Aprobada con la sola abstención de IULV-CA la modificación de la Ley contra la Violencia de Género

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos (Cs), y la abstención de IULV-CA, el proyecto de reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente desde 2007, aprobado por el Gobierno andaluz, que amplía el concepto de víctima e incluye la tipificación de las diferentes formas de agresiones contra las mujeres. Además, ha rechazado las enmiendas que el PP-A, Podemos e IU habían dejado ‘vivas’ para el debate.

Con esta modificación, Andalucía adecua su legislación al Convenio del Consejo de Europa de Estambul de 2011, primer instrumento vinculante de ámbito europeo en la materia. El texto, que afecta a 13 artículos de la actual norma y añade diez, también se adapta a los cambios de la regulación estatal en aspectos como el estatuto de la víctima y la protección de la infancia y la adolescencia.

La principal novedad que se introduce es la ampliación del concepto de víctima de violencia de género, de forma que, además de a los menores, incluye a otros colectivos como personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento.

Asimismo, y siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul, el proyecto especifica los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su ‘modus operandi’ y al perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la violencia.

De este modo, tendrán la consideración de actos de violencia de género los que se producen en el ámbito de la pareja o expareja, con independencia de que exista o no convivencia; el feminicidio; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el acoso por razón de sexo; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz o forzado.

También la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres; la derivada de conflictos armados, y la ‘ciberviolencia’, así como cualquier otra que lesione la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas.

Respecto a la protección, el proyecto de ley incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin necesidad de previa interposición de denuncia, una medida que ya se lleva a cabo en Andalucía. De este modo, se garantiza el asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas por profesionales especializados durante el proceso judicial y, en casos de renuncia al mismo, son derivadas a los servicios especializados de la Administración.

Al plan de seguridad personal, la nueva ley añadirá el plan integral personal de carácter social, que igualmente ya se realiza ofreciendo una respuesta individual a cada víctima a partir de la evaluación de sus necesidades específicas. De acuerdo con el proyecto, se elaborará de forma coordinada por las administraciones competentes en la materia. La actuación de los servicios asistenciales y de apoyo se articula a través del punto de coordinación de las órdenes de protección de los órganos judiciales.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Respecto a la formación, se otorga el carácter de permanente y especializada la dirigida a profesionales y al personal de la Administración autonómica que trabaja en materia de violencia de género, mientras que en el ámbito de la sensibilización se completa lo ya regulado en la actual ley al recogerse de forma expresa el compromiso de los medios de comunicación de titularidad pública de realizar campañas de forma continuada, así como de especificar el contenido de las mismas. Al impulso de manifestaciones culturales y artísticas ya previstas anteriormente, se añade ahora el de las actividades deportivas.

En el marco de la coordinación institucional, se reconocen los Centros Municipales de Información a la Mujer como unidades de referencia de atención e información a las víctimas de violencia de género y se establece la Ventanilla Única de Violencia de Género como un sistema único de atención a las víctimas.

Finalmente, la reforma regula con rango de ley el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, que funciona desde 2010. Este órgano colegiado, en colaboración con las unidades estadísticas y cartográficas de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y de Justicia e Interior, se encarga de definir los indicadores necesarios para el análisis y la investigación del problema.

PSOE-A: “CON ESTA LEY VA A RUGIR EL PATRIARCADO”

En el debate celebrado en el Pleno para la aprobación de esta reforma legal ha intervenido, por parte del PSOE-A, la diputada Soledad Pérez, quien ha destacado que la ley andaluza es “pionera”, y con ella, Andalucía da este miércoles “una vuelta de tuerca más al concepto de violencia de género”, y “va a rugir el patriarcado”. En esa línea, ha defendido que “nosotras (las mujeres) no tenemos un problema”, sino que lo tienen “los maltratadores”, y ha explicado que en esta reforma se ha puesto “el foco en el maltratador, la víctima y el término superviviente”.

En nombre del PP-A, la parlamentaria Rosalía Espinosa ha explicado que su grupo apoya esta ley porque está “de acuerdo en lo esencial”, aunque le “habría gustado que se hubieran tenido en cuenta enmiendas” presentadas por los ‘populares’ que consideran “muy importantes” y que ha defendido. Además, ha expresado la “preocupación” del Grupo Popular por el hecho de que “no se amplía el presupuesto” para atender los cambios introducidos en esta reforma, como “la ampliación del concepto de víctimas”, y también por que “no se hayan incorporado algunas medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de género”.

Por parte de Podemos, la diputada Begoña Gutiérrez se ha mostrado convencida de que esta reforma de ley “sin duda cambiará la vida de muchas andaluzas”, y ha valorado el “extraordinario” trabajo realizado por los cinco grupos parlamentarios para llevar a la Cámara un texto “fruto del consenso”. Entre las medidas contempladas, ha resaltado que, “a partir de ahora, una mujer andaluza no necesitará poner una denuncia para acceder a los recursos que garantiza esta ley”, y ha concluido manifestando que “los avances introducidos demuestran que Andalucía sigue siendo pionera” en combatir la violencia de género.

En representación de Ciudadanos (Cs), la parlamentaria Marta Bosquet ha valorado que con esta reforma se consiguen “mejoras” y se “intenta poner soluciones” ante una “lacra” de la sociedad actual como la violencia de género, y ha tachado de “inadmisible e incomprensible que en pleno siglo XXI haya todavía víctimas” de ese fenómeno. En esa línea, ha explicado que desde su grupo querían “que esta ley se aprobara cuanto antes, porque entendemos que es necesario y urgente poner en marcha cuantos mecanismos sean necesarios contra esta lacra”.

Por parte de IULV-CA, su portavoz adjunta Elena Cortés ha incidido en destacar las “toneladas” de sufrimiento que hay tras los datos estadísticos “fríos”, y lo “enorme y profunda que es la violencia que de forma constante se ejerce contra las mujeres”, y aunque ha reconocido “mejoras” con la reforma de la ley, ha advertido de que “no estamos ante un verdadero cambio integral” de la misma y tiene “un problema capital” en su memoria económica, porque, a su juicio, no resulta creíble que se vaya a poner en marcha todo lo que contempla la reforma “con los mismos recursos de ahora”.

Ha cerrado el debate, en representación del Gobierno andaluz, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, quien ha hablado de “un día especial, de extraordinaria importancia para Andalucía” con la aprobación de esta ley “hecha desde la participación”, y ha recordado el pasado 8 de marzo como “punto de inflexión en el que las mujeres dejamos claro que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”.