Cambio de la Ley de Patrimonio tras la ruinosa venta de 70 inmuebles

El Gobierno andaluz tiene como objetivo iniciar en 2018 la tramitación de una nueva Ley de Patrimonio que permita una mejor gestión de los inmuebles propiedad de la administración autonómica. Así se recoge en el apartado de orientaciones generales del Proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2018, que fue aprobado el martes por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento.

Según la Junta, en lo que respecta al ámbito patrimonial, se está trabajando para establecer un modelo que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia, optimizando así los activos de los que dispone la administración y su régimen de gestión. Conviene no perder de vista que la venta de patrimonio ha sido una de las vías de ingresos excepcionales que ha explotado la Junta en los últimos años, bien es cierto que con un resultado desigual. La mayor operación se produjo en diciembre de 2014. El Ejecutivo andaluz vendió a través de una operación de «sale and leaseback» –esto es, venta para seguir en régimen de alquiler– un total de 70 inmuebles por los que recibió 300 millones de euros. Con la compañía compradora suscribió paralelamente un contrato de alquiler para mantener las propiedades durante 20 años a cambio de un pago anual de 23,6 millones de euros. Un informe de la Cámara de Cuentas señaló que la Junta perdería a largo plazo con esta transacción 131,7 millones.

En el mencionado documento se señala que el patrimonio de la comunidad es uno de los elementos esenciales para la prestación de los servicios públicos y para el ejercicio de las competencias que le son propias por lo que la política de patrimonio de la Junta está orientada a poner todos los recursos de la administración autonómica a disposición de la generación de riqueza y una adecuada prestación de los servicios públicos para los ciudadanos. Con esta máxima, el Gobierno andaluz entiende que disponer de una normativa que lo haga factible es imprescindible por lo que se está trabajando en una nueva Ley de Patrimonio que sustituya a la actual normativa aplicable que data de 1986, cuando la administración autonómica apenas iniciaba sus primeros pasos.