Cerrado el centro de menores de Estepona en plena crisis migratoria

Al problema que supone la incesante llegada de menores no acompañados a las costas andaluzas, con los dispositivos públicos colapsados, se une la voluntad de la Junta de mantener recursos cerrados. Es el caso del centro de menores Isbade de Estepona (Málaga), sin uso desde 2016 tras rescindir la Administración autonómica el contrato con la entidad que lo gestionaba. Según apunta la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en una respuesta parlamentaria formulada por la diputada popular Esperanza Oña, «se intentó negociar con otras entidades y empresas para que siguieran haciéndose cargo del servicio pero no se encontró a ninguna interesada». Sánchez Rubio, además, justifica la idoneidad de esta instalación dada su «proximidad al Campo de Gibraltar», por lo que «se pensó destinarlo especialmente a la atención a menores extranjeros no acompañados». Precisamente, la Junta ha exigido al Gobierno central una solución para este colectivo, como el reparto con otras comunidades autónomas, dada la gran afluencia en los últimos meses. De hecho, la última cifra ronda los 3.600.

La Asociación para la Salud Integral, Bienestar Social y Medio Ambiente (Asaint) gestionaba el complejo, manteniendo 27 plazas. Tras el cierre «los menores se reubicaron en otros recursos adecuados a sus necesidades». Previamente, antes de que se usara como centro de menores, el edificio contaba sólo «con una estructura básica sin las condiciones para realizar ningún tipo de servicio», recuerda la consejera, por lo que «hubo que reforzar la estructura, así como realizar todas las obras para que se convirtiera en un centro de menores con las condiciones idóneas». En 2014, la entonces empresa adjudicataria anunció que renunciaba a la prórroga por razones internas. Tras una posterior licitación, la nueva empresa «es objeto de un embargo judicial y de conflictos laborales, por lo que se produjo un deterioro en la prestación del servicio, con repercusión en la atención de los menores».

Con todo, Sánchez Rubio apunta que «no hay privatización del servicio». «El edificio es de titularidad pública y ha sido objeto de uso para distintos fines sociales». La empresa lo gestionaba, entre otros, con 443.475 euros que aportaba la Junta. Igualmente, puntualiza que el Gobierno andaluz «no ha tenido que pagar ninguna indemnización por rescate ni por cualquier otro tipo de concepto en relación al centro».

Ante esta situación, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre; la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de Estepona, José María García Urbano, denunciaron ayer frente al edificio su cierre. Mestre exigió a la Junta que, «de manera urgente, arbitre una partida presupuestaria para que pueda abrir sus puertas», puesto que muchos menores extranjeros no acompañados «están durmiendo en sacos, en los patios de las comisarías de policía o hacinados como han estado en los barcos por falta de recursos en tierra». Sobre el centro, aseguró que es el «colmo de los despropósitos» y la «vergüenza de las políticas sociales del PSOE en Andalucía».

Navarro, por su parte, señaló que hasta el momento han llegado a la costa malagueña 2.200 inmigrantes y que a final de año la cifra rondará los 4.000. De todos ellos, «el 1 por ciento serán menores no acompañados».

Más críticas

* La Asociación Pro Derechos Humanos lamentó ayer que los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados de la provincia de Cádiz «están colapsados con hasta cuatro o cinco veces más de su capacidad», por lo que pidió más plazas, profesionales y recursos para «atenderlos dignamente».

* CC OO de Almería denunció la «lamentable situación» de los menores inmigrantes no acompañados acogidos en el Centro de Atención Inmediata (CAI ) «Piedras Redondas», que, según la central, triplica ya su capacidad.