Atención temprana: la Junta reduce en abril las sesiones a los niños con trastornos

Más sesiones pero menos niños atendidos ya que no hay presupuesto suficiente. La Junta de Andalucía sigue sin dar una solución a los menores con trastornos del desarrollo. La Atención Temprana es uno de los máximos exponentes de la ineficaz gestión del Gobierno andaluz, que no acompasa sus palabras con los hechos. El PSOE y Ciudadanos, que han hecho batalla de este asunto dejando al margen al resto de partidos con representación parlamentaria, anunciaron un aumento presupuestario para este año. La realidad, tal y como informó este periódico, es que el presupuesto anual para este servicio se sitúa en 28,8 millones de euros pero las cuentas no salen. Hay que dividir la cantidad entre el número de menores atendidos (20.000) y las sesiones mensuales (8), sumando el incremento pactado en el precio por hora (de 18 a 22 euros). Ahí se produce el desbarajuste.

Pese a las denuncias de la plataforma de Atención Temprana que el PP andaluz se comprometió a llevar al Parlamento, el Ejecutivo autonómico no ha modificado su planteamiento. Y los centros ya están tomando medidas. Abril era el horizonte marcado para que se apreciaran estos recortes. Tras el regreso de la Semana Santa las familias con menores con trastornos en el desarrollo que recibían sesiones en los centros conveniados con la Junta verán, en muchos casos, reducidas su necesaria atención. Según una carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) están informando a los padres de esta nueva situación. En concreto, un CAIT de Málaga advierte de que se están viendo obligados a «reorganizar el servicio» a partir del próximo 2 de abril porque se han reducido el número de horas disponibles. En este caso concreto, se ha pasado de 16.300 horas al año a 12.672.

Este centro detalla que la Junta ha modificado los criterios y las sesiones no se planifican «en función de las necesidades del menor» sino que existe un tope máximo de horas. En la carta remitida a los afectados se informa de que la situación de la Atención Temprana está «atravesando un momento crítico», que «los recortes no son admisibles» y que defenderán que se revierta la situación «con todos los medios que estén a nuestro alcance».

Los Presupuestos de la comunidad para el presente año aprobados en el Parlamento contemplan la atención a 20.000 menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, –13.500 de ellos son niños y 6.500 niñas–. Y el propio acuerdo marco fija en 8 el número de sesiones mensuales –los niños son derivados a los centros por su pediatra– que marca la evidencia científica. Una cifra que se eleva a 12 en el colectivo autista. La consejería plantea dar ese número de sesiones como media (en 2017 fueron 5 por falta de disponibilidad presupuestaria y en 2018 estaba previsto de forma inicial que fueran 7)

La Junta no reconoce estos recortes porque, según sus cálculos, el número de niños que requieren este tipo de prestación es menor del inicialmente previsto. Argumentan que han analizado los usuarios de estos servicios en colaboración con distintas organizaciones y que la cifra total ronda los 15.000 menores. Un informe económico que acompañaba al proyecto de decreto que regula el servicio se especificaba que en 2015 eran 19.803 los menores registrados. Ese mismo decreto también apunta que aunque «toda la población infantil menor de 6 años con trastornos del desarrollo o que tengan el riesgo de padecerlos debe disponer de todas las posibilidades de desarrollo (...) debe tener derecho a recibir los cuidados necesarios para asegurar su atención integral y asegurar, de acuerdo a los recursos disponibles, la prestación de las atenciones que precisen tanto el menor como su familia». El tema de los recursos disponibles es una de las claves de esta situación.