Avanza la comisión de ida y vuelta de los prostíbulos de la Faffe y el coto a los aforados

El Parlamento andaluz reactivará desde hoy y empezará a poner plazos a la comisión de investigación sobre el uso de dinero público de las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en prostíbulos, una iniciativa frustrada por el adelanto electoral que vuelve con el «Gobierno del cambio».

La comisión de investigación sobre el uso de las tarjetas de la Faffe ha sido ya creada en el Parlamento, pero esta vez a propuesta del nuevo Ejecutivo del PP y Cs, cumpliendo uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno, y sin la oposición de ningún grupo. Hoy la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, informará en el Pleno a los diputados de la constitución del organismo, que celebrará su sesión constitutiva en las próximas semanas. El formalismo abre la puerta a los trámites sobre la constitución de la comisión; quién la presidirá; el número de comisionados, previsiblemente dos por grupo; la aprobación del plan de trabajo; y la petición de comparecencias. Comienza la cuenta atrás para intentar esclarecer el gasto en varios clubes de alterne de unos 32.000 euros con una tarjeta del ex director de la Faffe, Fernando Villén, según la Guardia Civil.

Por su parte, también dentro del acuerdo de «regeneración democrática» por parte de PP y Cs, el Consejo de Gobierno puso en marcha ayer las actuaciones dirigidas a reformar el Estatuto para suprimir los aforamientos de los políticos, un camino «largo y complejo» en el que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, según anunció el portavoz Elías Bendodo. El también consejero de Presidencia destacó que los aforamientos son «un privilegio que tradicionalmente se ha justificado en que las funciones de los aforados necesitaban mecanismos específicos de protección». «Eran otros tiempos, que ahora han cambiado, y la sociedad actual demanda más democracia y que todos seamos más iguales», dijo Bendodo, que recordó que la supresión del fuero afectaría al presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos. La Junta plantea por ello un proyecto de reforma del Estatuto que requiere, detalló el consejero, de la mayoría de dos tercios de la Cámara para «poder arrancar», por lo que confió en «poder conseguir todos los apoyos necesarios» de los partidos con representación parlamentaria.