CGT pide a la Fiscalía que investigue un delito contra la salud de trabajadores en instalaciones de la Junta

El sindicato acusa a la concesionaria del 112 en Sevilla de violar la Ley de Prevención de Riesgos y su desarrollo normativo

Hay conflictos laborales que laten como una gran branquia luminosa. La Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT) ha presentado un escrito con un destinatario: la Fiscalía de Sevilla. En él pide que se investigue un presunto delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores que «se viene produciendo en la empresa Ferrovial Servicios, concesionaria del servicio de emergencias 112 en la provincia por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta».

En el documento, fechado el pasado 29 de mayo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la organización sindical explica al Ministerio Público que se vio «obligada» a recurrir a la Inspección de Trabajo ante «los múltiples incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se suceden en el centro de trabajo 112 de Sevilla». Unas instalaciones que, según fuentes de CGT, han supuesto un desembolso de nueve millones de euros, pese al cual «la realidad es que no están acondicionadas para prestar en ellas el mencionado servicio de emergencias».

El sindicato añade en su exposición de hechos que antes de tirar de la Inspección se dirigieron por escrito a Ferrovial para demandarle que «adaptase los puestos de trabajo a las condiciones mínimas de seguridad y salud previstas en la legislación vigente», pero la respuesta que obtuvieron fue el silencio. De acuerdo a su versión, la empresa también obvió los «requerimientos» de la Inspección instándoles a actuar, con lo que ésta acabó levantado acta de «infracción grave». A juicio de CGT, la mercantil «prefiere ser sancionada», multa que podrá saldar «con una pequeña suma de dinero», en lugar de acabar con condiciones laborales «contrarias a la legislación vigente». Ello evidencia, para la central sindical, que «no le importa la salud de su plantilla» y que «desprecia» la «Ley de Prevención de Riesgos y los reales decretos que la desarrollan», lo que, avisa a la Fiscalía, podría constituir «un delito de los tipificados en los artículos 316 y 317 del Código Penal al producirse una infracción reiterada» de la normativa, lo que «pone en peligro la vida, la salud o la integridad física del trabajador». La CGT adjunta a su escrito las múltiples denuncias de las que dieron traslado a la Inspección de Trabajo y las resoluciones de esa autoridad laboral que «incumple alegremente la empresa Ferrovial».

Llamadas de emergencia que «no se oyen»

La organización sindical CGT ha levantado la voz para denunciar otra cuestión ligada al servicio 112 de Sevilla: advierte de que «las llamadas» de emergencia «no se oyen» con la nitidez que sería deseable, con lo que las personas que las reciben y tienen que tomar nota de los datos, a menudo entre «los gemidos, respiraciones entrecortadas o gritos» que conllevan una situación de emergencia, tienen dificultades para hacerlo. Una circunstancia riesgosa si se tiene en cuenta que el tiempo puede correr en contra del que está al otro lado de la línea y necesita ayuda urgente.