Cs y PP frenan la petición de Vox sobre las listas de quienes ayudan a maltratadas

Tras varios días poniéndose de perfil, en palabras de la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, PP y Cs dejaron entrever ayer que la petición de Vox de acceder a los nombres de quienes asisten a las mujeres maltradadas en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género no saldrá adelante el miércoles en la Mesa de la Cámara.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs) ha pedido a los letrados de la Cámara un informe para saber si la solicitud choca con la Ley de Protección de Datos y a ello se agarró ayer la secretaria general del PP-A, Dolores López, para vaticinar que «lo mismo ni es calificada» esa petición por la Mesa. No obstante, eludió concretar el voto de su partido sobre este asunto, limitándose al ya manido mantra de que el PP no dará «ni un paso atrás en la protección a las víctimas de violencia de género». Sí fue más concreto el líder de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Frente al silencio de su consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y los balones fuera lanzados por Bosquet y la portavoz parlamentaria adjunta Mónica Moreno encomendándose al informe de los letrados de la Cámara, ayer Marín fue más claro. Avanzó que su partido no votará a favor de calificar la petición porque «iría en contra de principios, valores y leyes» y dijo no saber qué hará su socio de Gobierno aunque cree que «tampoco va a votar en contra de lo que diga una ley» como la de Protección de Datos.

El PSOE y Adelante Andalucía ya habían avanzado su negativa, entre fuertes críticas a la «caza de brujas» de Vox que el portavoz adjunto de Adelanto Andalucía, José Ignacio García, calificó ayer directamente de «chorrada». Los socialistas incluso solicitarán una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia para que comparezca Marín y que, como consejero de Justicia y por tanto responsable de este personal, «dé la cara» y «desautorice» la petición «indecente» de Vox. Consideran que la posición del Gobierno andaluz ha sido «cobarde».

Con el no asegurado de PSOE, Adelante Andalucía y Cs, haga lo que haga finalmente el PP, la iniciativa tal como la ha planteado Vox no pasará el filtro de la Mesa del Parlamento. No obstante, la presidenta de la Cámara habló en su día de que este órgano puede «corregirla» para dar al grupo una información que no vulnere la protección de datos.

El Portal de Transparencia de la Junta, al que ayer Marín remitió a Vox, recoge sin nombres el listado de puestos de forenses en los Institutos de Medicina Legal y de psicólogos o trabajadores sociales dependientes de la Consejería de Justicia pero no distingue los de estas unidades pues también trabajan con menores y en Justicia Juvenil.

Por si acaso, aprovechando ayer la reunión de la Mesa General de Función Pública, los sindicatos representados en la misma mostraron a la secretaria general para la Administración Pública, Ana Vielba, su rechazo. Desde CC OO, Humberto Muñoz solicitó a la Junta «un pronunciamiento para que defienda el derecho a la privacidad de los datos de sus trabajadores y a la labor de estos empleados públicos que realizan además funciones muy delicadas». Igualmente, desde CSIF, Manuel Moreno anunció que si sale adelante esta petición sus servicios jurídicos estudiarían las acciones a emprender. Recordó que incluso en los juicios penales en los que estos empleados testifican son identificados por códigos numéricos y que sus informes pueden ser impugnados como pruebas por las partes o replicados con contrainformes.

Mientras, el portavoz de Vox, Francisco Serrano –juez de Familia y ahora abogado especializado en representar a padres denunciados– insistió en denunciar que en estos equipos hay «graves irregularidades» y «corrupción» y que quieren esos datos para investigarlas ya que «los demás partidos no están por la labor».