. La comunidad andaluza fue durante mucho tiempo el gran feudo sindicalista. Y aquí precisamente comenzó el descrédito. Las razones, muchas. Las aventuras del exrepresentante de UGT, Juan Lanzas, ahora en prisión, facilitaron a la jueza Mercedes Alaya el descubrimiento de una trama mastodóntica de comisiones ilegales, prevaricación, sobornos... en la que estaban implicados gobierno autonómico, sindicatos y trabajadores. Es el famoso caso de los ERE falsos. El «fondo de reptiles», de donde se extraía el dinero con fines irregulares, suma un total de casi 1.000 millones de euros. Casi nada. El fenómeno empezó en Jaén, allá en 2000. Ahora es la segunda provincia, tras Cádiz, con mayor tasa de desempleo de España (un alarmante 40,85%), según el último informe publicado por el INE esta semana. Los excompañeros del sindicalista en la empresa Cárnicas Molina, primera empresa que «asesoró», cuentan su decepción. «Creíamos que el comité de empresa luchaba por los trabajadores, pero no... el dinero lo cambia todo», contaban a LA RAZÓN, hace pocos días, desde la plaza de la Batalla jiennense. Lanzas, conocido como «el embaucador» o «conseguidor», gestionaba sus chanchullos millonarios con la cooperación de otros muchos. Los millones de euros (de dinero público) que recibió y regaló como un Santa Claus proletario, necesitó de la cooperación –y del silencio (remunerado)– del entorno sindicalista. Así lo aseguran sus conocidos, que desmontan el andamio de comisiones, sobres, estafas y prejubilaciones «regalo», que consisten en una jugosa compensación económica tras el despido de una empresa en la que (atención) nunca se trabajó. Son los famosos «intrusos». Una fórmula mágica. Dos sindicalistas fueron sus escuderos en la provincia. Damián Jiménez (CCOO) y Luis García de los Reyes (UGT), ambos imputados en el caso al incluir a sus esposas como intrusas en prejubilaciones ficticias. Sus movimientos, además, según cuentan sus excompañeros (que recuerdan la cooperación necesaria de importantes miembros de la Junta), fueron imprescindibles. Los propios extrabajadores resumen el modus operandi: «Los sindicalistas nos pedían que no nos movilizáramos, que ellos se encargaban de todo. Y mira luego lo que ha pasado». Tanto Jiménez como García de los Reyes (como algún otro) reformaron sus casas, compraron coches, cambiaron de costumbres... «Hemos estado callados mucho tiempo», se arrepienten. Su situación, desde luego, es trágica, con varios hijos en paro y poca esperanza de futuro. «Lo doloroso es que muchos que nos acompañaban en las manifestaciones, se enriquecieron con nuestro dinero», se quejan. Es duro: la madre de Lanzas reconoció que su hijo le había regalado «una casa y un piso en la playa». Y hay mucho más: la marcha (quizás forzada) del líder andaluz de UGT, Manuel Pastrana, por supuestos viajes de lujo y gastos poco justificables, tampoco ayuda a mejorar las cosas. Y a menor escala, situaciones como esta se viven en Cádiz, Sevilla, Huelva... Y ya subiendo geográficamente, en Castilla-La Mancha, Extremadura.

En Madrid, muchos cuentan sus desengaños. Desde el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, las enfermeras hablan del «miedo» que sienten, a diario, al no saber quién será la próxima despedida (al externalizarse los servicios). La empleada de una empresa de construcción madrileña, en expansión internacional, de entre 50 y 70 trabajadores, no da crédito: «Hace tiempo tenemos amenaza de ERE, me informé de los derechos y obligaciones que esto conlleva... Lo primero que supe es que habría que crear un comité de empresa elegido por los trabajadores. Me quedé tranquila porque no teníamos comité y, por tanto, no habría ERE. Pero un día, de repente, nos pasan un papel con una redacción que no daba tiempo a leer en el cual había que firmar sio si... en ese "papelito"firmábamos que habíamos elegido a tres compañeros para que nos representase al resto», cuenta. «Al final, los tres elegidos resultaron ser tres marionetas que nunca serían capaces de ponerse en contra de la empresa y que harán lo que les pidan los jefes», protesta la trabajadora. Cree que, a pesar de su brillante expediente, podrían despedirla.

Sería injusto generalizar y echar por tierra la labor histórica de los sindicatos. Su función como mediadores entre la dirección y los trabajadores es esencial, según los expertos. El problema es quién forma esos sindicatos y con qué premisas/motivaciones se mueven. Los entrevistados aluden a sindicalistas implicados, sobre todo en agrupaciones pequeñas, que luchan por garantizar los derechos de todos. El sindicato minoritario CGT, por sorpresa, se personó recientemente como acusación particular en el caso de los ERE falsos andaluces. No sólo no tienen nada que ver, aseguraron, sino que se consideran víctimas de la estafa y del consiguiente descrédito. La Justicia tendrá que pronunciarse ahora. El daño, igualmente, ya está hecho.

El momento de la regeneración

A pesar de las críticas, los expertos consideran que los sindicatos deben existir. Desde el Despacho Estudio Jurídico Ejaso, en Madrid, el abogado laborista Marcos Pereda-Velasco lo explica así: «Habrá experiencias de todos los calibres», entiende, «pero los sindicatos son importantes porque muchas personas no pueden asumir el coste de un despacho de abogados». Y continúa: «Hay un sector de la población, con una franja de ingresos bajísima, cubierta por la justicia gratuita, pero son muy pocas. El resto, ante problemas laborales, debe buscar un abogado y no toda la población puede afrontar el coste de un asesoramiento legal privado. Así que los trabajadores de sueldos precarios, los mileuristas o los que realizan reclamaciones de escasa cuantía, no pueden permitirse el pago de esos honorarios. La asesoría de esta franja de población es la que asumen los sindicatos». Sobre el desapego, afirma que la crisis ha influido y recortado su margen de maniobra. Y esto enfada a los afectados, que no consiguen conservar el empleo o deben aceptar una reducción de derechos laborales. «En ocasiones, se ha criticado la falta de reacción o de influencia de los sindicatos ante los recortes, pero las medidas han sido impuestas unilateralmente desde el poder ejecutivo y legislativo, sin que haya existido un proceso de negociación que consensuase tales medidas», concluye.