Connivencia entre la Junta y UGT

La privilegiada relación que han mantenido durante décadas la Junta de Andalucía y el sindicato UGT se ha plasmado en un incesante caudal de fondos públicos desde la Administración autonómica a la central sindical. La aparición de irregularidades en la justificación de facturas de programas destinados a la formación de los desempleados por parte del «sindicato de clase» ha abierto un proceso penal en el que la Junta aún no ha decidido si personarse como acusación, pese a que debería hacerlo como último garante del dinero de los andaluces. El problema es que hechos como el que desvela hoy este periódico cargan de razones a los que consideran que el Ejecutivo andaluz ha sido connivente en ese presunto desvío de fondos o cuando menos no ha cumplido con el rigor debido su labor de vigilancia. Así, denuncias como la del colectivo Manos Limpias o de Unión, Progreso y Democracia que señalan que la Junta podría haber incurrido en responsabilidad penal por negligencia u omisión en el debido control de los fondos públicos y su destino por parte del funcionario público correspondiente adquieren más relevancia al comprobar cómo la Administración autonómica ha burlado su propia normativa para hacer llegar subvenciones a UGT o entes afines, como la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos (Fudepa). El problema de la relación Junta-UGT es que los responsables sindicales han tenido durante muchos años barra libre con los consejeros autonómicos vía Concertación Social. Todas sus actividades eran susceptibles de ser incentivadas, a través de una convocatoria ordinaria, subvención excepcional o partidas irregulares como el «fondo de reptiles». Y los consejeros de turno se plegaban a los intereses de los sindicatos. La Junta, por lo demostrado, carece de credibilidad para fiscalizar las actividades de UGT porque han sido permisivos con ellos.